Derechos Humanos
Human Rights Watch: Cuba usa normas sobre COVID-19 para intensificar la represión
(Washington D.C.) – El gobierno cubano está utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión del Covid-19 para acosar, intimidar y detener a disidentes, señaló el lunes Human Rights Watch.
El 26 de noviembre de 2020, fuerzas de seguridad cubanas detuvieron a 14 artistas y disidentes, muchos de ellos pertenecientes al Movimiento San Isidro, luego de acusar a uno de ellos de haber violado las normas contra el Covid-19 al no realizarse nuevamente una prueba. Las detenciones ocurrieron tras numerosos casos en los cuales agentes de las fuerzas de seguridad y fiscales detuvieron a disidentes, acusándolos del delito de “propagación de epidemias”, y les aplicaron multas por presuntas violaciones de las restricciones vinculadas con el Covid-19. Con el pretexto de hacer cumplir las reglamentaciones sobre Covid-19, las autoridades han realizado detenciones arbitrarias, abriendo procesos penales abusivos y deteniendo a personas en celdas insalubres que favorecen la propagación del Covid-19.
“Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el Covid-19 para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente”.
Entre julio y noviembre de 2020, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 35 personas en Cuba, incluyendo a víctimas, sus familiares y sus abogados. Human Rights Watch también consultó informes periodísticos, sentencias judiciales, registros de multas impuestas a disidentes o personas que las autoridades parecen haber percibido como críticas, y corroboró videos publicados en redes sociales.
Human Rights Watch documentó abusos contra 34 víctimas, en cuyos casos las autoridades invocaron normas relativas a la pandemia para actuar en contra de críticos del gobierno y otras personas. De 20 personas detenidas, tres fueron procesadas de manera arbitraria, otras tres fueron multadas y 14 fueron amenazadas con ser procesadas por “propagación de epidemias”. Ocho personas que no fueron detenidas recibieron multas aparentemente arbitrarias, sobre la base de normas vinculadas con el Covid-19, y otras dos fueron amenazadas con la posibilidad de persecución penal.
Treinta de las víctimas fueron detenidas, acosadas, multadas o amenazadas con la posibilidad de ser procesadas penalmente por supuestamente violar normas relacionadas con el Covid-19; entre ellas, nueve fueron acusadas de no usar la mascarilla (que en Cuba se llama “nasobuco”) correctamente. Otras dos personas fueron amenazadas con ser perseguidas penalmente por “propagación de epidemias” debido a que difundieron información sobre casos de Covid-19 en la isla. En otros dos casos, funcionarios invocaron normas relacionadas con la pandemia sin referirse a faltas específicas establecidas en la legislación cubana. Un disidente, por ejemplo, fue multado por no haber denunciado que un amigo suyo no estaba usando la mascarilla de la manera correcta.
A ninguno de los detenidos se le permitió hacer una llamada telefónica. Algunos sufrieron violentas golpizas, y varios enfrentaron procedimientos penales sin contar con un abogado que los representara.
La mayoría de las personas multadas en los casos documentados por Human Rights Watch —11 en total— negó haber transgredido las normas. En algunos casos, los agentes de seguridad las amenazaron con procesarlas por “desacato” debido a que negaban haber infringido las normas contra el Covid-19. Algunos de los multados sostienen que nunca se les informó de qué se les acusaba.
El delito de “propagación de epidemias” está penado con multas y hasta nueve meses de prisión. El Código Penal lo define ampliamente como “infrin[gir] las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención y control de las enfermedades transmisibles, así como los programas o campañas para el control o erradicación de [...] epidemias de carácter grave o peligrosas”.
Asimismo, las autoridades cubanas han promulgado legislación específica sobre la pandemia. En mayo, el gobierno aprobó una resolución que exige el uso de una mascarilla cuando las personas salen de sus hogares. Un decreto del mes de agosto, vigente solamente en la provincia de La Habana, impone multas de 2.000 pesos cubanos (USD 77) —aproximadamente el doble del salario mensual promedio— a quienes realicen fiestas, utilicen la mascarilla de manera incorrecta o “dificulte[n] en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias”, entre otras transgresiones. Las multas se duplican si no son pagadas en un término de 10 días. Con arreglo al Código Penal cubano, quienes no paguen sus multas podrán recibir condenas de hasta seis meses de cárcel.
El 12 de abril, policías detuvieron a Keilylli de la Mora Valle, del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, cuando estaba fumando un cigarrillo en la ciudad de Cienfuegos, y señalaron que no estaba usando la mascarilla correctamente. En la estación de policía, de la Mora Valle comenzó a quitarse la ropa a modo de protesta. Un policía la tomó del cuello, la llevó a una celda y comenzó a darle puntapiés en el muslo y en la rodilla.
Después de un juicio que tuvo lugar el 7 de mayo, en el cual no contó con representación legal, de la Mora Valle fue condenada a un año y medio de prisión por “desacato”, “resistencia”, “desobediencia” y “propagación de epidemias”. Hasta la fecha continúa detenida. Una persona de su familia dijo a Human Rights Watch que de la Mora Valle intentó quitarse la vida en dos oportunidades a causa de amenazas y acoso por parte de guardias carcelarios.
Con arreglo al derecho internacional, ciertos derechos básicos no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia. Estos incluyen la prohibición de los malos tratos, los principios fundamentales del acceso a un juicio justo y a no sufrir detención arbitraria, el derecho a la revisión judicial de las detenciones y la libertad de pensamiento. Es posible restringir otros derechos, como la libertad de expresión y asociación, a causa de una emergencia de salud pública grave. Sin embargo, estas restricciones solo están justificadas cuando tienen un fundamento legal, son estrictamente necesarias y proporcionadas respecto al objetivo de salud pública, están basadas en evidencia científica, tienen una duración limitada, son respetuosas de la dignidad humana, están sujetas a revisión y no son arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación. El gobierno cubano también tiene la obligación de adoptar medidas eficaces para prevenir la propagación del Covid-19 y proteger el derecho de las personas a alcanzar el más alto nivel posible de salud.
Ver a continuación una selección de casos documentados por Human Rights Watch.
Detención arbitraria de Keilylli de la Mora Valle
Keilylli de la Mora Valle, perteneciente a las organizaciones Unión Patriótica de Cuba y Cuba Decide, fue detenida el 12 de abril, según informó a Human Rights Watch un familiar. De la Mora Valle había bajado su mascarilla para fumar un cigarrillo mientras caminaba de regreso a su casa tras haber visitado a un familiar.
En la estación de policía, un oficial la empujó. Como protesta en contra de su detención y el trato que estaba recibiendo, de la Mora Valle caminó hasta otro sector de esa dependencia y comenzó a quitarse la ropa, según ella misma manifestó en un video publicado en Facebook. Un agente la tomó del cuello, la puso en una celda y le dio puntapiés en la rodilla y en la pierna. Las imágenes de los moretones, publicadas en Facebook, coinciden con su versión de los hechos.
Los policías la dejaron desnuda y esposada, señaló, y posteriormente la llevaron a un hospital, donde un médico informó que no había sufrido lesiones.
De la Mora Valle pasó la noche en una estación policial, en una celda con una mujer que tosía constantemente, según afirmó. Fue liberada al día siguiente.
El 16 de abril, un policía le informó por teléfono que debía presentarse en la estación policial. Al llegar, le dijeron que se le acusaba de “desacato”, “resistencia”, “desobediencia” y “propagación de epidemias”, según señaló. El 5 de mayo, un policía se presentó en su domicilio con un documento anunciando que el juicio en su contra se llevaría a cabo el 7 de mayo.
Durante el juicio, de la Mora Valle no contó con la representación de un abogado. Fue juzgada a través de un procedimiento expedito, que en Cuba se denomina “sumario”, en el cual los acusados pueden ser juzgados sin representación legal. Se le impuso una condena de 18 meses de prisión.
De la Mora Valle apeló la decisión, rechazó los cargos y objetó la severidad de la sentencia. El 27 de mayo, un tribunal de apelaciones dictó una sentencia de dos páginas, a la cual Human Rights Watch tuvo acceso, en la cual rechaza sus argumentos. El tribunal consideró que estar fumando “no la exime” del uso inapropiado de la mascarilla y que, al quitarse la ropa, de la Mora Valle mostró “una falta total de pudor y un irrespeto total”. La resolución del tribunal indicó que de la Mora Valle merecía ser privada de la libertad porque no usar la mascarilla correctamente podría tener “consecuencias letales” para otras personas.
De la Mora Valle se presentó el 4 de junio para cumplir la pena. Continúa detenida a la fecha. Un familiar dijo a Human Rights Watch que no había podido visitarla debido a las restricciones por Covid-19, pero que se había enterado a través de llamadas telefónicas que de la Mora Valle había intentado suicidarse dos veces, en junio y en octubre. A de la Mora Valle “la tenían amenazada y le hacían mucha presión” los guardiacárceles, contó el familiar.
Detención arbitraria de Juan Miguel Pupo Arias
Juan Miguel Pupo Arias, de 47 años, perteneciente al Movimiento Opositores por una Nueva República, ha sido condenado por múltiples delitos desde 1994. En 2015, el entonces presidente Raúl Castro lo indultó, junto con otras 800 personas, cuando el papa Francisco visitó Cuba.
El 8 de abril, Pupo Arias había terminado de comer en una calle de la ciudad de San José de las Lajas y estaba fumando un cigarrillo, según indicó su esposa. Un policía se acercó y le dijo que se colocara correctamente la mascarilla. Entonces, llegaron varios policías más a bordo de un vehículo y lo empujaron hacia el interior del automóvil. Le dijeron que lo acusaban de “propagación de epidemias”.
Pupo Arias permaneció en una estación de policía hasta el 10 de abril, según dijo su esposa a Human Rights Watch. Ese día, fue juzgado sin un abogado defensor y condenado a seis meses de cárcel.
Su esposa, la única persona autorizada a presenciar el juicio, indicó que Pupo Arias había sido condenado por “propagación de epidemias”. Ella y el hijo de Pupo Arias afirmaron que no les habían proporcionado una copia de la sentencia. Sin embargo, en un escrito de un fiscal al cual Human Rights Watch tuvo acceso, se indica que Pupo Arias fue condenado por “desacato”. El escrito menciona “ofensas” no especificadas contra “un oficial del orden público en ocasión de cumplir este sus funciones diarias en la vía pública por la situación epidemiológica imperante por el Covid-19”.
El 29 de junio, un fiscal solicitó iniciar un juicio oral en contra de Pupo Arias por nuevos cargos de “desacato” y “atentado” relacionados con un supuesto altercado entre Pupo Arias y guardiacárceles, quienes no le dieron permiso para fumar. El escrito del fiscal dice que Pupo Arias, quien “se expresa de manera negativa ante el proceso revolucionario”, intentó infructuosamente darle una patada a un guardia.
El 30 de septiembre —pocos días antes de que Pupo Arias terminara de cumplir la condena emitida en abril— un tribunal de San José de las Lajas lo condenó por desacato y atentado contra las autoridades. Dos guardias testificaron que él había “[puesto] en descrédito su imagen pública” al llamarlos “punticos”, y que había intentado, sin éxito, patear a uno de los guardias. En la sentencia se indica que dos detenidos manifestaron que Pupo Arias no cometió ninguno de los dos actos. Pupo Arias fue condenado a cuatro años de prisión y en la actualidad se encuentra detenido.
Detención arbitraria de Mileidy y Daniel Salcedo
El 23 de abril, alrededor de las 3:00 p. m., Mileidy Salcedo, de 24 años, y su amiga María (pseudónimo), de 20, estaban conversando en La Habana cuando se les acercó un policía. María se había bajado la mascarilla porque estaba bebiendo una cerveza.
El agente indicó a otro policía que subiera a María a un móvil que se encontraba cerca y que la “llevara a la estación”, según contó Salcedo a Human Rights Watch.
Un móvil policial se detuvo en el lugar y Salcedo comenzó a filmar con su teléfono. Un policía la arrojó al suelo y la atacó a puntapiés, señaló Salcedo, ante lo cual ella también respondió con una patada. Un video de Salcedo, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, corrobora que la empujaron al suelo. Los policías se fueron en el móvil policial con María y dejaron a Salcedo tirada en la calle.
Salcedo caminó hasta una estación de policía cercana para quejarse y averiguar qué había sucedido con María. Allí, un policía la detuvo y la acusó de “atentado”, según indicó Salcedo a Human Rights Watch. Dos policías la interrogaron durante aproximadamente 10 minutos acerca de la detención de María y el forcejeo de Salcedo con el policía.
Después de retenerla dos días y negarle la posibilidad de realizar una llamada telefónica, la policía trasladó a Salcedo a una prisión en La Habana. Allí pasó ocho días incomunicada, durante los cuales un policía la despertó una vez a las 2:00 a. m. para repetir el interrogatorio. El primero de mayo le permitieron finalmente hacer una llamada telefónica. El 26 de junio, las autoridades le impusieron una multa de 500 pesos cubanos (aproximadamente USD 19) y la liberaron. Según refirió, no le dijeron por qué motivo se le había impuesto esa multa.
El padre de Mileydi, Daniel Salcedo, de 52 años, había ido a buscarla dos veces a la estación de policía, según consta en un escrito de hábeas corpus al cual tuvo acceso Human Rights Watch. Los policías negaron que ella estuviera allí y le manifestaron que él no tenía ningún derecho a reclamar. Recuerda que un policía le dijo “ustedes son gusanos”, utilizando una expresión que se usa comúnmente para referirse a los críticos del gobierno en Cuba, “y contigo no voy a hablar más”.
Daniel Salcedo nunca había sido crítico del gobierno, según dijo a Human Rights Watch, pero tras la detención de su hija contactó Berta Soler, de las Damas de Blanco, una organización no gubernamental fundada por familiares de presos políticos. La policía lo llevó a una estación policial en dos oportunidades —una vez a fines de mayo, y otra vez a principios de junio— para interrogarlo acerca de su vínculo con Soler.
Después de que Mileidy Salcedo fue liberada, un policía se presentó en la casa de la familia el 22 de agosto sin una orden de detención o allanamiento y le pidió a Daniel Salcedo su documento de identidad, según contó a Human Rights Watch. El policía lo acusó de haber organizado una fiesta, lo cual está prohibido por las normas sobre el Covid-19.
Daniel Salcedo le propuso al agente que ingresara a la casa para verificar que no había ninguna fiesta. Pero este se negó y dijo que tenía que llevarlo a la estación de policía. Aparecieron otros dos policías y dos hombres vestidos de civil. Mileidy Salcedo comenzó a grabar los acontecimientos.
Los policías la empujaron y le dijeron que no querían que los filmaran. Daniel Salcedo gritó “¡Abajo Raúl Castro! ¡Abajo la revolución!”. Los policías lo subieron a un auto. Su hija se subió al auto policial con él.
En la estación de policía, un agente tomó a Salcedo del cuello y lo empujó contra una pared. Otro lo golpeó en la espalda y en los brazos. Lo acusaron de “desacato” y de “propagación de epidemias”. También detuvieron a Mileidy Salcedo, quien fue liberada al día siguiente.
Durante tres días, Daniel Salcedo compartió una celda de cinco camas con otros 13 detenidos. Las camas de cemento no tenían colchones. A su hija se le negó el permiso para visitarlo y llevarle ropa.
Luego lo trasladaron a una unidad carcelaria y lo mantuvieron en una celda hacinada, junto con otros 20 internos. Los policías lo insultaban constantemente, lo acusaban de “contrarrevolucionario” y lo amenazaban con dejar que los perros de la policía lo atacaran, según refirió. La comida era “mínima y podrida”, y a veces estaba llena de insectos, mosquitos o cucarachas. Los policías le exigían insistentemente que firmara un documento en el cual reconocía su responsabilidad, pero él se negó a hacerlo.
Inició una huelga de hambre, durante la cual un médico le realizó controles periódicos. Puso fin a la huelga al décimo día, cuando las autoridades informaron que se había detectado un caso de Covid-19 en la cárcel. Durante los controles de salud, un médico le dijo que en la cárcel no había medicamentos.
Después de haber pasado 17 días en prisión se le permitió ver a su abogado por primera vez, pero solo por 10 minutos antes de iniciar su juicio. El tribunal le impuso una multa de 1.200 pesos cubanos (aproximadamente USD 47) por “desacato”, pero lo absolvió del delito de “propagación de epidemias”.
La multa equivale a aproximadamente cuatro veces su ingreso mensual. Daniel Salcedo no ha recibido una copia de la sentencia, según manifestaron Salcedo y su abogado a Human Rights Watch, quienes desconocen el motivo por el cual fue acusado de “desacato”.
Arresto arbitrario de miembros del Movimiento San Isidro y otros críticos del gobierno
El 26 de noviembre, agentes de seguridad cubanos detuvieron a 14 críticos del gobierno que estaban reunidos en la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Los críticos, muchos de los cuales pertenecían a la coalición de artistas conocida como Movimiento San Isidro, se habían reunido allí desde el 16 de noviembre para organizar manifestaciones. Pedían la liberación de Denis Solís, un músico condenado a ocho meses de prisión por “desacato”. El 17 de noviembre, después de que policías acordonaran la calle, los críticos, quienes temían ser detenidos si salían, anunciaron en las redes sociales que se “acuartelarían” en la casa. El día siguiente, varios de ellos anunciaron que empezarían una huelga de hambre. Algunos pasaron varios días sin tomar agua.
El 26 de noviembre, cerca de las 7 p. m., tres hombres vestidos de médicos que decían ser del Ministerio de Salud llegaron a la casa, según muestra un video que grabó uno de los disidentes. Los hombres señalaron que el escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez tenía que volver a hacerse un test de Covid-19. Álvarez, quien había viajado de Estados Unidos a Cuba el 24 de noviembre, dijo a Human Rights Watch que estaba cumpliendo su cuarentena en esa casa junto a los demás manifestantes, aunque no está del todo claro que ello fuera consistente con las normas de aislamiento impuestas por el gobierno cubano.
Los funcionarios dijeron que el test de Álvarez había dado “inhibido”; es decir, que no era posible obtener un resultado concluyente. También señalaron que Álvarez había violado las normas al realizar el aislamiento en una dirección distinta a la que había reportado. Álvarez temía que no le dejaran volver a la casa si salía a hacerse el test, así que se negó y pidió que le hicieran la prueba allí. Los funcionarios dijeron que presentarían una denuncia, según muestra el video, y se fueron.
Unos 10 minutos más tarde, funcionarios de seguridad forzaron la puerta y arrestaron a los 14 disidentes. Les quitaron sus teléfonos, según indicaron tres de ellos a Human Rights Watch. Los oficiales dijeron que habían recibido una denuncia penal por “propagación de epidemias.”
Los oficiales pusieron a los detenidos en furgonetas de la policía. Los llevaron a una estación de policía cercana y los dejaron dentro de la furgoneta alrededor de dos horas, dijeron tres de ellos a Human Rights Watch. Ocho de los detenidos, incluido Álvarez, estaban hacinados en una misma furgoneta con poca ventilación, según dijeron dos de ellos. Un policía abría la puerta cada tanto para dejar que entrara aire.
Tres oficiales se llevaron a Álvarez para que se hiciera una prueba de Covid-19, aunque no había dado su consentimiento, según afirmó a Human Rights Watch. No se resistió.
La mayoría de los detenidos restantes no fueron sometidos a pruebas de COVID-19. Los oficiales llevaron a la mayoría a sus casas esa misma noche y les devolvieron sus teléfonos, aunque a muchos les habían borrado la información. El día siguiente, patrullas policiales se estacionaron frente a las casas de varios de ellos, según dijeron a Human Rights Watch.
Los oficiales llevaron a Otero Alcántara a casa de amigos y familiares, pero él se negó a quedarse ahí y dijo que debían llevarlo a su casa, según contó a Human Rights Watch. En cambio, los oficiales lo llevaron a una estación de policía donde lo retuvieron toda la noche. La mañana siguiente, los oficiales lo pusieron en un auto privado y le pidieron que mirara hacia abajo. Lo llevaron a una casa privada, donde un médico le hizo una prueba de Covid-19 y le dijo que estaba deshidratado. La prueba dio negativa, Otero Alcántara dijo a Human Rights Watch.
Más tarde, los oficiales lo llevaron a un hospital, aunque él nunca pidió ser hospitalizado. “No puedes negarte, tienes que hacer lo que nosotros decimos”, le dijo un funcionario. Otero Alcántara sólo pudo hacer una llamada a las 8 p. m. de ese día.
Otero Alcántara estuvo detenido en el hospital, según dijo a Human Rights Watch, en un cuarto de dos por tres metros donde siempre había tres oficiales de seguridad, incluso cuando él iba al baño o recibía visitas. No lo dejaron salir, no tuvo acceso a su teléfono y solo pudo recibir dos visitas.
El primer día en el hospital, una psicóloga y un psiquiatra trataron de convencerlo de que desistiera de la huelga de hambre, según dijo Otero Alcántara a Human Rights Watch. Mientras tanto, los oficiales de seguridad le dijeron que le pondrían un suero si se negaba a comer. El próximo día, Otero Alcántara decidió dejar la huelga de hambre por miedo a que los oficiales la usaran como una excusa para mantenerlo hospitalizado.
El primero de diciembre, cerca de las 3 p. m., los médicos le dieron el alta. Agentes de seguridad lo llevaron a una estación de policía, donde lo sometieron a un interrogatorio, dijo Otero Alcántara a Human Rights Watch. Los oficiales lo amenazaron con procesos penales, señaló. Lo liberaron cerca de las 6:30 p. m.
Otero Alcántara pasó la noche en la casa de unos amigos. Cuando salió de la casa la próxima mañana, unos oficiales se le acercaron y le dijeron que no podía salir. Él se negó. Los oficiales lo esposaron, lo pusieron en una patrulla policial y se lo llevaron a la casa de su madre.
Como su madre no estaba en su casa, lo llevaron a la casa de su abuela. Horas después, ese mismo día, Otero Alcántara le dijo a Human Rights Watch que había una patrulla estacionada afuera de la casa y que los agentes le decían que no podía salir. Otros miembros del Movimiento San Isidro estaban sufriendo restricciones similares, dijo.
Amenazas y multas arbitrarias contra Raux Denis Rodríguez Rodríguez
El 23 de abril, un policía en la ciudad de Santa Clara se presentó en la vivienda de Raux Denis Rodríguez Rodríguez, de 24 años, un miembro de varios grupos cívicos opositores, y le impuso una multa de 3.000 pesos cubanos (aproximadamente USD 120) por incumplir el Decreto 370, una norma de 2019 que prohíbe la difusión de información “contraria al interés social”. El policía citó una publicación de Facebook en la cual Rodríguez señaló que el gobierno estaba “escondiendo casos de Covid”. El policía manifestó que la publicación “afectaba el desarrollo social y económico del país”, sostuvo Rodríguez.
El 5 de septiembre, dos agentes se acercaron a Rodríguez y un amigo suyo en un parque de Santa Clara y les indicaron que les pondrían una multa por no usar la mascarilla de manera adecuada. El amigo de Rodríguez estaba usando la mascarilla correctamente, según señaló Rodríguez, pero tenía el elástico roto y se le caía por momentos. Rodríguez, quien estaba usando su mascarilla correctamente, preguntó por qué lo estaban multando a él también.
Un policía le respondió a Rodríguez que tenía el “deber” de “denunciar” a su amigo o de exigirle que se colocara la mascarilla correctamente. El otro policía dijo que Rodríguez “estaba medio bocón”, según refirió Rodríguez. “Habría que darle dos o tres palos”, manifestó el policía.
Rodríguez repitió que solo estaba preguntando cuál era el motivo por el cual lo multaban. Los policías le pidieron el documento de identidad y lo detuvieron a él y a su amigo. Rodríguez no se resistió a la detención, pero gritó “¡Abajo el régimen comunista de Cuba!” varias veces. Un video publicado en redes sociales corrobora su relato.
Los policías llevaron a Rodríguez y a su amigo a una estación de policía donde un agente de seguridad dijo que los acusarían de “desacato en tiempos de Covid-19”. El agente advirtió que la condena por desacato podría aumentar durante la pandemia. Ninguna disposición de la ley cubana parece establecer tal incremento de la pena, y Rodríguez dijo a Human Rights Watch que el policía estaba intentando intimidarlo.
Ese día, el amigo de Rodríguez fue liberado con una multa de 100 pesos cubanos (aproximadamente USD 4). Rodríguez quedó detenido dos días, durante los cuales no se le permitió hacer ninguna llamada. Le impusieron una multa de 200 pesos cubanos y lo dejaron ir.
Detención arbitraria y multas contra Maykel Castillo Pérez
El 15 de abril, alrededor de las 6:00 p. m., un policía se presentó en el domicilio de La Habana de Maykel Castillo Pérez, un artista de 38 años y miembro del Movimiento San Isidro. El policía quería llevarlo a la estación de policía sin indicar el motivo, según afirmó Castillo Pérez, pero él se negó. Minutos más tarde, llegaron cuatro policías más e insistieron en que los acompañara a la estación de policía. Castillo Pérez accedió.
En la estación lo pusieron en una habitación pequeña junto a otras 28 personas, señaló Castillo Pérez. Manifestó a los policías que no quería estar allí por el riesgo de contraer Covid-19 e intentó irse.
Siete u ocho policías lo golpearon con sus puños en la espalda, el pecho y las piernas. Uno le agarró el pulgar derecho y lo presionó hacia atrás hasta fracturarlo, manifestó Castillo Pérez. A continuación, los agentes lo llevaron a otra habitación.
Le dijeron que había “violado las medidas” contra el Covid-19 y había publicado “mentiras” en redes sociales sobre las muertes relacionadas al virus. Algunos días antes, él había publicado en Facebook que una mujer había muerto en la calle de Covid-19, según manifestó. Castillo Pérez había averiguado a través de personas allegadas a la mujer, e informado en su publicación, que un hospital se había negado a brindarle atención médica.
Castillo Pérez afirmó que los policías rechazaron su pedido de realizar una llamada telefónica y que pasó la noche en una cama de concreto que no tenía colchón. No le dieron agua ni comida durante las 24 horas que pasó en la estación de policía.
Al día siguiente, un policía dijo que había “violado las normas de convivencia de Facebook” y le aplicó una multa de 3.000 pesos cubanos (aproximadamente USD 115), invocando el Decreto 370.
Los agentes lo trasladaron a una cárcel, donde lo acusaron de “desacato” y de “propagación de epidemias”. Le leyeron partes de un expediente que incluía un informe de organismos de inteligencia cubanos y le mostraron una carpeta con algunas de sus publicaciones recientes en Facebook. Entre estas, destacaron la publicación acerca de la mujer que había muerto en la calle, así como otra en la que se calificaba al presidente Miguel Díaz Canel de “ladrón”.
Durante los dos días que pasó en prisión, a Castillo Pérez no le permitieron hacer llamadas telefónicas. Lo liberaron al tercer día, después de que un policía le advirtiera que dejara de reunirse con críticos del gobierno y “que no ofendiera más a los líderes de la revolución”. Castillo Pérez dijo que, tras ser liberado, cambió su configuración de Facebook para ocultar la publicación.
Castillo Pérez ha sido detenido varias veces desde entonces, incluyendo durante la detención de 14 críticos del gobierno ocurrida el 26 de noviembre.
Acoso a Yordanis Labrada Tellez
El 3 de septiembre, un vecino de la localidad de Songo-La Maya, en Santiago de Cuba, le dio a Yordanis Labrada Tellez un documento que le había dejado la policía, en el cual lo citaban en la estación de policía a las 9:00 a. m. del día siguiente. Labrada, de 44 años, es coordinador de la división de Songo-La Maya de la Unión Patriótica de Cuba.
En la estación de policía, el jefe de la unidad le dio una notificación a Labrada sobre delitos por los cuales podía “ir a la cárcel en cualquier momento”, contó Labrada a Human Rights Watch. Él se negó a firmar la notificación, según manifestó, y los policías no le entregaron una copia.
El jefe de policía acusó a Labrada de “propagación de epidemias” por haber recibido visitas. Pero Labrada explicó que esas personas iban a su domicilio para comunicar quejas en contra del gobierno, puesto que esa es la oficina local de la Unión Patriótica de Cuba, una organización que el gobierno considera ilegal.
El jefe de policía le dio 15 días a Labrada para conseguir un empleo; de lo contrario, sería acusado de “peligrosidad”. De conformidad con la legislación cubana, las personas que adoptan conductas contrarias a la “moral socialista” pueden ser acusadas de “peligrosidad” y detenidas o supervisadas por las fuerzas de seguridad.
El 29 de octubre, Labrada fue juzgado sin contar con un abogado por cargos no relacionados con la citación del 3 de septiembre, según informó a Human Rights Watch su esposa, la única persona autorizada a asistir al juicio. Labrada fue condenado a 10 meses de prisión por no haber pagado multas impuestas en agosto y septiembre por colocar letreros de la Unión Patriótica de Cuba en las calles y una foto de José Daniel Ferrer, el líder de la organización, en la puerta de su vivienda.
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Pastor de Palma Soriano preso del 11J es obligado a trabajar a pesar de su enfermedad
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo debe cumplir jornadas enteras de trabajo forzado en la prisión La Caoba, en las cercanías del poblado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, a pesar de sus padecimientos de salud, para los que no está recibiendo atención médica, denunció el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Lleonart Barroso.
El religioso de 52 años fue condenado a siete años de cárcel, procesado por los presuntos delitos de atentado, desacato y desordenes públicos tras su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano.
Su caso mereció un pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) sobre Detenciones Arbitrarias, que en febrero exigió a las autoridades cubanas que le otorgaran la inmediatamente libertad y lo compensaran por la detención arbitraria.
“Las torturas del pastor Lorenzo siguen, porque allí en ese lugar está en realidad en un campo de trabajo forzado, en este campo de trabajo forzado el pastor es obligado a pasar intensas horas del día, las horas de sol, totalmente sin darle ni agua prácticamente. Es una tortura tremenda, su salud ya se está afectando porque está teniendo problemas en los riñones, problemas en la piel. Durante toda la semana pasada no fue llevado a un hospital, ni a un policlínico, ni siquiera a hacerle un análisis para ver cómo estaban sus riñones, que obviamente él se siente mal”, advirtió Lleonart Barroso, luego de recibir la denuncia por medio de Marilidegnis Carballo, esposa del preso político.
El director del Instituto Patmos dijo que este martes la esposa del líder de la iglesia Monte de Sion se dirigirá al centro penitenciario, para intentar conocer de primera mano lo que está ocurriendo.
“Marilidegnis, está tratando de ir hoy a la prisión ahí en La Caoba, para cerciorarse por sí misma y, si es posible, exigir ver a Lorenzo, y asegurarse de que realmente por fin le acaben de hacer un análisis médico. Nosotros pensábamos que cuando el pastor pasó a lo que se llama la mínima, pues iba a tener un respiro", agregó el activista de derechos humanos.
Las fotografías de la violenta detención del pastor muestran la intervención de agentes de la policía y de las Boinas Negras, tropas élite de las Fuerzas Armadas de Cuba.
Luego fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, en medio de pésimas condiciones, según denunciaron anteriormente el propio prisionero y sus familiares.
"Recordemos que incluso la detención de él, justo cuando lo trasladaban hasta la cárcel de Boniato durante una madrugada, fue torturado en el camino, fue golpeado. Hasta el día de hoy sigue padeciendo por algunas piezas de sus dientes, que le desprendieron muelas y demás”, recordó el director del Instituto Patmos.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias también instó a Cuba a realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Rosales Fajardo y a adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.
En el documento fechado el 16 de febrero de 2024 y hecho público esta semana, el Grupo de Trabajo dictaminó que la privación de libertad del líder evangélico contraviene nueve artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que su arresto y detención se ha debido, esencialmente, "al ejercicio pacífico de su derecho a la reunión y asociación, así como de su libertad de opinión y de expresión, y el ejercicio de su fe".
CIDH destaca violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba en su informe de 2023
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, considera que en Cuba existen "violaciones graves" de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa.
“Esto se basa en tres razones estructurales: 1) continuidad de un modelo político de partido único; 2) concentración de facultades y poderes para la conducción de los asuntos públicos; 3) subordinación de la administración de la justicia al poder politico”, detalla el más reciente informe del organismo, correspondiente a 2023.
Al evaluar la situación de derechos humanos en la isla, la CIDH decidió incorporar a Cuba en el capítulo IV-B, dado que considera que en el país se violan los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana.
La Comisión observó que, aunque la ley permita la libre participación política de las personas ciudadanas, “el Partido Comunista seguiría regulando, controlando y dirigiendo los procesos electorales ”.
“Las personas defensoras de derechos humanos en Cuba enfrentan persistentemente actos de hostigamiento, vulneraciones arbitrarias al derecho a la libre circulación, la libertad, seguridad e integridad personal”, explicaron.
Asimismo, señalaron que las autoridades del Estado continúan realizando detenciones arbitrarias con el fin de obstruir sus actividades o imponiéndoles multas como forma de disuadirlas. “En Cuba, no existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, se observa que estas actividades se desarrollan bajo un ambiente hostil, que se caracteriza por actos de intimidación y hostigamientos por parte de autoridades estatales y la sujeción a procesos penales injustificados".
La CIDH reiteró el llamado al Estado “para adoptar medidas efectivas a fin de garantizar y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y demás líderes sociales” y le urgió abstenerse “de realizar acciones que interfieran arbitrariamente en el ejercicio de los derechos humanos relacionados con el espacio cívico, así como a garantizar un ambiente propicio" para ello.
El informe reiteró la preocupación de organismo por los presos políticos que cumplen condenas en las cárceles, "ante la ausencia de datos oficiales actualizados sobre la situación de esta población, la elevada tasa de encarcelamiento, las deplorables condiciones de detención que caracterizan las prisiones cubanas, y el empleo de prácticas de tortura y malos tratos”.
Los arrestos domiciliarios, las citaciones y detenciones de periodistas y comunicadores, destacaron, continúan siendo una de las principales tácticas utilizadas por el gobierno para intimidarlos o como forma de inhibir el ejercicio periodístico independiente y crítico
En cuanto a los derechos humanos de las mujeres, la Comisión mostró su preocupación por "hechos de acoso, intimidación y persecución que sufren las defensoras de derechos humanos, así como los desafíos adicionales que enfrentan las que se encuentran privadas de libertad”.
“La Comisión lamenta que el Estado aún no haya ratificado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, principalmente instrumento regional de protección de los derechos de las mujeres. En la misma línea, preocupa la ausencia de legislación especializada para combatir la violencia contra las mujeres en el país”, dijo la CIDH
Por otra parte, la organización reiteró su interés de realizar una visita a Cuba, a modo de iniciar el acercamiento y el diálogo con el Estado, y así brindar el apoyo técnico en materia de derechos humanos en aras de promover el respeto y garantía de los derechos humanos.
El documento, que llamó al levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba “debido a sus impactos en la población", destacó que este no exime al gobierno “de cumplir con sus obligaciones internacionales, ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana de los Derechos Humanos”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
"Están matando de hambre a los presos", condenados por el 11J denuncian condiciones carcelarias
Presos políticos de las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 de la barriada de la Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, condenados por el delito de sedición, denunciaron las precarias condiciones y los abusos que enfrentan en la prisión Combinado del Este, en La Habana.
En comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Roberto Ferrer Gener, con 15 años de sentencia, de 52 años de edad, advirtió que no se le está permitiendo la entrada de alimentos ni de medicamentos.
“Estoy con el tema de la presión, un dolor de cabeza, y problemas de la acidez producto del alimento”, explicó el preso político.
Por su parte José Luis Castillo de la Torre, de 60 años de edad, con condena de 11 años, señala que es diabético, hipertenso y asmático y no le están dando los medicamentos.
“Esto está aquí que no hay ni una pastilla, me habían echado 25 y me bajaron ahora a 11 años. Las chinches me hacen un daño, me tienen lleno de granos, cada vez que te pica, se te infecta”, dijo Castillo de la Torre.
Mientras que su hijo José Luis Castillo Bolaños, también cumple 10 años de condena, en pésimas condiciones en ese centro penitenciario, donde no recibe ni visitas familiares.
“Mayormente para el asma, nosotros no recibimos saco, ni visita, yo si no tengo nada que perder ya porque yo perdí a mi mamá estando ya preso, ella era la que venía a vernos a mí y a mi papá, pueden venir y ver la tarjeta mía que no viene nadie a una visita mía hace más de dos años, ni visitas ni sacos, ni nada”, relató Castillo Bolaños.
El abogado Juan Carlos González Leyva, que preside el Consejo de Relatores, llama la atención sobre la situación de Luis Alberto López Marrero, de 28 años de edad con sentencia de 11 años y 4 meses.
“Se encuentra en una galera de la prisión Combinado del Este, padeciendo la hambruna, malos tratos por parte de la Seguridad del Estado y los carceleros, y la carencia de todo tipo de derechos. Marrero fue acusado por la Seguridad del Estado de un delito de sedición, no estaba integrado a ninguna organización disidente, y su casa está en Arroyo Naranjo, La Habana”, reportó González Leyva.
Finalmente, en lamentables condiciones se encuentra el preso del 11J, Levys González Piedra, en un campamento de trabajo forzado en Bayamo, a donde fue trasladado desde la carbonera donde laboraba.
Allí se plantó en protesta por las malas condiciones de vida y de trabajo.
El condenado a cinco años de cárcel por los delitos de atentado y desacato por su participación en la manifestación del poblado de Bayamo denunció su situación: “Yo estaba en el carbón, pasando un hambre allí en el monte, que no había ni medicamentos ni nada, yo tuve el problema ese del carbón porque ya no aguantaba más, están matando a los presos de hambre".
"Allí hasta el oficial ese le metía bofetadas a los presos, no pude soportar eso y allí me moleste, les dije abusadores, explotadores, rápido me mandaron una patrulla y me trasladaron para acá, y ahora estoy trabajando para la construcción, limpieza, agricultura, hay de todo allí, el hambre es dura", declaró el preso político.
En el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de Cuba, la delegación de La Habana afirmó que "la mejora del sistema penitenciario cubano seguía siendo una prioridad y que se habían adoptado numerosas medidas para garantizar unas condiciones de vida dignas, de conformidad con las normas internacionales".
Informe revela secretismo en las elecciones municipales en Cuba
A lo largo de los primeros meses de 2024, tuvieron lugar en Cuba numerosas elecciones para cubrir vacantes en las Asambleas Municipales del Poder Popular, en un proceso electoral poco transparente, revela un informe de Transparencia Electoral publicado por DemoAmLat.
Entre enero y febrero de 2024 se reportó la realización de numerosas elecciones para cubrir escaños municipales, sin poner a disposición del público los reportes de las asambleas de nominación que especifiquen lugar, fecha y hora; nombres y apellidos de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción que actuaron en la asamblea; número de electores del área y número de los asistentes; candidatos que fueron propuestos, con expresión de sus nombres y apellidos, así como de cada uno de ellos, su edad, sexo, estado civil, último grado de escolaridad vencido, estudios que realiza, calificación profesional, ocupación actual, organizaciones a las que pertenece, lugar de su residencia y número de votos obtenidos; nombres y apellidos del candidato nominado y constancia de que aceptó la nominación; y firmas de los miembros de la Comisión Electoral de Circunscripción y del candidato nominado.
"La organización de las votaciones fue aún más opaca: no hubo prácticamente aviso previo, no se reportó una campaña para pedir el voto en los medios de comunicación, ni tampoco la legalmente obligatoria publicación de las biografías de los candidatos (confeccionadas por las Comisiones de Candidaturas) para su distribución a la vista del público. En última instancia, el único reporte de que estos procesos tuvieron lugar se vio en las publicaciones en redes sociales por parte del ente electoral durante la realización de la votación misma y después, sin que siquiera se reportaran los resultados", denuncia la investigación.
El Consejo Electoral Nacional (CEN) en Cuba incurrió en "graves deficiencias en cuanto a la transparencia, la independencia y la legitimidad de los procesos electorales".
Entre los múltiples errores en este proceso el informe destaca la llamada "influencia vertical del régimen sobre la gestión electoral", por la falta de separación entre el Estado, el Partido Comunista de Cuba y las autoridades electorales. También la falta de observación electoral independiente, de libertades políticas durante los procesos electorales y de transparencia en la comunicación sobre las vacantes producidas y los procesos electorales subsiguientes.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia aumento de la represión tras protestas del 17M
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció un aumento de las acciones represivas en el mes de marzo contra intelectuales y periodistas independientes en la isla y miembros de la sociedad civil en general.
“Nos preocupa, tremendamente, el aumento de la represión que se está viendo en las últimas semanas, incluso con el empleo de violencia en contra de académicos, activistas, prisioneros políticos y periodistas independientes”, indicó a Martí Noticias Yaxis Cires, director de Estrategias de la entidad con sede en Madrid, España.
“Nos unimos a la preocupación que manifiesta la iglesia en cuanto a la gravedad de la situación socioeconómica del país. En ningún caso la respuesta está en la represión y la violación a los derechos humanos", dijo Cires e hizo referencia a la importancia de que se produzcan "cambios políticos, económicos y sociales" que garanticen al pueblo "desarrollar su vida en libertad y con prosperidad”.
A finales de marzo, la Seguridad del Estado citó y amenazó con encarcelar al secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), el preso político en licencia extrapenal Iván Hernández Carrillo, por “poner en peligro el orden constitucional y mercenarismo”.
Asimismo, sucedió con el ex preso político Luis Darién Reyes Romero, intimidado con una pistola en plena calle de La Habana Vieja por un agente vestido de civil.
El Observatorio también resaltó los casos de los periodistas independientes José Luis Tan Estrada, multado con 3,000 pesos por “violar el Decreto Ley 370” y de Camila Acosta detenida el domingo en Cárdenas, provincia de Matanzas, cuando se dirigía a visitar a familiares de presos políticos.
“No hablaron conmigo, no me dieron explicación, simplemente me montaron en la patrulla en Cárdenas y me dijeron que me mandaban para La Habana”, señaló Acosta tras ser liberada.
Otro de los casos recientes fue el arresto arbitrario de la académica Alina Bárbara López Hernández, a quien le diagnosticaron una “luxación humeral derecha (esguince del hombro derecho)” y una “subluxación en el pulgar de la mano izquierda”.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó, recientemente, que la represión en Cuba repuntó durante el mes de marzo, principalmente luego de las protestas del día 17.
La organización detalló que, en el transcurso del mes, se registraron un total de 374 hechos represivos, casi cien más que las ocurridas durante febrero.
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