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Venezuela

Caracas provee pasaportes para blanquear dinero en Andorra

Dólares estadounidenses.
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El responsable de la Secretaría de la Presidencia de Hugo Chávez tramitó la documentación de Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Gil Yáñez, que estuvieron en prisión por distintos delitos.

Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a funcionarios vinculados con su Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo el uso de valijas para transferir dinero a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA), según publica el diario español El Mundo.

Un operativo del grupo antiblanqueo de la Policía andorrana, realizado entre los años 2010 y 2012, denominado "Operación Crudo", advierte que estas personas utilizaron la entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas.

El informe policial implica a los funcionarios Julio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, ambos del departamento que dirigía Nelson Merentes, quien fuera Ministro de Economía venezolano desde 2004 a 2008, quien actualmente preside el Banco Central de Venezuela.

En los pasaportes diplomáticos consignados, emitidos el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana, ambos funcionarios se presentaban como "asesores del ministro de Economía y Finanzas".

Los dos presuntos asesores tienen antecedentes penales. Hernández había sido condenado por la justicia venezolana por tráfico de heroína en 2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en 2010 por intento de robo de un avión.

Un funcionario de la Cancillería venezolana, que pidió mantener su anonimato, advirtió que durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) era frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros. Las solicitudes generalmente llegaban desde Miraflores y de la Secretaría de la Presidencia. Estos documentos se aprobaban porque era una orden del Presidente de la República, explica una fuente citada por el diario.

La Dirección de Inmunidades y Privilegios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela es la dependencia que autoriza la emisión de pasaportes diplomáticos. El decreto que regula la emisión de estos documentos en Venezuela está vigente desde 1974.

La figura de "asesor de ministro" no aparece entre los 12 cargos que tienen derecho a recibir un pasaporte diplomático. Sin embargo, el Reglamento de Pasaportes faculta al despacho de Relaciones Exteriores a otorgar pasaportes diplomáticos a otras personas "cuando así lo ordene el presidente".

Una fuente confirmó que los documentos habían sido tramitados a través de la Secretaría de la Presidencia.

Dicho esto, fue la detención del comisario Norman Danilo Puerta Valera, exjefe de la División Contra Drogas de la policía científica de Venezuela, la que desencadenó la investigación y destapó la relación existente entre Venezuela y la Banca Privada de Andorra.

Puerta Valera fue detenido el 7 de junio de 2010 por un presunto delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y tenía una cuenta en el banco andorrano con $1.4 millones, abierta en 2006 en una oficina instalada en Caracas.

Según el informe policial, Tulio Antonio Hernández Fernández transfirió grandes sumas de dinero a varias cuentas abiertas en la BPA. Al menos dos de esas cuentas estaban registradas a nombre del comisario Puerta Valera, que declaró ante las autoridades que el saldo de $1.4 millones procedía de transacciones por venta de ganado en Venezuela, así como sus respectivas prestaciones sociales.

Hernández Fernández y Gil Yánez llevaban a Andorra maletasvía valija diplomática– llenas de dinero en efectivo, que repartían en distintas cuentas en la BPA. No obstante, el expediente de las autoridades andorranas advierte que Hernández Fernández nunca viajó al Principado. "Se desplaza su mujer y gerente de la sociedad United Consulters de Venezuela. Este señor abre dos cuentas denominadas Crown Investors y Central Togo. Las sociedades son compradas a través de BPA Serveis a un despacho en Panamá", según consta en el informe.

Tulio Hernández fue detenido en 1999, junto a otros cuatro venezolanos, tras serle incautados 1.4 kilos de heroína. La Fiscalía venezolana le imputó cargos por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En el juicio admitió los hechos. Fue condenado a siete años y seis meses de prisión, pero estuvo sólo 11 meses y 11 días. La jueza del caso, Luisa Rojas de Isea, le permitió cumplir la pena en libertad bajo un régimen de presentación que se extendió hasta 2008. Hernández Fernández estaba cumpliendo una condena en libertad por tráfico de drogas cuando recibió el pasaporte diplomático.

En cuanto a Gil Yáñez, en el informe de la Unidad Antiblanqueo de Andorra aparece como accionista y director de la sociedad mercantil Pepperpot, creada en 1997 e inscrita en 2009 en el Registro Mercantil 5to. de Caracas. Esta compañía, con sede en el exclusivo Centro Empresarial La Lagunita de la capital venezolana, enunciaba entre sus servicios y actividades la construcción y remodelación de inmuebles, aunque en la práctica actuaba como un "banco de segundo piso", una entidad que facilitaba transacciones y permutas en moneda extranjera.

De acuerdo con la información que consta en la investigación, Norman Puerta entregaba dinero en bolívares a Gil Yáñez en Venezuela y este se encargaba de ingresar el contravalor en euros en la cuenta en Andorra. "Suponemos que Gil cobraba una tarifa por la gestión, pero BPA no participaba de esta operación", reseña el informe.

El 4 de diciembre de 2010, Gabriel Gil fue acusado por el robo de una avioneta en el aeropuerto Óscar Machado Zuloaga de la localidad de Charallave, a 28 kilómetros de Caracas. Permaneció tres años detenido en la cárcel de Yare III por los delitos de apoderamiento ilegítimo de aeronave en grado de frustración, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir. Quedó en libertad en 2014, después de cumplir su condena. Nunca recibió la medida cautelar que solicitó en reiteradas ocasiones.

En el documento de la Unidad Antiblanqueo de Andorra consta que debido al elevado importe de los ingresos en efectivo que realizaban ambos "asesores" –llegó hasta $2.5 millones–, la Banca Privada de Andorra les informó que no podían continuar con esas operaciones, razón por la que ambos acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias. "Aún así, la escasa información que se recibe de los clientes y la opacidad con la que trabajan ocasiona la declaración de sospecha presentada por BPA ante las autoridades de Andorra", según el informe.

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Presentan informe ante la Corte Penal Internacional sobre la participación de Cuba en crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Vista del exterior de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda. (AP/Peter Dejong, Archivo)
Vista del exterior de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda. (AP/Peter Dejong, Archivo)

La abogada venezolana Tamara Suju entregó esta semana a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) un informe sobre la intervención del régimen cubano en la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en su país.

“Hemos cumplido con el mandato de las víctimas que quieren que se haga justicia en sus casos”, dijo la también activista por los derechos humanos y aclaró que el informe contiene una petición para se incluya al estado cubano en investigación que la Fiscalia realiza por el caso Venezuela I.

Suju compartió un video en vivo desde La Haya, sede del organismo, en el que habla de importancia de “recuperar a Venezuela”.

“Los cubanos no solamente han formado y han sido parte de la planificación, sino que han inducido dichos crímenes con su participación directa o indirecta. Nosotros necesitamos recuperar a Venezuela, necesitamos recuperar nuestra soberanía y de todos aquellos agentes y organizaciones paramilitares que están invadiendo nuestro territorio... Necesitamos recuperar además de nuestra democracia, a nuestras instituciones y nuestra dignidad”.

En el video aprovechó además para enviarle un "mensaje de esperanza" a los cubanos. "Hoy podría abrirse una ventana para un pueblo que ha sido oprimido terriblemente desde hace muchos años, para esos presos políticos, para esos perseguidos, que no han tenido forma de acudir a la justicia internacional. Aquí podría abrirse una puerta hoy para buscar la justicia contra dichos crímenes".

Venezuela es el primer país de América Latina que enfrenta una investigación formal en la CPI, luego de que el fiscal británico Karim Khan anunciara la apertura del caso conocido como "Venezuela I", por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro.

En septiembre de 2022, la Misión Independiente de Verificación de los Hechos presentó ante Naciones Unidas un informe en el que detallan cómo el régimen de Maduro tuvo asesoría de La Habana para la ejecución de dichos crímenes.

Según el documento, exfuncionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) aseguran que "agentes del Estado cubano han instruido, asesorado y participado en actividades de inteligencia y contrainteligencia con la DGCIM", organización que, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), ha estado involucrada en la represión.

El año pasado, el gobierno de Maduro apeló un fallo a favor de reanudar la investigación, bajo el argumento de que debía respetarse el principio de "complementariedad", pero los jueces aprobaron que la Fiscalía de la CPI reanude las indagaciones.

Tamara Suju es la directora ejecutiva de CASLA, organización pro derechos humanos y vigilantes del estado de la democracia en Latinoamérica que ha logrado identificar a torturadores y personas dentro de los aparatos de seguridad e inteligencia responsables de las torturas a presos políticos en Venezuela.

Régimen de Maduro arresta a otros dos miembros del equipo de María Corina y dice que va a por más detenidos

María Corina Machado se presenta en la sede de su partido tras las detenciones de otros miembros de su equipo el 20 de marzo de 2024. "Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia", denunció.
María Corina Machado se presenta en la sede de su partido tras las detenciones de otros miembros de su equipo el 20 de marzo de 2024. "Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia", denunció.

A cuatro meses de celebrarse las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el próximo 28 de julio, otros dos miembros del equipo de campaña de María Corina Machado fueron arrestados este miércoles en Caracas por las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.

Con las detenciones en plena calle de Henry Alviares y Dignora Hernández, suman ocho los colaboradores de la principal opositora del chavismo y pudieran ser más, según amenazan los funcionarios del régimen.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que estas dos personas habían sido detenidas: “Ahora no vengan a decir que ambos eran pacifistas que estaban con una flor en la plaza Bolívar marchando. Todo lo contrario (...) ¿Va a salir ahora la oficina del Alto Comisionado de la ONU o las ONG estas financiadas por la USAID con millones de dólares a decir que estas personas detenidas con una orden de aprehensión van a decir que son desapariciones forzadas?”.

Desde el pasado 23 de enero se encuentran detenidos los coordinadores regionales Luis Camacaro (Yaracuy), Juan Freites (La Guaira) y Guillermo López (Trujillo). El 8 de marzo, en tanto, fue arrestado Emill Brandt Ulloa, coordinador en Barinas, y esta misma semana Joe Villamizar, coordinador del municipio Girardot del estado Aragua.

Saab dijo que ya habían emitido las órdenes de aprehensión contra Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, y Magalli Meda, también miembros del equipo electoral de Vente Venezuela.

"Estas acciones cobardes pretenden cerrar el camino de Venezuela hacia el cambio y la libertad en paz y democracia. Venezolanos, les pido fortaleza y coraje en estos momentos difíciles. Hoy, más que nunca, necesitamos estar unidos y firmes para seguir avanzando hacia nuestros objetivos", pidió la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela.

Por otra parte, políticos y analistas advirtieron que Maduro además está bloqueando la posible postulación de candidatos que pudieran sustituir a Machado.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmó que César Pérez Vivas, ex gobernador de Táchira, y Juan Pablo Guanipa, diputado electo en 2015, tienen una prohibición para ejercer cargos o función pública.

Guanipa dijo a la Voz de América que las inhabilitaciones son el arma de la cobardía y el abuso de un régimen dictatorial.

Según el politólogo John Magdaleno, hay al menos dos mil políticos inhabilitados para funciones públicas en Venezuela, y seguramente habrá nuevas inhabilitaciones exprés.

Maduro se anunció días atrás como candidato oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela. De triunfar en los comicios de julio, garantiza su tercer mandato consecutivo.

Elecciones presidenciales de Venezuela serán el 28 de julio, día del cumpleaños de Hugo Chávez

Un elector ejerce su derecho al voto en Caracas, Venezuela, durante una simulación de los comicios presidenciales. ( Federico Parra/AFP/ Archivo)
Un elector ejerce su derecho al voto en Caracas, Venezuela, durante una simulación de los comicios presidenciales. ( Federico Parra/AFP/ Archivo)

La fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela será el próximo 28 de julio, informó este martes el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Está previsto que el actual mandatario, Nicolás Maduro, aspire a la reelección en unos comicios sin adversarios fuertes, mientras la candidata favorita de la oposición, María Corina Machado, permanece inhabilitada por decisión de su gobierno.

Elvis Amoroso, presidente del CNE, dijo que la fecha de los comicios, que coincide con el cumpleaños del fallecido expresidente Hugo Chávez, fue aprobada de forma unánime por el Consejo.

La semana pasada, la Asamblea Nacional de Venezuela, en control del oficialismo, entregó al CNE un documento que detallaba las condiciones de las elecciones presidenciales, pero este no fue suscrito por la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora.

Machado, la principal candidata de esa coalición pero inhabilitada desde junio de 2023 por el gobierno de Maduro para ejercer cargos públicos durante 15 años, recibió el apoyo de Estados Unidos tras ganar en octubre de 2023 las primarias de la oposición con más del 90% de los votos.

Un reporte de Associated Press señala que, consultado por el anuncio del CNE, el equipo de prensa de Machado descartó que vaya a dar declaraciones.

Según la Contraloría, la candidata opositora participó en una trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 cuando encabezaba la Asamblea Nacional. No se presentaron pruebas en su contra.

A finales de enero de este año, la inhabilitación de Machado fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. La candidata se niega a aceptar la resolución.


Según el cronograma aprobado por el CNE, las candidaturas podrán presentarse entre el 21 y 25 de marzo, y la campaña irá desde el 4 al 25 de julio, mientras que los votantes deberán registrarse entre el 18 de marzo y el 16 de abril.

La elección del 28 de julio para la realización de los comicios, subraya el reporte de AP, permite al gobierno de Maduro cumplir con una parte del acuerdo de Barbados, suscrito con la oposición y el gobierno de Estados Unidos en octubre pasado, que exigía que las elecciones presidenciales tuvieran lugar en el segundo semestre de 2024.

Otros puntos del acuerdo incluyen la elaboración de un plan que propicie las condiciones políticas para la realización de elecciones libres y democráticas, pero con inhabilitación de Machado y otros candidatos de la oposición, entre otras irregularidades, las voces críticas señalan que el gobierno de Nicolás Maduro no ha ofrecido aún esas garantías.

A finales de enero, el gobierno estadounidense anunció que revisaría el acuerdo y retomó algunas de las sanciones económicas impuestas a la administración de Maduro.

Periodistas alertan sobre plan del chavismo de instaurar un "Estado Mayor de la Comunicación"

Nicolás Maduro en un acto político en Caracas el 29 de febrero de 2024. Periodistas venezolanos han denunciado que su gobierno busca el control absoluto de los medios de prensa.
Nicolás Maduro en un acto político en Caracas el 29 de febrero de 2024. Periodistas venezolanos han denunciado que su gobierno busca el control absoluto de los medios de prensa.

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela alertó sobre el peligro de que el régimen chavista instaure el denominado "Estado Mayor de la Comunicación", que conduciría al dominio absoluto de los medios de prensa en ese país, durante un contexto electoral.

La entidad que acoge a casi 27 mil periodistas rechazó el plan anunciado por el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Fredyy Ñáñez de crear esta estructura militar para conseguir "la integración, tanto de los comunicadores sociales, populares, claps (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), medios alternativos y comunitarios con el Ministerio de Comunicación e Información a fin de facilitar los enlaces interinstitucionales".

De acuerdo a este funcionario, es necesaria la modernización de las leyes para conseguir una «transformación y recuperación de la identidad nacional".

El Colegio Nacional de Periodistas destacó que este plan se da cuando Venezuela se encamina a celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.

"El ecosistema de medios del país se encuentra reducido al mínimo, con el cierre sistemático de cientos de estaciones de radio y de programas de opinión, la desaparición práctica de la prensa escrita a partir de maniobras de asignación de papel periódico y de otros insumos, de persecución y criminalización de reporteros y comentaristas que investigan sobre irregularidades gubernamentales, del bloqueo constante a páginas de Internet cuando se muestran críticas a la actuación del régimen, de la censura como norma, de la opacidad de las instituciones nacionales a la hora de ofrecer los datos de su gestión pública y de la aprobación de una ley que regula de manera ilegítima las organizaciones no gubernamentales donde la sociedad civil hace vida, entre otras tantas maneras de control total sobre el hecho comunicacional y periodístico", denunció el colegio.

La declaración del gremio de periodistas consideró que esta nueva maniobra consolida "la hegemonía comunicacional estatal" que ha sumido "en el silencio periodístico a una buena parte del país".

El comunicado criticó la instauración de un organismo de inspiración militar "aplicado al pensamiento y la cultura, a la libre circulación de las ideas y a derechos fundamentales del hombre como lo son el de la libre expresión, el acceso a la información, a la creación artística, a la libertad de cátedra y de asociación".

Venezuela acusa a Rocío San Miguel de ser espía

Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una conferencia de prensa el 19 de febrero de 2024 en Caracas, para dar a conocer acusación contra la activista Rocío San Miguel. (AP/Ariana Cubillos).
Fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en una conferencia de prensa el 19 de febrero de 2024 en Caracas, para dar a conocer acusación contra la activista Rocío San Miguel. (AP/Ariana Cubillos).

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó este lunes a la activista de derechos humanos y abogada especialista en asuntos militares Rocío San Miguel de ser “espía” y de compartir información de seguridad nacional con un embajador extranjero.

Saab aseguró en una conferencia de prensa en Caracas que San Miguel tenía en su poder 18 mapas cartográficos donde se detallaban varias instalaciones militares y sus respectivas zonas de seguridad. El funcionario dijo que esa información habría sido obtenida con colaboración militar y resaltó que la demarcación de ese tipo de zonas son consideradas datos de inteligencia reservados al Estado.

El fiscal dijo que el número telefónico de San Miguel estaba en la lista de contactos de militares que lideraban la llamada Operación Brazalete Blanco, que, según las autoridades venezolanas, pretendía atentar contra el presidente Nicolás Maduro y generar caos en el país, y dijo que San Miguel fungía como espía "a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional".

San Miguel fue detenida la semana pasada e imputada por los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.

Saab dijo que poseer mapas y las gacetas oficiales donde se crearon las zonas de seguridad es una cuestión pública, aunque dijo considerar que su acumulación sistemática es parte de “un trabajo de inteligencia sostenido”.

Saab también cuestionó que la prensa se refiera a San Miguel como una activista de derechos humanos. “La actividad de Rocío San Miguel era ajena a los derechos humanos. Su ONG es una fachada para hablar en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso hay declaraciones de ella pidiendo sanciones contra el Estado”, añadió.

Saab dijo que San Miguel tenía perfiles, listas y comunicaciones sobre el Alto Mando militar, y la acusó de ser “una agente” a la que le habría hecho varios pagos en dólares una trasnacional petrolera, uno de ellos por presuntamente hacer un análisis de entorno de una instalación militar en Venezuela.

Según Saab, San Miguel “le entregó información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento del sistema de defensa antiaéreo”, y dijo que la activista tuvo reuniones con diplomáticos de al menos cuatro países, aunque no mencionó cuáles.

También aseguró que su despacho pudo constar reuniones de San Miguel en Europa y Estados Unidos con funcionarios militares para presuntamente transmitir información, y acusó a San Miguel de preparar un protocolo para “esconder” sus equipos electrónicos si era detenida.

San Miguel es presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, especializada en leyes y compras militares.

Gobiernos extranjeros y organismos multilaterales, entre ellos la oficina del Alto Comisionario para los derechos humanos de las Naciones Unidas, expresaron su preocupación por la detención de San Miguel y exigieron su liberación inmediata.

El exfiscal Zair Mundaray ironizó en redes sociales que los mapas “ahora son objetos de ilícita tenencia” y que “se crea el delito de porte ilícito de mapas”, a raíz de las acusaciones.

Su hija pudo verla, se dice inocente

Este lunes, nueve días luego de su detención, San Miguel pudo ser visitada por su hija Miranda en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en El Helicoide, en Caracas, informó el abogado Joel García.

“A pesar de la injusta privación de su libertad, [San Miguel] se encuentra fortalecida y muy confiada de su inocencia. [Dice] que no existe nada que la comprometa en los delitos que les imputan”, indicó el jurista en la red social X.

El abogado Juan Carlos González precisó que San Miguel pudo compartir con su hija “por cerca de tres horas”.

“Reitera su inocencia, fuerte en sus convicciones, y reclama que no se le ha permitido designar abogados de su confianza”, escribió en sus redes sociales.

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