La Asociación Médica Mundial (AMM) revisó durante su reciente Asamblea General en Róterdam una resolución sobre la represión contra los médicos en Nicaragua y emitió una resolución que reclama la protección de los profesionales sanitarios y el respeto a su independencia, autonomía clínica y libertad de expresión científica.
Informes nacionales e internacionales citados en la resolución señalan que más de 400 médicos han sido despedidos u obligados a renunciar en Nicaragua desde 2018 y más de 200 han sido forzados a exiliarse. Los informes también describen obstáculos a la formación médica, limitaciones al libre ejercicio de la medicina y una escasez de personal de la salud.
En julio de 2021, todavía en medio de los efectos de la pandemia del coronavirus, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló la personería jurídica de 24 oenegés, la mayoría vinculadas al sector de la salud, entre ellas la Asociación Médica Nicaragüense, principal referente del gremio médico hasta entonces en Nicaragua.
La Asociación Médica Mundial (AMM) advirtió que todas estas acciones del régimen sandinista “han puesto en riesgo la vida tanto de los pacientes como del personal sanitario en Nicaragua”.
El Dr. Jung Yul Park, presidente de la AMM, expresó en un comunicado de prensa que “cuando los médicos son despedidos, exiliados o amenazados simplemente por hacer su trabajo, los pacientes pagan el precio. Los médicos nicaragüenses deben tener la libertad de atender a sus pacientes y decir la verdad sobre la salud de su país. La comunidad médica mundial los apoya”.
Una de esas profesionales perseguidas y desterradas de Nicaragua en 2023 es la doctora Anely Pérez, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, una organización que surgió espontáneamente en el contexto de la represión gubernamental de 2018 como una forma de apoyar a los médicos que atendían y curaban a los jóvenes heridos.
Pérez recordó a Martí Noticias que, durante las protestas de 2018, algunos hospitales públicos se negaban a atender a los heridos o avisaban de inmediato a la Policía, tras lo cual podían ser detenidos. “A partir de ahí muchos estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y de otras universidades se pusieron de parte de los manifestantes y se integraron a las protestas”.
La médico especialista en dermatología comentó que “el gremio médico se empezó a organizar de manera muy espontánea y formó brigadas que recogían medicinas, insumos para curar a los heridos e incluso coordinaron cirugías en hospitales privados sin cobrar honorarios”. La idea principal, añadió, era ayudar a la población.
La pandemia, foco de mayor represión
La doctora Pérez explicó que, al comienzo de la pandemia, la Unidad Médica Nicaragüense apoyó a los médicos proporcionando equipos de protección personal, así como “brindando capacitación ante la ineficiencia del Gobierno para ayudar al gremio”.
También recordó que denunciaron públicamente que muchos médicos no podían decir que había casos de coronavirus en los diferentes hospitales y que estaban teniendo problemas serios para encontrar camas para los nuevos pacientes. “A los médicos no se les permitía advertir la gravedad de la situación que estaba matando activamente a la población”, agregó la médico que ahora vive en el exilio.
“Se nos estaba impidiendo hacer nuestro trabajo científico. No se nos permitía ni siquiera poder hablar directamente con los pacientes sobre que tenían coronavirus y las medidas que debían tomar. Fue una desorganización total y una completa afectación a la población y a nosotros como gremio”, lamentó la líder de la Unidad Médica Nicaragüense.
En ese contexto, señaló la doctora Pérez, la Asociación Médica Nicaragüense hizo un comunicado pidiendo liberar la información y transparencia a la hora de hablar de la epidemia con el gremio. “A partir de ahí comenzó la persecución al gremio médico y comenzaron a cancelar la personería jurídica de todas las organizaciones médicas iniciando justamente la Asociación Médica Nicaragüense”.
Un grave bloqueo a la labor científica de los médicos
La líder de la Unidad Médica Nicaragüense señaló a Martí Noticias que la cancelación de las personarías jurídicas de la mayoría de las asociaciones ha impedido la realización de congresos médicos en Nicaragua y “eso es grave en lo que respecta a la labor científica de los médicos”.
“El hecho de que no podemos participar en actividades científicas hace que se disminuya muchísimo la calidad de la educación médica y el intercambio de información ante pandemias como el chikunguña, el dengue o la malaria que siguen siendo endémicas en el país”, advirtió la doctora Pérez.
Agregó que la falta de libertad para el ejercicio profesional “tiene un impacto muy grande en la salud pública dado que, al estar imposibilitados de comunicarnos entre nosotros y comunicarnos con los pacientes, la población queda desprotegida”.
El régimen sandinista presume de haber incrementado el presupuesto del Ministerio de Salud en un 160 % entre 2018 y 2025, pero la doctora Pérez advirtió que la infraestructura no basta para garantizar una atención sanitaria adecuada.
“Cuando tenés hospitales equipados, pero sin personal es como no tener nada que ayude a la población ya que su manejo requiere de médicos especialistas y formarlos requiere mucho tiempo, en algunos casos hasta 15 años”, anotó recordando que el régimen ha perseguido y empujado al exilio a centenares de médicos entre ellos muchos especialistas.
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