La crisis energética en Cuba ha alcanzado niveles críticos sin precedentes. A la severa escasez de combustible y a los apagones prolongados que paralizan al país, se le ha sumado un profundo descontento popular impulsado por graves denuncias de corrupción dentro de la propia Unión Eléctrica (UNE), así como por el impacto asfixiante que representan los costos de la electricidad en la maltrecha economía de los hogares cubanos.
A pesar de que el Estado mantiene tarifas subsidiadas para los tramos de menor consumo, la electricidad se ha convertido en una carga económica insoportable para la ciudadanía por diversas razones estructurales y operativas: Pululan las inconsistencias en la facturación y extorsión dadas a través de lecturas alteradas e incrementos injustificados en los recibos.
El impacto de estas irregularidades queda expuesto en testimonios de la ciudadanía, como el del periodista y escritor Frank Correa, quien califica la gestión de la empresa eléctrica en Jaimanitas, La Habana, de "mal trabajo" y "robo".
Correa relata que, tras mantener históricamente un pago mensual de entre 250 y 300 pesos, comenzó a recibir facturas desorbitadas de miles de pesos. Tras repetidas reclamaciones e inspecciones tardías, la UNE determinó que su contador estaba defectuoso y se lo retiró, prometiendo ajustar y saldar el sobre cobro acumulado durante casi un año. Sin embargo, la solución nunca llegó:
"Al mes siguiente me llegó una cuenta de 1,890 pesos que la pagué para evitar problemas, pero a los cuatro días vino otro inspector a volverme a cobrar la misma cuenta. Y en septiembre me llegó una factura de 8,000 pesos. Eso no lo pagan ni los millonarios; un pobre como yo no puede pagar esa cantidad, y menos en un país donde nunca hay electricidad”.
“No soy solo yo, mucha gente se está quejando de los altos consumos que están saliendo", denunció el comunicador, responsabilizando a la negligencia institucional y señalando la complicidad de los órganos de Seguridad del Estado tras el constante acoso económico al que es sometido.
El descontento ciudadano continúa en aumento a medida que la población enfrenta una doble presión: la falta de un suministro eléctrico estable y el embate económico de una gestión opaca y salpicada por la corrupción.
A la indetenible precariedad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se añade la dependencia forzada a esa red, después de 2006 con la "Revolución Energética" impulsada por Fidel Castro, cuando se eliminó prácticamente el uso de gas, queroseno y alcohol para cocinar, obligando a la población a depender de hornillas y ollas eléctricas.
Al utilizar energía eléctrica para preparar los alimentos diarios, el consumo familiar salta rápidamente a los tramos tarifarios no subsidiados, volviendo la factura impagable con un salario promedio.
Las constantes interrupciones del servicio ha generado un lucrativo mercado negro operado por empleados del sector. Un hecho representativo ocurrió en julio de 2026 en Calabazar, municipio Boyeros, La Habana, donde vecinos indignados retuvieron un camión de la empresa eléctrica tras descubrir que los linieros recibían sobornos, en dinero y alcohol, para garantizar la electricidad a ciertos comercios privados y MIPYMES, mientras las zonas residenciales contiguas permanecían sumidas en la oscuridad durante días.
Este patrón de irregularidades se extiende a la reparación de infraestructuras. Ante la avería de transformadores o la caída de postes, algunos trabajadores exigen pagos ilegales en efectivo en divisas a las comunidades para priorizar las reparaciones.
La gravedad de la situación obligó al gobierno cubano a reconocer públicamente estas conductas y a iniciar más de 460 investigaciones penales por delitos contra el Sistema Eléctrico Nacional.
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