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Bachelet: hay militarización y tortura en Venezuela

Michelle Bachelet en una conferencia de prensa en Caracas (Foto: AFP).
Michelle Bachelet en una conferencia de prensa en Caracas (Foto: AFP).

El esperado informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhorta al Gobierno de Nicolás Maduro a adoptar medidas urgentes para detener y remediar las graves vulneraciones de los derechos básicos del pueblo.

El informe, divulgado este jueves en Ginebra, advierte que si la situación no mejora continuará el éxodo sin precedentes y empeorarán las condiciones de vida del pueblo.

En el informe se afirma que en el último decenio se ha puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política".

Dice que "un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo".

En el documento se destaca que la profunda crisis económica ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos en materia de alimentación y salud.

El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo entre enero de 2018 y mayo de 2019.

"El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia", explicó Bachelet.

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. "Tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno".

El informe también se refiere a los colectivos, los grupos armados civiles progubernamentales. Se ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a los colectivos.

La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), "ha sido sorprendentemente elevada", según señala el informe.

En 2018 el Gobierno registró 5,287 muertes, supuestamente por "resistencia a la autoridad". Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, otras 1,569 personas fueron asesinadas, según el Gobierno. "Las cifras podrían ser muy superiores", indica el documento de la ONU.

El informe confirma que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 presos políticos, y que este año 22 diputados han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Si bien la Alta Comisionada aplaudió la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas por ejercer sus derechos.

El informe recalca que la mayoría de las víctimas "no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada".

"Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial", expresa el informe.

"Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obstáculos omnipresentes", precisa el informe.

En cuanto a la libertad de expresión, señala que el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido. "En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional".

"Aunque la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones", en el informe se afirma que "las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando la crisis".

Además, señala, el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.

La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en "elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres".

Aunque el Gobierno "ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales", personas entrevistadas "acusaron a las autoridades de excluirles porque no eran partidarias del Gobierno", subrayó Bachelet.

La situación sanitaria es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad. De noviembre de 2018 a febrero de 2019 hubo en los hospitales 1,557 fallecimientos por falta de suministros.

El informe también aclara la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados.

Acerca de la reacción del gobierno, Bachelet espera que "las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones".

"Un sacerdote católico me dijo en Caracas: 'No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente'. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho", dijo Bachelet.

También instó a todas las personas con poder e influencia a que colaboren para solucionar esta crisis "que está arrasándolo todo".

"Mi Oficina está lista para seguir apoyando", afirmó Bachelet.

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Aumentan a 56 los muertos por las lluvias en el sur de Brasil; unos 70 siguen desaparecidos

Vista aérea de personas caminando por una calle inundada en el barrio Navegantes en Porto Alegre, estado de Rio da Grande do, Brasil, el 4 de mayo de 2024
Vista aérea de personas caminando por una calle inundada en el barrio Navegantes en Porto Alegre, estado de Rio da Grande do, Brasil, el 4 de mayo de 2024

El número de muertos por las lluvias en Rio Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil, ascendió a 56, según informaron las autoridades locales el sábado por la mañana, mientras que decenas de personas siguen desaparecidas.

La autoridad de defensa civil de Rio Grande do Sul dijo que 67 personas seguían desaparecidas y que casi 25.000 habían sido desplazadas, ya que las tormentas afectaron a más de la mitad de las 497 ciudades del estado, fronterizo con Uruguay y Argentina.

Las inundaciones destruyeron carreteras y puentes en varias regiones del estado. La tormenta también provocó corrimientos de tierras y el derrumbamiento parcial de una presa en una pequeña central hidroeléctrica.

Un segundo embalse en la ciudad de Bento Gonçalves también corre el riesgo de derrumbarse, según las autoridades.

En Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, el río Guaiba se desbordó e inundó las calles. El aeropuerto internacional de la ciudad suspendió todos los vuelos por tiempo indefinido.

El gobernador estatal, Eduardo Leite, dijo a la prensa el viernes por la noche que el número de muertos aún podría aumentar.

Según el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil, el sábado podría haber más lluvias en las regiones septentrionales del estado, y las autoridades instaron a los habitantes de las zonas de riesgo a buscar refugio en otros lugares.

Detenidos otros tres opositores en Venezuela (VIDEO)

María Corina Machado encabezó multitudinarios actos de campaña en Portuguesa, el estado donde ocurrieron los más recientes arrestos.
María Corina Machado encabezó multitudinarios actos de campaña en Portuguesa, el estado donde ocurrieron los más recientes arrestos.

Tres partidarios de la opositora venezolana María Corina Machado han sido detenidos en los últimos días, luego de asistir a actos de campaña con vista a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Santa Rosalía; Víctor Castillo, coordinador y jefe del comando de campaña en el mismo municipio, y Oscar Castañeda, militante de Vente Venezuela, fueron arrestados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Portuguesa, a 400 kilómetros de Caracas.

Los activistas detenidos fueron presentados en los tribunales y sin derecho a la defensa, denunciaron varias fuentes de la oposición.

Los partidos de oposición Vente Venezuela y Primero Justicia exigieron la liberación inmediata de los dirigentes, cuyos arrestos se suman a los de otros siete jefes de campañas regionales.

La organización Amnistía Internacional alertó sobre un reforzamiento de los mecanismos represivos del régimen de Maduro y denunció que en Venezuela, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión que usa el gobierno de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política.

Edmundo González Urrutia, un diplomático jubilado de 74 años se perfila como único rival del gobernante Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales del 28 de julio, como candidato unitario de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición de 10 partidos de oposición.

La postulación de González Urrutia fue admitida por el Consejo Nacional Electoral.

Maduro acusa a exministro Tareck El Aissami de conspirar con la oposición para derrocarlo

El exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, junto al presidente Nicolás Maduro, en una foto del 18 de mayo de 2018.
El exministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, junto al presidente Nicolás Maduro, en una foto del 18 de mayo de 2018.

El mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami de conspirar en su contra, además de estar vinculado a la trama de corrupción por la que fue detenido a principios de abril.

Maduro señaló que las investigaciones apuntan a que El Aissami conspiraba con líderes de la oposición para derrocarlo, entre ellos los exiliados Leopoldo López y Julio Borges.

"Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando", dijo el gobernante en su programa semanal de radio y televisión.

Aunque López negó las acusaciones del oficialismo con respecto a El Aissami, admitió haber sostenido conversaciones "para explorar la salida de Maduro". En un post en X dirigido al fiscal general Tarek William Saab, el opositor exiliado en España acusó al alto funcionario de haber participado en gestiones similares.

"@TarekWiliamSaab, tú más que nadie sabes que también has tenido conversaciones para explorar la salida de Maduro. Muchos son los que lo han hecho y lo hacen dentro de la dictadura. Así que no te hagas el loco, montando una nueva olla en mi contra. A ti también te tienen grabado. Todo cae por su propio peso", escribió.

Borges también negó los vínculos con El Aissami.

"@TarekWiliamSaab, ustedes saldrán del poder con la unidad y el voto del pueblo. Son corruptos y mentirosos. Los venezolanos seguiremos luchando para que ustedes no sigan destruyendo a Venezuela. Hoy más que nunca #UnidadYVoto, lo vamos a lograr el #28Jul", dijo en la red social X, en referencia a los esfuerzos de la oposición por derrocar a Maduro en las urnas, que se han visto afectados por la inhabilitación de candidatos como María Corina Machado y Enrique Capriles.

Maduro dijo en el programa que su gobierno tiene pruebas de llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, considerado por muchos un testaferro al servicio de El Aissami. "La derecha estaba articulada para destruirnos desde adentro", afirmó.

El Aissami fue detenido a principios de abril por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales. El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.

La Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró en 2017 a El Aissami como un “narcotraficante especialmente designado”.

El acusado comparecerá prontó ante una audiencia preliminar, dijo el fiscal general, sin mencionar la fecha.

Otras 65 personas, incluido Samark López, permanecen detenidas en relación con el caso, bajo acusaciones de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Según explicó Saab, la Fiscalía detectó a una red de funcionarios en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos que habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, un consorcio que administra a varias empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes.

El daño causado por los implicados es "incalculable en millones de dólares", dijo el fiscal general.

Delegación de paz del gobierno de Colombia dice que es "inviable" doble negociación con guerrilla ELN

El presidente colombiano Gustavo Petro deberá tomar la decisión sobre el futuro de las negociaciones de paz. (AP/Ivan Valencia)
El presidente colombiano Gustavo Petro deberá tomar la decisión sobre el futuro de las negociaciones de paz. (AP/Ivan Valencia)

BOGOTÁ (AP) — La delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pidió el sábado al presidente Gustavo Petro tomar una decisión entre continuar la negociación en una mesa nacional con esa guerrilla o una regional con una facción.

La mesa de negociación con el ELN entró en un momento de tensión luego de que el gobierno avaló un diálogo regional paralelo que impulsan las autoridades locales de Nariño con la facción denominada "Comandos del Sur". La dirigencia de la guerrilla consideró que ello busca presentar un ELN dividido.

El desarrollo de las conversaciones "en dos instancias con una misma organización" —por un lado la mesa nacional vigente con el ELN y, por otro, con un frente guerrillero— "es jurídica y políticamente inviable", señaló un comunicado suscrito por la jefa de la delegación, Vera Grave, y el representante gubernamental, el senador Iván Cépeda.

La delegación solicitó a Petro "tomar la decisión que considere" sobre continuar los trabajos en una de las dos instancias o determinar si la estructura de Nariño ha dejado de ser parte de la organización que participa en la mesa nacional "para desarrollar con ella un proceso autónomo".

El pedido de la delegación se produce tras difundirse la víspera unas declaraciones de Gabriel Yépez, autoidentificado como jefe del Frente Comuneros del Sur, a Blu radio de Colombia, señalando que si desde la guerrilla del ELN "buscaron excusarse en Comuneros del Sur para levantarse (de la mesa) es muy irresponsable".

"Nosotros no estamos envenenando ningún diálogo, nosotros estamos haciendo parte y seguiremos haciendo parte de la construcción de paz territorial de Nariño", dijo Yépez.

Para el analista y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la situación supone una encrucijada para Petro, al considerar que la delegación de gobierno "deja en sus manos la decisión de resolver problemas que no le corresponden al presidente, sino que son problemas internos del ELN y sus disidencias".

Medina reiteró en diálogo telefónico con The Associated Press que la posición de Petro es "supremamente difícil" y consideró que el gobernante deberá apostar por "rutas alternativas", porque abandonar los diálogos con la única organización armada insurgente que queda en el país "representaría el fracaso de su apuesta por la paz total".

Hasta el momento el presidente colombiano no se ha pronunciado respecto al pedido.

Las delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron a mediados de abril en Caracas en una cita extraordinaria que buscó destrabar las conversaciones, tras lo cual anunciaron sin precisar detalles una nueva reunión para el 20 de mayo en la capital venezolana. Ese país es garante de la mesa de diálogo junto a Cuba, México y Noruega.

El ciclo de conversaciones oficiales previsto para ese mes se había suspendido tras las acusaciones del ELN sobre una intención del gobierno de pretender desmovilizarlos.

Gobierno de transición toma el poder en Haití

Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.
Louis Gerald Gilles, Frinel Joseph, Emmanuel Vertilaire, Laurent Saint-Cyr, Michel Patrick Boisvert, Jean Joseph Lebrun, Edgard Leblanc Fils, Regine Abraham, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire y Smith Augustin integran el Consejo de Transición de Haití, el 25 de abril de 2024.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, dimitió, informó su oficina el jueves, mientras un consejo de transición se prepara para asumir el poder con el objetivo de devolver la tranquilidad en medio de los estragos causados por la violencia generalizada de las bandas criminales.

El ministro de Finanzas de Henry, Patrick Boisvert, asumirá el cargo de primer ministro interino, según el boletín oficial de la nación.

La toma de posesión formal del consejo de transición comenzó el jueves por la mañana.

En una carta fechada el miércoles y compartida en las redes sociales el jueves, Henry dijo que su gobierno había "servido a la nación en tiempos difíciles".

El gobierno saliente de Haití formalizó el proceso de transición hace dos semanas, un mes después de que Henry anunciara que dimitiría una vez constituido el consejo.

Henry estuvo fuera del país mientras las alianzas de bandas fuertemente armadas amenazaban con apoderarse por completo de la capital.

La violencia de las bandas, que lleva años siendo un problema en Haití, recrudeció a principios de este año.

Más de 2.500 personas murieron o resultaron heridas entre enero y marzo, un 53% más que en los tres últimos meses de 2023, según datos recientes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

La situación de seguridad también ha desplazado a miles de personas y ha provocado una situación de hambre catastrófica.

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