Cuba
- Rolando Cartaya
- Iván López
Amnistía Internacional: Díaz-Canel continúa represión en Cuba
La nueva constitución cubana termina limitando los derechos que pretende proteger, señaló en entrevista EXCLUSIVA para Radio Televisión Martí la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
El nombre de Erika Guevara Rosas es familiar y esperanzador para quienes en el continente americano intentan defender sus derechos y libertades frente a los abusos de Estados avasalladores y sus agentes.
Los medios suelen buscar el comentario de Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, cada vez que en esta mitad del mundo se suscitan noticias que hunden sus raíces en la situación de los derechos humanos en la región.
Y aunque los abusos en el área se extienden mucho más allá, y tienen orígenes más profundos que los hechos noticiosos y las crisis, la abogada mexicana accedió a hablar con Radio y Televisión Martí sobre varios puntos críticos del mapa hemisférico de los derechos humanos que han estado encendiendo las alarmas.
Cuba
Ustedes han reportado recientemente que entre las formas que tiene el gobierno cubano para silenciar a sus críticos está crearles causas comunes y acusarlos por ellas. ¿Qué evidencias han tenido a través de los años para llegar a esta conclusión?
Sin duda alguna el sistema represivo del gobierno cubano se ha tenido que ir transformando y modificando al paso de los años, por un lado, por el nivel de presión internacional que existe sobre Cuba a través de los mecanismos internacionales y regionales que le exigen al gobierno una rendición de cuentas ante sus obligaciones en materia de derechos humanos; pero por otro lado, y yo diría que es lo más importante, ya se ha generado una presión interna de personas que valientemente se constituyen como defensoras de los derechos humanos, periodistas críticos y alternativos que dan visibilidad a lo que ocurre en Cuba. Y eso ha forzado a las autoridades a ir transformando su red de represión de diferentes formas.
Y lo que nosotros hemos venido documentando en los últimos años es precisamente un cambio en las formas de criminalización contra los activistas defensores de los derechos humanos, pero también contra la población en general; y una son estas detenciones arbitrarias cortas que tienen la intencionalidad de persuadir a aquellas personas que de alguna forma están manifestando oposición a las políticas de Estado o simplemente están demandando el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Pero lo que hemos visto es que aquellas personas que ocupan un liderazgo particular, o inclusive espontáneo, en la defensa de derechos humanos se convierten en enemigos del Estado, y así son tratados por esta red de represión del gobierno, ahora liderado por el presidente Díaz-Canel. Y en muchos casos hemos podido documentar situaciones de criminalización, es decir, del uso indebido de la justicia para acusar a personas, además, de delitos que constituyen todavía parte de la ley cubana, como los de peligrosidad, cuestiones tan arcaicas y tan reflectivas de esta red de represión, que inclusive afectan a las personas en su habilidad de ejercer su derecho al trabajo, la educación etcétera, porque son estigmatizadas por esta criminalización, y en muchos casos terminan pasando un período importante de tiempo en prisión.
Ustedes han dado un gran apoyo a los artistas que están protestando por el Decreto-Ley 349, que prácticamente criminaliza la actividad artística libre. El señor Díaz-Canel es el responsable porque este decreto-ley se emite ya bajo su administración. Al mismo tiempo, se están tratando de introducir en un proyecto de nueva constitución algunos principios básicos de derechos humanos. Considerando que hay un cuerpo de leyes que criminalizan derechos como la libre expresión, ¿cómo ve laperspectiva de que Cuba se transforme en ese sentido?
Primero, hablar del decreto, que yo creo que es una señal en este mismo proceso de reforma constitucional.
Este Decreto 349, que ha sido publicado en la Gaceta Oficial de Cuba y entra en vigor en diciembre del 2018, efectivamente es uno de los primeros decretos firmados por Díaz-Canel en su rol de presidente de Cuba, y en virtud de él todas las personas con actividades artísticas ─colectivos artísticos, quienes se dedican a la música─ tienen que solicitar una probación del Ministerio de Cultura previa a cualquier actividad o acción relacionada con su actividad artística.
Entonces eso es un indicador de cómo sigue habiendo una esfera de represión que va desde las prácticas, porque nosotros hemos documentado en numerosas ocasiones el hostigamiento, las detenciones arbitrarias de artistas independientes en Cuba, y como esas prácticas hoy día se están formalizando en leyes, y en este caso a través del Decreto 349, que en nuestra opinión es una ley que criminaliza, censura, limita la libertad de expresión y que además intenta controlar la expresión artística para que siempre esté destinada a promover o a generar una propaganda de las propias políticas del gobierno.
Yo creo que es importante poner en contexto que este decreto constituye una forma de acoso y de persecución en contra de la expresión artística que, finalmente, constituye parte de las libertades de expresión en cualquier país.
Entonces, en este contexto no podemos dejar de ponerlo en relieve frente a este proceso de reforma constitucional que, en nuestras lecturas preliminares de las reformas propuestas, a primera vista pareciera que busca fortalecer protecciones en materia de derechos humanos. Pero que cuando uno ya empieza a mirar de manera más detallada y empieza a ver el lenguaje que se utiliza en términos de lo que se promueve proteger, encontramos que termina por un lado buscando la protección de derechos, pero por otro lado también limitarlos.
Y le voy a poner un ejemplo muy específico: por un lado la nueva constitución propone que los convenios internacionales ratificados por Cuba serán integrados en las leyes nacionales; y mientras Cuba todavía no ha ratificado una serie de convenciones importantísimas ─es cierto que sí ha ratificado convenciones como aquellas relacionadas con la violencia contra la mujer e inclusive otras para prevenir y responder a la tortura─ cuando uno lee bien el texto, y su naturaleza y espíritu, dice claramente, en la misma oración, cuando afirma que van a integrarlos a la ley local, que la constitución revisará que estas provisiones de las convenciones internacionales estén “domesticadas”, esto quiere decir, que estén en acuerdo a las provisiones de la ley nacional.
Quiere decir que tomarán en cuenta las convenciones pero tendrán que ser “tropicalizadas” en un contexto en que estén en línea con las propias leyes nacionales de Cuba. Y eso ya de por sí contraviene las obligaciones internacionales de Cuba, de que una vez que se ha ratificado un convenio, este tiene que ser parte integral de la legislación y en muchos casos es una legislación “supra”, lo que quiere decir que está por encima de las leyes locales.
Y así lo vamos leyendo en el texto: por un lado habla de protección de derechos, pero por otro lado, en la misma oración, termina limitando esos derechos y mantiene serias limitaciones a la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales que, además abre un proceso para la exigencia y el ejercicio de otros derechos fundamentales.
Recientemente, en la conclusión del Examen Periódico Universal de Cuba en Ginebra, su representante, Marianne Lilljenberg, reiteró el llamado a las autoridades cubanas a que permitan a Amnistía Internacional entrar en Cuba; y el Embajador de Cuba finalmente respondió: no le van a permitir hacerlo. ¿De qué manera cree que afecta la percepción internacional sobre Cuba esta negativa constante a permitir entrar a organizaciones internacionales e incluso a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas?
Primero, decir, que la respuesta del gobierno cubano ante las recomendaciones durante la Evaluación Periódica Universal es un indicador de la continuidad de esta nueva administración frente a todos los actos y políticas anteriores. Lamentablemente, no fue sorpresa escuchar en las palabras del embajador ante Naciones Unidas que Amnistía no es bienvenida en Cuba, siendo el único país en las Américas donde no tenemos acceso. Hemos pedido reiteradamente el acceso de la organización al país, para poder monitorear el pleno respeto de las obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos del gobierno, y nunca nos habían contestado. Así que finalmente hemos tenido una respuesta.
Pero, más importante que el acceso de Amnistía Internacional, nosotros hemos recomendado al gobierno en múltiples ocasiones, a través de las revisiones periódicas universales u otros mecanismos de Naciones Unidas o regionales, que se permita el ingreso de los monitores internacionales, es decir, de los expertos independientes, de los diferentes entes y procedimientos que existen a nivel internacional y a nivel regional precisamente para el monitoreo y la protección de derechos fundamentales. Y lamentablemente, el embajador ha dado asimismo respuesta y ha dicho que no aceptará esa recomendación. Yo creo que efectivamente esto constituye no sólo seguir marcando el aislamiento del país ante la comunidad internacional sino que también aísla a la población de la posibilidad de acceder a otros mecanismos regionales e internacionales para exigir del Estado la rendición de cuentas y, sobre todo, el pleno respeto a los derechos humanos. La imagen que deja Cuba es la imagen que siempre ha dejado ante estos mecanismos y estos espacios y foros internacionales, una imagen de cierre total, de hermetismo, y una imagen que inclusive uno podría calificar de encubrimiento de las violaciones de derechos humanos que puedan estar ocurriendo en el país.
México
El relator de la ONU dijo que había tortura generalizada en el país. ¿Ese sigue siendo el caso en México? ¿Se ha hecho algo para tratar de bajar esos niveles?
Efectivamente, sobre la tortura, que es una práctica generalizada en todo el país, con múltiples denuncias a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también de las comisiones estatales, denuncias que en muy pocos casos son investigadas por las autoridades, nosotros en Amnistía Internacional hemos hecho investigación en los últimos años.
El último informe que sacamos fue sobre la tortura sexual. Entrevistamos a cien mujeres que se encuentran encarceladas, y pudimos documentar casos de tortura en el momento de la detención. Estas mujeres están presas con la única evidencia de su testimonio, de su confesión, que fue sacada bajo tortura: tortura sexual, violencia sexual de muchos tipos, pero sobre todo violaciones que muchas veces son multitudinarias, hechas por agentes del Ejército o de la Policía Federal o estatal.
El propio Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recientemente ha publicado un informe donde se documentan casos de tortura a las personas que se encuentran acusadas y detenidas, donde se señala que esa tendencia a obtener testimonios y confesiones a través de la tortura se ha convertido en una práctica normalizada por las autoridades precisamente porque hay una total impunidad, no se investigan las denuncias, pero cuando se investigan, son nulos los casos en los que se ha traído a los perpetradores ente la Justicia.
Venezuela
Por último, sobre Venezuela: recientemente en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, cinco gobiernos latinoamericanos y Canadá pidieron al Tribunal Penal Internacional que inicie una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro ¿Qué significado tiene esto y qué perspectivas le ve a que progrese esa petición?
Sin duda alguna Venezuela está enfrentando una gravísima crisis en materia de derechos humanos, las personas allí están enfrentando un contexto de masivas violaciones de derechos humanos en todo sentido: se violan desde los derechos políticos y civiles, con una serie de detenciones arbitrarias por motivos políticos, ya sean líderes de oposición, o también personas que se ven enfrentadas a la criminalización por simplemente oponerse a políticas de manera pública a través de redes sociales.
Pero también se están violentando los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Hay una crisis humanitaria, una crisis dramática de violaciones a estos derechos, por información inclusive oficial, de los últimos años, en donde se expone información con respecto a la salud que del 2015 al 2016 se habla de un aumento en la mortalidad materna del 65 %, y de la mortalidad infantil, de más de un 30 %. Estos ya son indicadores gravísimos de la situación.
Hemos visto las imágenes dramáticas del flujo masivo de personas saliendo de Venezuela en busca de protección internacional hacia países vecinos. Solo en Colombia ya se calcula que hay 1,2 millones de personas, desde Venezuela, en necesidad de protección internacional; y todos los demás países suramericanos donde están buscando esa protección, que hoy día llega según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados a 2,3 millones de personas en los últimos cuatro años, pero hay referencias de organizaciones locales de derechos humanos que hablan de más de cuatro millones de personas en los últimos cinco años. Estamos hablando de una de las mayores y más graves crisis de refugiados, y de graves y masivas violaciones de los derechos humanos.
Y por supuesto que la Corte Penal Internacional es un espacio que de alguna manera ofrece a la población, sobre todo la venezolana, la esperanza de que pueda haber investigaciones serias sobre estas violaciones a los derechos humanos y que se puedan encontrar responsabilidades penales individuales de los líderes, incluido el presidente Maduro, frente a estas graves atrocidades cometidas en contra de la población.
Ya la fiscalía de la Corte Penal Internacional había abierto una examinación preliminar, antes de la presentación de la denuncia por estos países, y esperamos que la Corte pueda determinar, de manera urgente y lo más pronto posible, si tiene competencia para la investigación, y conocer de estas graves violaciones de derechos humanos y de los crímenes bajo el derecho internacional que se están cometiendo en Venezuela.
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Cuba se encamina hacia la zafra más pequeña de su historia
La zafra azucarera en Cuba comenzará en el mes de diciembre con la participación de sólo 25 ingenios, según fuentes oficiales, con la aspiración de lograr 350.000 toneladas métricas de azúcar.
La industria azucarera cubana, que fue por décadas la locomotora de la economía nacional, ha visto desde los 1990 el desmantelamiento de unos 100 centrales y toda la infraestructura, incluyendo un profundo impacto social con la pérdida de aproximadamente 100 mil empleos.
Conocedores sobre la temática describieron en entrevista con Martí Noticias, el escenario actual de la industria azucarera del país.
Vladimir Ríos Cruz, fue maquinista de una locomotora en el central Uruguay, uno de los más grandes del país, en Jatibonico, en la provincia de Sancti Spíritus, entre los años de 1996 y el 2002. En ese ingenio habían tres tándem de molinos y en aquel momento se producía diariamente un millón de arrobas diarias en tres turnos de trabajo.
“Yo trabajaba en el central de Jatibonico y habían 10 locomotoras por turnos, son mucha la gente que vivía de los centrales, y entonces yo no sé cómo se le ocurrió a este caballero destruir los centrales, y ya lo que queda es tristeza, es recuerdo, han destruido un país, ha destruido la idiosincrasia”, afirmó el azucarero en referencia a la determinación de Fidel Castro a inicios de los años dos mil de cerrar la mayoría de los centrales azucareros del país.
El economista Elías Amor Bravo dijo que fue un error la decisión tomada el 21 de octubre de 2002, cuando Castro anunció el cierre y desmantelamiento del 70 por ciento de los centrales del país. Así, Cuba redujo en un 50 por ciento la capacidad de producción y destinó un 60 por ciento de las tierras de la caña a otros cultivos.
“En este momento el azúcar en Europa está a los precios más altos de los últimos 10 años, si Cuba produjera 5 o 6 millones de toneladas, estaría obteniendo unos ingresos en millones de dólares espectaculares”, advirtió el académico.
En 1959, Cuba contaba con 156 ingenios azucareros y ese año la producción alcanzó los 5,6 millones de toneladas de azúcar
En la provincia de Granma hasta el año 2002 operaban 10 centrales donde se molía más de lo que se produce hoy a nivel nacional. Actualmente en el territorio solo quedan produciendo azúcar dos centrales, explicó desde Bayamo, el campesino Emiliano González.
“Imagínate tú, generalmente cuando comenzaba la zafra era una fiesta y cuando terminaba la zafra era otra fiesta, y eso ha quedado en el olvido, ahora esos lugares han quedado abandonados y los campos perdidos infestados de aroma y marabú, eso es lo que ha quedado de la industria azucarera”, dijo el agricultor.
Daniel Alfaro Frías, usufructuario en el poblado de San Antonio de los Baños, en Artemisa, acaba de hacer un recorrido por los cañaverales de la provincia.
“Es criminal, la maleza compite con la caña, una caña sin atención es imposible que crezca, esa caña tiene ya seis u ocho meses de sembrada”, destacó Alfaro Frías.
La falta de liquidez y la crisis económica ha provocado una reducción drástica de acceso a los fertilizantes y combustibles para el cultivo de la caña.
Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajete Abascal, dijo que a partir de la zafra del 70 comenzó la decadencia de la industria azucarera.
“La caña lleva abonos, lleva fumigaciones a gran escala, que antes se hacían con la aviación, ya nada de eso se hace”, explicó Ajete Abascal.
En 1970, Cuba produjo ocho millones de toneladas de azúcar, tras una intensa campaña nacional que aspiraba a lograr 10 millones.
La destrucción de la industria azucarera cubana ha provocado que las escasas tres libras de azúcar que le venden a los cubanos por la canasta básica sean importadas, afirmó la economista Martha Beatriz Roque Cabello.
“Es una cosa increíble que un país azucarero que tenía el eslogan "Sin azúcar no hay país", se ha cumplido eso... No hay azúcar, no hay país. Estos comunistas lo único que quieren es construir hoteles para traer turismo para poderse llenar los bolsillos de dinero”, enfatizó desde La Habana la economista.
Brian Nichols denuncia muerte del preso político Luis Barrios Díaz, y las "terribles condiciones" en prisiones cubanas
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que después de la muerte en Cuba del prisionero político del 11J, Luis Barrios Díaz, la comunidad internacional "debe permanecer enfocada en el tratamiento inhumano y terribles condiciones en el presidio político cubano".
"Hacemos un llamamiento al gobierno cubano para que libere a todos los presos políticos", declaró el miércoles el embajador Nichols, en un mensaje acompañado por la etiqueta, #PresosPorQué.
Luis Barrios Díaz, condenado a nueves años de prisión, murió el domingo 19 de noviembre por una bronconeumonía mientras recibía atención médica en el hospital "Salvador Allende", conocido como La Covadonga, de la capital habanera, adonde había sido trasladado dos días antes desde la prisión 1580, de San Miguel del Padrón.
El 22 de noviembre, la Embajada de Estados Unidos en Cuba también criticó la muerte de este preso político del 11J, y afirmó que nadie debe ser encarcelado en Cuba ni en ningún lugar por expresar públicamente sus opiniones políticas.
A finales de octubre, Nichols también se refirió a la situación de los presos políticos en Cuba, y pidió la libertad de dos religiosos.
"Seguimos instando a la liberación de presos políticos en Cuba, como Loreto Hernández García y el reverendo Lorenzo Rosales Fajardo, a quienes el gobierno cubano detuvo como parte de su práctica de prohibir la disidencia, incluso por expresar creencias religiosas", escribió el funcionario estadounidense.
Policía mantiene asedio contra la madre que divulgó videos de la protesta popular en Maisí (VIDEO)
Yadiuska Domínguez, quien se manifestara el domingo 22 de octubre en la comunidad La Favela, en Maisí, provincia de Guantánamo, por falta de agua y alimentos, fue citada nuevamente por agentes policiales para presentarse el jueves ante las autoridades.
Domínguez dijo a Martí Noticias que su comunidad no ha sido abastecida de agua desde la protesta que llevó a cabo junto a otras mujeres, acompañadas de sus hijos.
“Acaba de venir el Jefe de Sector (de la Policía Nacional Revolucionaria PNR) a citarme nuevamente para la policía, con el instructor que nos amenazó. Como yo estoy detenida en mi casa, que no puedo salir del municipio ni nada, no sé ellos qué quieren conmigo”, dijo Domínguez.
La joven madre de tres menores de edad recuerda que toda su actividad "contrarrevolucionaria" se limita a haber “hecho las directas de eso (la protesta en La Favela por la falta de agua) y he dicho las amenazas que ellos me han hecho, más nada”, alegó.
Domínguez aseguró que la citación fue sólo verbal: "El Jefe de Sector vino sin cita y sin nada, a decirme que mañana tenía que presentarme temprano en la Estación de Policía de Maisí".
"Yo no puedo ir sin una citación, que yo quiero una citación firmada y acuñada para yo ir a la estación", recalcó la mujer.
Respecto a la falta de agua potable, razón por la cual protestaron el 22 de octubre, Domínguez dijo a Martí Noticias: "No han repartido más agua, pero aquí no ha dejado de llover, aquí se ha pasado unos días lloviendo, gracias a eso, nos hemos beneficiado".
Tras la protesta, las autoridades de Maisí informaron a Domínguez que no podía salir de su municipio porque estaba bajo investigación policial y que podría ser imputada por los cargos de desacato, corrupción de menores y desorden público y que perdería la custodia de sus tres hijos de 9, 8 y 6 años.
A pesar de que en la protesta hubo más de una treintena de madres, Domínguez es la única que está siendo procesada: “Yo soy la única a la que se le imputan cargos porque fui la que subió los videos a las redes y todo el mundo vio lo que estaba pasando en Maisí, por eso ellos quieren hacerme pagar”, expresó.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)
Norah Jones cancela sus conciertos en La Habana
La cantante estadounidense Norah Jones canceló sus presentaciones programadas para febrero de 2024 en La Habana, confirmó este miércoles Danny Heaps, gerente general y fundador de la empresa de espectáculos Dreamcatcher Events, a cargo de la organización de la visita de la artista a Cuba.
"Norah decidió cancelar", aseguró Heaps a Diario de Cuba y ofreció disculpas por la “confusión” que esto pudo generar.
Martí Noticias intentó contactar a la empresa para indagar sobre los detalles de la suspensión pero hasta el momento de publicar esta nota no ha obtenido respuestas.
La compañía, con sede en Nueva York, había eliminado el evento en La Habana de su sitio web de reservas y borrado todas las referencias a los conciertos de sus redes sociales. Tampoco estaba disponible en los canales de la cantante el video y el comunicado en el que promocionaba su viaje.
La semana pasada un artículo del Miami Herald alertaba a los estadounidenses interesados en comprar el paquete que se hospedarían en un hotel perteneciente a los militares cubanos. El Hotel Grand Aston en La Habana es propiedad de Gaviota, entidad perteneciente al conglomerado GAESA que aparece en la Lista Restringida del Departamento de Estado.
No obstante, aclaraban que el Aston no estaba propiamente mencionado en el listado. El hotel fue inaugurado el pasado año y el documento no se actualiza desde enero de 2021. De hecho, este lunes el senador republicano Marco Rubio envió una carta al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, instándolo a ello.
Rubio explicó que el retraso estaba permitiendo a personas como Norah Jones organizar las llamadas “visitas educativas” para turistas estadounidenses. Tanto “el dictador (Miguel) Díaz-Canel como los integrantes del ejército cubano han aprovechado la situación para crear nuevas entidades para eludir ilegalmente las sanciones existentes y realizar transacciones con industrias privadas de Estados Unidos”, dijo.
Las entradas para el evento de la cantautora, ganadora del Grammy, salieron a la venta por un valor que oscilaba entre los 3.499 y los 8.599 dólares. El precio incluía cuatro noches en el Grand Aston y entradas para los conciertos en el Teatro Martí, ubicado en La Habana Vieja. Promocionado bajo el slogan “Norah Jones Vive en La Habana”, la visita contemplaba además una “clase magistral” de la artista para estudiantes del Instituto Superior de Arte (ISA).
"¡Emocionada de ir a Cuba por primera vez como parte de un intercambio cultural y educativo! Espero conocer más del rico patrimonio musical del país y compartir mi música a través de dos espectáculos en el histórico Teatro Martí el 17 y 18 de febrero", había anunciado Jones en sus redes sociales en noviembre pasado.
La noticia de su visita generó un amplio debate en las redes sociales. Cientos de cubanos le recordaron que en Cuba hay una dictadura y que con su viaje estaba ayudando a financiar la represión.
A inicios de noviembre la escritora cubana Lía Villares, exiliada en Estados Unidos, lanzó una petición en la plataforma Change.org para que Norah suspendiera sus conciertos en la isla.
“El pueblo de Cuba está en un punto crítico donde la atención y el apoyo internacionales pueden marcar una diferencia tangible. Tu influencia, Norah, puede contribuir a la narrativa elaborada por un régimen opresivo, o desafiarla al posicionarte con los valores de libertad y justicia junto al pueblo cubano. Es un momento decisivo para decidir si tu arte se erige como un faro para los oprimidos o si es cooptado en el tapiz de su subyugación. El momento de actuar es ahora, para asegurar que tu legado refleje un compromiso con los ideales que tu música siempre ha parecido encarnar”, explica el texto de la campaña que recogió casi 300 firmas.
Esta semana, cuando comenzaron a circular reportes en medios de prensa sobre la cancelación de la visita de la cantante, las redes sociales se llenaron de memes.
“Próximamente en todas las plataformas, teatrales o no, de La Habana y Gaviota. Un texto de Henrik Ibsen”, comentó en Facebook el artista cubano Julio LLópiz junto a un cartel con la foto de la cantante.
El diseñador y humorista gráfico Alen Lauzán también publicó un cartel titulado “Norah la embarcadora” en la revista Mazzantini, una publicación seguidora de la tradición de la sátira política cubana impulsada por varios artistas emigrados.
Hasta el momento Norah Jones no se ha pronunciado públicamente sobre la cancelación de su viaje a Cuba.
Cambios en la máxima dirigencia de la provincia Granma
Una nueva dirigente comunista ha sido destinada al máximo puesto político y de gobierno en la provincia Granma, según anuncian este miércoles las autoridades locales.
Una breve nota del diario provincial La Demajagua, indica que se trató de una solicitud del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) pero no especifica las razones para "liberar de su responsabilidad como Primera Secretaria a Yanaisi Capó Nápoles".
La funcionaria será sustituida por Yudelkis Ortiz Barceló, quien fungía como dirigente comunista de Santiago de Cuba, formada como maestra de Educación Laboral y Dibujo Técnico y "Máster en Ciencias de la Educación y Especialista en Dirección Política".
La movida ocurrida en Granma este miércoles estuvo supervisada por uno de los más altos cargos dentro del único partido que ha gobernado la isla en las últimas décadas: Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC.
Aunque la nota oficial menciona elogios a "la consagración en el cumplimiento de su responsabilidad" y el deseo de "éxitos en las nuevas tareas que le serán asignadas", medios de prensa independientes y numerosos usuarios de redes sociales aseguran que se trata de una destitución, en medio del malestar generalizado en esa provincia por el polémico juicio celebrado en días recientes contra seis doctores acusados de negligencia médica.
El proceso judicial por “presunta responsabilidad penal relacionada con la atención médica a un paciente” de 23 años, en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, en 2021, ha "generado preocupación en parte del personal de la salud y en nuestro pueblo", según reconoce una nota publicada esta semana por la Dirección General de Salud Pública de Granma.
Recientemente, una de las imputadas, la doctora Yoandra Quesada Labrada, alertó sobre la falta de insumos médicos en el hospital y denunció la falta de especialistas: “No hay servicio de cirugía, todo el mundo se quiere ir, no hay medicina interna, no hay otorrinos, no hay nadie. Todos tus compañeros se van y estás trabajando solo y sin materiales, expuesto a que te mate un día un familiar desesperado. Nadie ve eso y son capaces de imputarte impericia, acción negligente. ¿Qué saben ellos? ¿Cómo se llenan el corazón para hacernos esto?"
Desde los Estados Unidos, la doctora Yusimí Mojena, una de las especialistas que atendió al joven cuando llegó al centro médico defendió su accionar y el de sus colegas: “No somos asesinos. Solo tuvimos la desgracia de querer practicar una profesión honorable en un estado deplorable (...) Se le realizó la evaluación correspondiente con lo que había, pues no teníamos bandeja de punción a abdominal, ni sonda vesical, ni levine, ni otras muchas cosas…".
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