La incorporación de instalaciones de Cimex, perteneciente al conglomerado militar cubano GAESA, a una oferta de arrendamiento al sector privado ha suscitado cuestionamientos sobre el origen del capital de los posibles beneficiarios, la viabilidad de los negocios y las garantías para sus trabajadores.
La Sucursal Habana Oeste de Cimex puso en licitación 16 instalaciones, entre ellas Tiendas Panamericanas, kioscos y puntos de comida rápida. La oferta de la corporación incluye también la fábrica de helados BimBom y la panadería Dola Nelly, en Holguín.
Estas propuestas se suman a un proceso impulsado por el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), al amparo de la Resolución 40 de 2022, que comprende el arrendamiento de 133 establecimientos de gastronomía y 41 de servicios en La Habana. Para tramitar las solicitudes se estableció un plazo de 30 días.
En entrevista con Martí Noticias, el consultor estratégico de mipymes Ángel Marcelo Rodríguez Pita, residente en España, vinculó estas iniciativas con lo que describió como una reorganización gradual de los activos de GAESA.
“A GAESA la han ido desarticulando gradualmente… pasan sus activos hacia distintos ministerios y estos ministerios hacia distintas empresas. El trasvase no sucede directo desde la empresa de GAESA hacia el sector privado”, afirmó.
El consultor sostuvo que esa reorganización beneficia a personas que actúan como intermediarias de los intereses del poder. Sin identificar beneficiarios concretos de estas licitaciones, aseguró que las medidas contribuyen a concentrar la riqueza en un grupo reducido.
“¿Quién se beneficia? Se benefician los testaferros”, dijo.
Rodríguez Pita también cuestionó los mecanismos para verificar la procedencia del dinero de quienes aspiran a administrar los establecimientos.
“Hay que hacer la debida diligencia. ¿Quiénes son esos privados, de dónde sale el capital originario?”, planteó.
A las dudas sobre la transparencia añadió las dificultades para mantener los negocios en funcionamiento en medio de la escasez de insumos. Según explicó, estos establecimientos dependían de cadenas de suministro sustentadas en buena medida en las importaciones.
“¿Dónde están esos productos que pudieran sostener la gastronomía de esas instituciones y las ofertas recreativas culturales? Es un país donde no hay prácticamente nada”, señaló.
El arrendamiento también abre interrogantes sobre el futuro de los empleados estatales, advirtió el consultor, quien cuestionó qué protección tendrán bajo una nueva administración.
“El problema es más para el empleado, porque el empleado queda en el aire. ¿Qué seguridad tiene ese empleado? ¿Cómo queda protegido ante esa nueva administración?”, preguntó.
Rodríguez Pita consideró que podrían producirse despidos, aunque reconoció que ese resultado aún no está definido.
Las licitaciones se suman a otras iniciativas gubernamentales para el comercio, como los llamados mercados de barrio destinados a la venta de alimentos.
El economista Elías Amor cuestionó los resultados de ese esquema y sostuvo que no ha resuelto los problemas de precios, abastecimiento y calidad del servicio.
“Los mercados de barrio no consiguen vender a precios baratos ni tienen surtido, no facilitan las operaciones electrónicas”, afirmó.
Según Amor, las quejas de los consumidores también abarcan la calidad de los productos y la atención. El economista defendió el desarrollo de un sector comercial basado en supermercados e hipermercados como vía para mejorar su funcionamiento.
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