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Derechos Humanos

Artículo 19: Decenas de activistas, artistas y periodistas en riesgo en Cuba

Artistas cubanos amanecieron el 28 de noviembre a las puertas del Ministerio de Cultura. YAMIL LAGE / AFP
Artistas cubanos amanecieron el 28 de noviembre a las puertas del Ministerio de Cultura. YAMIL LAGE / AFP

La organización Artículo 19 difundió este martes una alerta para denunciar el riesgo en el que se hallan en Cuba decenas de artistas, defensores de la libertad de expresión, periodistas independientes y activistas por demandar el reconocimiento a sus derechos.

Entre los días 9 de noviembre y 6 de diciembre, Artículo 19 registró un total de 240 agresiones de parte del Gobierno cubano contra personas que exigen su derecho a opinar libremente.

Organización defensora de la libertad de expresión alerta sobre la represión en Cuba
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"Todo esto en el marco de la protesta y la movilización emprendida por el Movimiento San Isidro y el Movimiento 27N", resaltó, en entrevista con Radio Televisión Martí, Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.

“En este número de agresiones, las más comunes fueron los arrestos domiciliario y las detenciones arbitrarias. Aunque, en menor medida, contabilizamos amenazas, citaciones oficiales, multas, cortes al servicio de Internet, entre otras. Igualmente pudimos documentar que las agresiones perpetradas fueron por parte de agentes del Departamento de Seguridad del Estado, en su mayoría vestidos de civil, y elementos de la Policía Nacional Revolucionaria [PNR]”, destacó Ordóñez.

El régimen ha desarrollado una escalada represiva contra los protagonistas del “plantón” del Movimiento San Isidro, los manifestantes que se congregaron a las puertas del Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre y todo el que exponga un criterio diferente a la intensa campaña de criminalización y descrédito contra los participantes en ambas acciones.

Según la entidad, que tiene su sede en Londres, del total de ataques registrados, 134 se produjeron contra activistas, mientras que 106 se ejecutaron contra periodistas independientes.

La organización instó al Gobierno de Cuba, a sus instituciones culturales y al Ministerio del Interior (MININT) a detener de manera inmediata el hostigamiento hacia artistas, defensores, periodistas y simpatizantes del Movimiento San Isidro, del 27N y de la ciudadanía en general, que se encuentra demandando un ejercicio de libertades.

“Asimismo, Artículo 19 hizo un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie e interceda ante las autoridades de la Isla por el pleno respeto de los derechos de todos sus ciudadanos”, dijo la representante de la institución.

En este sentido, enfatizó en que es importante atraer la atención de las Embajadas de la Unión Europea, organismos especiales del Consejo Internacional de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas, y a Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

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ONG documenta cientos de incidentes represivos y al menos 5 muertes bajo custodia policial

Guardias se preparan para tomar sus posiciones en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana. (Adalberto Roque/AFP)
Guardias se preparan para tomar sus posiciones en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana. (Adalberto Roque/AFP)
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Durante el mes de mayo, el equipo de Monitoreo de la ONG Cubalex documentó 317 hechos represivos en todas las provincias del país, abarcando 706 incidentes en 50 categorías de represión e informó sobre las muertes de al menos cinco personas bajo custodia de los uniformados.

Cubalex agrega que durante ese mes se registró la muerte "por falta de atención médica del recluso Alexis Curbelo en el Combinado del Este 11 y otro de identidad desconocida en la prisión Cuba-Panamá; así como de los prisioneros José Antonio Zulueta y Dionis Castañeda, en el Combinado de Guantánamo, por hambre, según informó el preso político Emeregildo Duvergel en llamada telefónica al Consejo de Relatores. También en Pinar del Río, en la estación policial de San Juan y Martínez, ocurrió la muerte bajo custodia, con signos de violencia física, del joven Luis Ángel Benítez, detenido horas antes por los uniformados".

Aunque estos datos representan un subregistro, evidencian la sistematicidad de las violaciones de derechos en Cuba, subrayó la organización en un comunicado de prensa.

El reporte dice que un dato notable es que no hubo un solo día en mayo sin al menos un evento represivo registrado.

Entre los incidentes documentados destacan las violaciones contra los presos, detenciones arbitrarias, amenazas, actos de violencia, operativos policiales de vigilancia, cortes selectivos de comunicaciones, citaciones arbitrarias y violaciones a la libertad religiosa.

Entre las provincias, la mayor cantidad de violaciones se registró en La Habana (128), Matanzas (28) y Camagüey (25). En cuanto a municipios, los mayores acumulados estuvieron en Camagüey y Diez de Octubre (ambos con 22) y Guanabacoa (18).

"Las prisiones se mantienen como espacios de violaciones e impunidad. La negación de atención médica y falta de medicamentos, unido a la mala alimentación, arbitrariedades, torturas, aislamientos prolongados, agresiones, malos tratos y violaciones de las Reglas Mandela hacen que los reclusos comparen las cárceles cubanas con campos de concentración", indica el reporte.

Joven del 11J sin antecedentes penales y con discapacidad está encerrado con reos de gran criminalidad (VIDEO)

Walnier Luis Aguilar Rivera, preso político del 11J fue condenado a 12 años de privación de libertad.
Walnier Luis Aguilar Rivera, preso político del 11J fue condenado a 12 años de privación de libertad.
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Walnier Luis Aguilar Rivera, a sus 24 años y con discapacidad intelectual certificada por los médicos, está encerrado con reos de alta criminalidad, a pesar no tener antecedentes penales antes de ser detenido y condenado en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

El joven fue sentenciado a 12 años de privación de libertad por supuesta "sedición" tras manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en el reparto La Güinera, en La Habana.

Su padre, Wilber Aguilar Bravo, convertido en un tenaz activista por la libertad de los presos políticos cubanos, dijo a Martí Noticias que desde 2022 su hijo se encuentra en una de las áreas de alta peligrosidad de la Prisión del Combinado del Este, con reclusos que enfrentan largas condenas por delitos civiles graves.

“Anímicamente está bien, no nos vamos a despegar ni un instante (…) porque, recalco y vuelvo a recalcar que mi hijo nunca ha tenido récord criminal; mi hijo nunca ha tenido un problema ni un delito y está allí porque ellos se lo fabricaron”, aseguró Aguilar, quien lo pudo visitar este lunes en prisión.

Según explicó, su hijo no sólo está afectado por la falta del medicamento, sino que el medio en el que se encuentra, en "el Edificio Nº 1, cuarto piso, en el piso con más años por criminalidad" no le favorece para "poderse desarrollar", teniendo en cuenta su discapacidad.

Aguilar recalcó que en dicho piso “están los presos en Cuba de mayor severidad, en ese edificio, allí están”.

Durante esta visita le fue permitido entregarle a su hijo la “jaba” con los artículos imprescindibles que tradicionalmente los familiares llevan a los prisioneros: “Gracias a Dios, no nos decomisaron nada”, afirmó.

Padre de preso político denuncia situación de su hijo en el Combinado del Este
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“Libertad para mi hijo y libertad paras esas más de mil almas inocentes que tienen presas allí”, reclamó el activista, quien ha denunciado constantemente la situación de su hijo en prisión, donde no recibe el trato adecuado.

El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una medida cautelar al joven preso político debido a la gravedad de su caso.

En enero de este año, Aguilar Bravo entregó en la Asamblea Nacional una petición oficial para una Ley de Amnistía dirigida a la diputada y Vicepresidenta del órgano legislativo Ana María Mari Machado.

La carta firmada varios familiares de presos políticos del 11J pedía a la funcionaria que iniciara los procedimientos correspondientes en la Asamblea Nacional para la redacción y debate, a fin de que sea aprobada una Ley de Amnistía conforme a los procedimientos de la ley.

"Los familiares de los presos políticos, y la ciudadanía cubana que acompaña esta solicitud, sufre persecución y acoso por parte de la seguridad del Estado, la policía y órganos de inteligencia, como castigo por abogar por la liberación de nuestras familias. Se nos impide el derecho a la asociación y reunión pacífica, así como el derecho a la libertad de expresión y opinión a través de detenciones arbitrarias, interrogatorios, procedimientos de instrucción penal, cartas de advertencia, métodos de vigilancia sistemática y violaciones a la libertad de movimiento. Más allá de estas conductas violatorias de los derechos humanos continuaremos defendiendo a quienes no debieron estar un solo día en prisión. En los años por venir, no se podrá decir que los ciudadanos cubanos no pedimos y luchamos por todas las vías la Amnistía de los injustamente condenados. Si ustedes no toman partido del lado justo de la historia en esta hora clave, será de ustedes el silencio, la complicidad, la cobardía y el entorpecimiento a las legítimas aspiraciones de cambio democrático de la mayoría de los cubanos", indicaba la misiva promovida por Wilber.

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Presos por participar en las protestas del 17 y 18 de marzo en Cuba siguen en un limbo legal

Imágenes de la protesta masiva en Santiago de Cuba el 17 de marzo de 2024
Imágenes de la protesta masiva en Santiago de Cuba el 17 de marzo de 2024
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Más de una decena de las personas que fueron arrestadas en las protestas populares ocurridas en marzo en diferentes localidades de Cuba se encuentran en centros penitenciarios a la espera del proceso de instrucción penal.

"Entre los detenidos hay siete residentes de Santiago de Cuba: Alexis Núñez Rodríguez, Ernesto Salazar Rodríguez, Eliecer Simón Montero, Orisel García Isaac, Karel Artiles Hernández y Asdrubal Kindelán Garvey", según datos del Centro de Derechos Humanos de Cuba precisados a Martí Noticias.

En el poblado de San Andrés, en Holguín, permanecen detenidos seis jóvenes: Junior Barrera Gutiérrez, Reinier Remón Peña, Yulier Ramírez San Juan, Walner Ricardo, Elsa Elisa Solís Barrera y Lea Velázquez Ochoa, así como Carlos Alberto Amarales Rondán, por participar en la protesta en el municipio de Cacocum..

En Sancti Spíritus continúa en prisión Oscar Echeverría Rubio y en Matanzas Andro García Orta y Laura Cruz.

“Son las protestas que comenzaron por allá, por el oriente, que se extendieron después, y que todas estas personas que están presas se mantienen en ese estatus, no hay un documento que diga que está preso, no hay una petición fiscal, no hay nada", denunció en conversación con Martí Noticias la líder opositora Martha Beatriz Roque, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de Cuba.

"El régimen actúa así porque no tiene supervisión. Todos los aparatos relacionados con la situación policial están dependiendo de la dictadura... Están en ese limbo", dijo Roque sobre la situación de los detenidos.

Las gestiones realizadas por familiares y activistas de derechos humanos no han dado ningún resultado hasta ahora.

"Los familiares hacen todo lo posible por poner abogados, se presentan Habeas Corpus, y siempre responden no", señaló.

Los detenidos no saben aún qué destino les aguarda, ante la ausencia de una petición fiscal. "La familia va a 15 y K (a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior) y nadie les hace caso; hablan en la prisión y tampoco”, lamentó la opositora.

Entre el 17 y 18 de marzo de este año se produjeron manifestaciones populares en varias zonas del país por los continuos apagones, la escasez de alimentos y medicamentos y el alto costo de la vida, en medio de las reiteradas violaciones a los derechos humanos y de falta de libertades fundamentales de la ciudadanía.

Nota del editor: El informe citado en una primera versión de este artículo incluía a Christian Kindelán Valdés y a Leandro Tamayo Tito entre los encarcelados. Ambos ya fueron liberados y el texto corregido.

Dos presos del 11J reclaman atención médica

El preso político del 11 de julio de 2021, Jorge Bello Domínguez.
El preso político del 11 de julio de 2021, Jorge Bello Domínguez.
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Dos presos políticos condenados por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 denunciaron que están sin atención médica especializada, además de sufrir las consecuencias de una escasa y pésima alimentación, y hostilidad por parte de las autoridades penitenciarias.

“Jorge lleva más de 72 horas con un fuerte dolor de muelas, donde en el penal no hay un dentista, no hay nada para brindarle porque no tienen nada, y debido a ese dolor de muela, hasta está descompensado de la presión y del azúcar también", informó Yuleidy López, esposa de Jorge Bello Domínguez, periodista independiente, recluido en la prisión Combinado del Este.

"Es pésima, pésima, pésima la alimentación y de la higiene ni hablar, hay un chinchero que por favor las chinches que hay allí en el penal”, agregó la esposa del periodista condenado a 15 años de cárcel por los delitos de sabotaje de carácter continuado, desacato y robo con fuerza, tras su participación en la manifestación del poblado de Güira de Melena.

La mujer dijo que lo mantienen recluido junto a reos comunes de alta peligrosidad: “Lo mismo asesinos, que los que roban. Allí están todos ligados, el único preso político que está en el destacamento es él”.

Martha Domínguez, madre del comunicador, explicó lo preocupada que se encuentra por la situación de su hijo.

"Jorge reclama sus derechos y allí hacen ellos lo que les da la gana, toda la madrugada sentado en una cubeta, me dijo ayer, con el fuerte dolor de muela, que no tienen dentista, y todo es "que no tienen". Era para que ya esa muela se la hubieran sacado hace rato, ya eso hace meses que él está con ese problema y ahora volvió el dolor hace más de 72 horas, eso me tiene muy preocupada”.

Jorge Luis García García. (Foto: Cortesía de la familia)
Jorge Luis García García. (Foto: Cortesía de la familia)

También reclamando atención médica está Jorge Luis García García en el penal de Boniato en Santiago de Cuba, donde cumple 13 años de condena por su participación en la protesta de Palma Soriano.

El prisionero político sufre de un trauma en la zona del cuello desde que fue maltratado físicamente por policías el día de su detención,.

Ya han pasado casi tres años, cada día crece más la tumoración y las autoridades le han dicho que no tienen recursos para atenderlo, y tampoco ha sido llevado a un hospital, denuncia su hermano Daniel García García.

“La situación de mi hermano es la bola esa que tiene en el cuello, que no le han hecho ningún tipo de cirugía para ver si es malo, el reeducador no dice nada, 'que no hay cirujanos', y eso va creciendo y no hay una asistencia médica, dada la situación que tiene él allí, preso injustamente.”

"Le están dando el almuerzo a las cuatro de la tarde y la comida a las 11 de la noche, es una injusticia lo que están haciendo con esos muchachos", afirmó el familiar.

En el mes de mayo Amnistía Internacional calificó de indignante la negación de derechos a personas privadas de libertad en Cuba.

La negación del acceso a la atención médica, la alimentación precaria y las condiciones de higiene deplorables en las prisiones cubanas violan los derechos básicos de las personas detenidas, declaró la ONG.

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha alertado que "la deficiente alimentación, que repercute sobre las defensas del organismo, se combina con la escasez y mala calidad del agua, las plagas de insectos y las malas condiciones de la infraestructura de las cárceles" y que esto crea un "ambiente propicio para la proliferación de enfermedades que muchas veces terminan siendo letales o dejando secuelas irreversibles".

En noviembre de 2023, representantes del régimen de La Habana afirmaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".

Tras el Examen Periódico Universal a Cuba instaron a las autoridades de la isla a velar por el pleno cumplimiento de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y permitir el acceso de observadores independientes de los derechos humanos a los juicios y a las prisiones y demás centros de privación de libertad.

Alianza por la Libertad Religiosa exige la libertad de pastor de Palma Soriano preso del 11J

Combinación de imágenes de la detención del pastor Lorenzo Rosales Fajardo en Palma Soriano, Santiago de Cuba, el 11 de julio de 2021.
Combinación de imágenes de la detención del pastor Lorenzo Rosales Fajardo en Palma Soriano, Santiago de Cuba, el 11 de julio de 2021.
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La Alianza Internacional por la Libertad Religiosa o de Creencias, un grupo de 38 naciones comprometidas a promover la libertad de religión o creencias en todo el mundo, expresó “profunda preocupación por la injusta detención del reverendo Lorenzo Rosales Fajardo".

El preso político de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, Santiago de Cuba, está actualmente encarcelado en La Caoba.

“Nos preocupa que el reverendo Rosales Fajardo, pastor protestante evangélico y líder de la iglesia no confesional no registrada Monte de Sión, haya sido golpeado y abusado brutalmente durante su detención, debido a su papel como líder religioso en Cuba y sus actividades cristianas”, dijo la Alianza en un comunicado firmado por Estados Unidos, Estonia, Ucrania, Polonia, Alemania, Rumania, Taiwán y la República Checa.

Asimismo instaron “enérgicamente a las autoridades cubanas a que liberen de inmediato e incondicionalmente a Lorenzo Rosales Fajardo y le permitan regresar libremente a su trabajo pastoral en Cuba”.

“Además, hacemos un llamamiento a Cuba para que defienda la libertad de religión o creencias y la libertad de expresión y exigimos la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente después de las protestas del 11 de julio de 2021”, declararon.

La Alianza condenó “el acoso que sufre el reverendo Rosales Fajardo desde 2012, vinculado a su participación en protestas locales en un acto de fe para exigir justicia e igualdad, principios clave de sus creencias religiosas y su ministerio” y “su detención arbitraria por parte de la policía y el ejército en Palma Soriano, el 11 de julio de 2021, durante protestas históricas y pacíficas en toda la isla”.

La Alianza mencionó que en esa ocasión se le acusó de cuatro delitos: incitación a la delincuencia, desorden público, falta de respeto y agresión y fue condenado a una pena total de 8 años de prisión en un juicio en diciembre de 2021 que, según la Alianza, “no mostró ni un ápice de respeto por las garantías de un juicio justo”.

“Durante todo el proceso judicial, los fiscales negaron el acceso a los testigos del reverendo Rosales Fajardo para que hablaran en su defensa y negaron a su abogado el acceso a su expediente antes del juicio”, explicaron en el comunicado.

El grupo relata que “en prisión, las autoridades lo han humillado y los guardias de la prisión han denigrado abiertamente sus creencias religiosas” y que en el 2022, “en los días previos a la Pascua, los funcionarios de la prisión lo sometieron a aislamiento, en una "celda de castigo", por negarse a obedecer las órdenes de dejar de compartir su fe dentro de la prisión”.

Explicaron además que en mayo de 2022, “el gobierno comunicó que la sentencia del reverendo Rosales Fajardo había sido reducida a 7 años de prisión sin ninguna explicación, y luego lo trasladó a la prisión de La Caoba, donde permanece detenido hasta el día de hoy”.

La Alianza Internacional por la Libertad Religiosa o de Creencias está integrada por Albania, Armenia, Austria, Australia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Camerún, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, República Democrática del Congo, Dinamarca, Estonia, Gambia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Israel, Kosovo, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, Senegal, Sierra Leona, Eslovaquia, Eslovenia, Togo, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.

La Oficina de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado, USCIRF, actualmente actúa como Secretaría de la Alianza, gestionando las reuniones y el intercambio de información entre los miembros.

El pastor Rosales Fajardo está en la Lista de Víctimas de la falta de libertad de religión o creencias de USCIRF.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Detenciones Arbitrarias condenó en marzo de este año la detención del pastor protestante.

La entidad exigió a La Habana que otorgue inmediatamente la libertad al pastor, así como "una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".

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