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América Latina

Cronología del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC

Juan Manuel Santos. EFE
Juan Manuel Santos. EFE

Santos y Timochenko estarán en un acto en el que se anunciará un acuerdo sobe justicia transicional, uno de los más delicados del proceso iniciado hace casi tres años.

El encuentro que mantendrán este miércoles en La Habana el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", supone un hito en el proceso de paz y abre la perspectiva del próximo fin del conflicto armado en el país andino.

Santos y Timochenko estarán en un acto en el que se anunciará un acuerdo sobe justicia transicional, uno de los más delicados del proceso iniciado hace casi tres años.

La siguiente es una cronología de los hechos más importantes de
las negociaciones:

2012
- 26 de agosto: Delegados del Gobierno y de las FARC firman en La
Habana el "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera", con el apoyo de Cuba y
Noruega como garantes.
- 27 agosto: Santos anuncia acercamientos para entablar diálogos
de paz con las FARC y una semana después confirma el inicio del
proceso.
- 17 octubre: Negociadores del Gobierno y las FARC establecen en
Oslo la mesa de diálogo que se llevará a cabo en La Habana a partir
del mes siguiente.
- 19 noviembre: Las FARC declaran un alto el fuego unilateral
entre el 20 de noviembre y el 20 de enero de 2013, horas antes de
comenzar las negociaciones en La Habana.

2013
- 9 abril: Miles de colombianos participan en la "Marcha por la
paz".
- 26 mayo: El Gobierno y las FARC anuncian el primer acuerdo de
la agenda de negociación, sobre tierras y desarrollo rural.
- 20 agosto: Las FARC reconocen por primera vez que tienen parte
de responsabilidad en las víctimas causadas por el conflicto armado.
- 22 agosto: Santos dice que el Gobierno presentará al Congreso
un proyecto de ley para someter un acuerdo de paz a un referendo.
- 6 noviembre: Las partes anuncian el segundo acuerdo de los
cinco temas de la agenda, sobre participación política.
- 15 diciembre: Entra en vigor una tregua navideña de las FARC de
30 días de duración.

2014
- 16 mayo: El Gobierno y las FARC llegan a un acuerdo sobre
drogas ilícitas, el tercer tema de la agenda.
- 20 mayo: Comienza un alto el fuego unilateral de una semana de
las FARC y el ELN por la primera vuelta de las elecciones
presidenciales del 25 de mayo.
- 7 junio: El Gobierno y las FARC anuncian que cinco delegaciones
de víctimas asistirán a audiencias con los negociadores en Cuba.
- 9 junio: Las FARC comienzan un nuevo alto el fuego, hasta el 30
de junio, con motivo de la segunda vuelta presidencial.
- 22 junio: El presidente Santos es reelegido para un segundo
mandato con las negociaciones de paz como bandera y asume el 7 de
agosto.
- 16 agosto: Un primer grupo de doce víctimas del conflicto
armado participa en una audiencia con los negociadores.
- 16 noviembre: El general del Ejército Rubén Darío Alzate es
secuestrado por las FARC junto con otro militar y un civil en una
zona selvática, lo que lleva a una suspensión de los diálogos.
- 30 noviembre: Alzate y sus acompañantes son entregados por las
FARC a una comisión humanitaria.
- 10 diciembre: Se reanudan los diálogos en Cuba.
- 17 diciembre: Las FARC anuncian un alto el fuego unilateral
indefinido que comienza el 20 de diciembre.

2015
- 7 marzo: El Gobierno y las FARC anuncian un acuerdo para hacer
el desminado humanitario conjunto.
- 10 marzo: Santos suspende por un mes los bombardeos a
campamentos de las FARC en respuesta al alto el fuego unilateral.
- 9 abril: El presidente prorroga por un mes la suspensión de
bombardeos.
- 15 abril: Mueren once militares en un ataque de las FARC en
Buenos Aires, en el departamento del Cauca (suroeste), y Santos
ordena reanudar los bombardeos contra las FARC.
- 21 mayo: Mueren 27 guerrilleros de las FARC en un bombardeo en
Guapi (Cauca).
- 22 mayo: Las FARC suspenden su alto el fuego unilateral por el
bombardeo a su campamento.
- 24 mayo: Las FARC inician una ola de ataques contra la fuerza
pública y la infraestructura petrolera y eléctrica del país.
- 25 mayo: El jefe del frente 18 de las FARC, Alfredo Alarcón
Machado, alias "Román Ruiz", muere en un bombardeo.
- 27 mayo: Las FARC informan de que alias "Jairo Martínez", uno
de los miembros de su delegación de paz, y otro rebelde que también
estuvo en Cuba murieron en el bombardeo del 21 de mayo.
- 4 junio: Las partes acuerdan la creación de una Comisión de la
Verdad, que se pondría en marcha cuando se firme la paz.
- 8 junio: Las FARC causan un desastre ambiental al derramar unos
200.000 galones de crudo en una carretera del departamento del
Putumayo (sur) y dinamitar un tramo del oleoducto Transandino.
- 5 julio: El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle,
asegura que el proceso de paz pasa por su "peor momento".
- 7 julio: Los países garantes instan a las partes a bajar
intensidad del conflicto y les piden medidas "de construcción de
confianza".
- 8 julio: Las FARC anuncian un alto el fuego unilateral durante
un mes a partir del 20 de julio.
- 10 julio: Los negociadores anuncian un plan para reducir la
intensidad del conflicto y agilizar la consecución de acuerdos que
permitan llegar a un alto el fuego bilateral y definitivo.
- 20 de julio: Comienza el nuevo alto unilateral del fuego de las
FARC.
- 25 julio: Santos ordena nuevamente la suspensión de los
bombardeos contra las FARC.
- 20 agosto: Los negociadores de las FARC anuncian una prórroga
del alto el fuego unilateral.
- 15 septiembre: El Gobierno presenta al Congreso un proyecto de
Acto Legislativo para facilitar la rápida implementación de acuerdos
de paz.
- 17 septiembre: Los negociadores de las FARC afirman que esa
guerrilla está lista para discutir su "tránsito de organización
alzada en armas a movimiento político abierto".
- 23 septiembre: Santos anuncia que viaja a La Habana a reunirse
con los negociadores de paz, y luego las FARC confirman que entre
ellos estará "Timochenko". También participará el presidente cubano,
Raúl Castro.

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Gobierno de transición toma el poder en Haití

Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.
Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.

El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.

La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.

En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".

El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.

Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.

La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.

Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.

ALBA se pronuncia sobre elecciones en Venezuela

Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.
Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, celebrada en Caracas, Venezuela.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), integrada por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada y Cuba, se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.

"Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que menoscaben la integridad y la transparencia de su proceso democrático", indicaron los firmantes de la Declaración de la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP.

La organización Amnistía Internacional alertó la semana pasada sobre la "alarmante escalada en la política de represión" del régimen de Nicolás Maduro, que busca cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política en ese país en el contexto de los comicios presidenciales.

La organización mencionó por ejemplo "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

También Estados Unidos expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

A la XXIII cumbre del ALBA celebrada en Caracas asistieron los gobernantes Miguel Díaz-Canel, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Luis Arce, de Bolivia y los primeros ministros Ralph Gonsalves, de San Vicente y las Granadinas; Roosevelt Skerrit, de Dominica; Philip J. Pierre, de Santa Lucía; y Gaston Browne, de Antigua y Barbuda.

Fiscal de la Corte Penal Internacional inaugura oficina en Venezuela

La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.
La Corte Penal Internacional busca esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. En la foto, una protesta el 4 de mayo de 2017, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.

El fiscal de la Corte PenaI Internacional, Karim Khan, inauguró el martes una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.

"De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina: apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y a aumentar aún más la presencia de campo de la OTP", la oficina del fiscal jefe de la CPI, indicó el alto tribunal en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones con miras a esclarecer los hechos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017, de acuerdo con el memorando suscrito el año pasado entre la CPI y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese documento fue el segundo suscrito entre ambas partes desde el 2021.


En la oficina laborarán funcionarios de la CPI. No quedó claro si el personal de ese organismo internacional ya se encuentra en territorio venezolano.

El año pasado, Khan comentó que esa oficina permitirá a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda "hacer más para cumplir sus obligaciones" en el marco del Estatuto de Roma.

La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En las manifestaciones contra el gobierno venezolano del 2017 murieron 120 personas.

El caso fue llevado a la CPI, con sede en La Haya, por varios de sus estados miembros en el continente -Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- que solicitaron una investigación de los presuntos delitos cometidos por la fuerza pública.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y al fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, el 22 de abril de 2024.

La investigación se focaliza en las denuncias de torturas, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolanas durante la represión de las protestas.

Maduro --que rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso en la CPI es parte de estrategia promovida por Washington con miras a desacreditar su gobierno-- ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en el país.

La visita de Khan tuvo lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.

EEUU suspende licencia petrolera al régimen de Maduro; tienen 45 días para cerrar transacciones

La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.
La licencia general 44 sólo sería renovada si el régimen de Nocolás Maduro cumplía con sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela.

Estados Unidos anunció este jueves que no renovará una licencia que autorizaba transacciones de petróleo y gas a Venezuela, tras considerar que el régimen de Nicolás Maduro incumplió los compromisos electorales.

La Licencia General 44, que permitía a ese país realizar transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasífero, vence el 18 de abril. Por ello emitirá una licencia de liquidación de 45 días para cerrar cualquier operación permitida por esa licencia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro también considerará solicitudes de licencias específicas para continuar las actividades más allá del del período de liquidación, un proceso que será revisado caso por caso.

"Después de una revisión cuidadosa de la situación actual en Venezuela, Estados Unidos determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral, que fue firmado por representantes de Maduro y la oposición en Barbados en octubre de 2023", indicó el Departamento de Estado.

Estados Unidos reconoció que el chavismo cumplió "algunos de los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral de Barbados", pero expresó preocupación porque Maduro y sus representantes impidieron "que la oposición democrática registrara al candidato de su elección, acosaran e intimidaran a opositores políticos y detuvieran injustamente a numerosos actores políticos y miembros de la sociedad civil".

"Nuevamente hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", indicó el Departamento de Estado.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", concluyó el comunicado.

Esta misma semana la organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que “en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política".

Amnistía Internacional denuncia "alarmante escalada" represiva del régimen de Maduro

Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional condena el ascenso en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, el uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura contra las personas críticas al gobierno de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional alertó este martes sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, afianzados en el contexto de las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización denunció que en ese país autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil y a activistas de la oposición política.

"La comunidad internacional debe saber que estos no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional", indicó la organización en relación a la investigación formal "Venezuela I" abierta en 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017, durante las protestas antigubernamentales.

El mes pasado fue desestimado un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional que buscaba detener el avance de las investigaciones a Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad.

La red mundial que agrupa a más de 10 millones de activistas de derechos humanos constata "un pico en las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro, -en esta ocasión- principalmente personas ligadas al partido de oposición ‘Vente Venezuela’".

Además llama la atención sobre proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política hasta con penas de prisión.

"La comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela. A las autoridades venezolanas les exigimos el cese definitivo de su política de represión, la liberación inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel y de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”, demandó Ana Piquer.

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