La preocupación aumenta entre los familiares de 27 militares detenidos en Venezuela que, según denuncian, mantienen desde el lunes una huelga de hambre en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas. Temen que las condiciones de reclusión y la prolongación de la protesta comprometan gravemente su salud.
Los manifestantes son sargentos vinculados al denominado Caso Cotiza, el levantamiento militar ocurrido el 21 de enero de 2019 en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ubicado en el sector de Cotiza, en Caracas.
Familiares y defensores de derechos humanos denuncian que 21 de los sargentos cumplieron la totalidad de su condena original de 7 años y 9 meses el 24 de octubre de 2026, pero los tribunales no han emitido sus boletas de libertad debido a la anulación previa del juicio.
La protesta comenzó el lunes a las seis de la mañana. Desde entonces, los militares permanecen en el patio central del establecimiento penitenciario, donde instalaron carpas y se niegan a regresar a sus celdas hasta obtener una respuesta a sus exigencias.
Imágenes grabadas desde la distancia muestran a los detenidos reunidos en el patio del penal, mientras gritan consignas a favor de su libertad.
Familiares temen por la salud de los detenidos
Sandra Hernández, esposa de uno de los encarcelados, expresó su preocupación por las consecuencias físicas de la protesta, particularmente por la falta de alimentos y agua.
“Sus vidas están en riesgo y, a pesar de que tienen más de 72 horas sin comer y sin tomar agua, están allí fuertes, gritando libertad, que cierren los centros de tortura y, aún más atrevidos, con María Corina hasta el final”, declaró Hernández.
La incertidumbre aumenta porque los familiares aseguran que no tienen información precisa sobre las condiciones físicas de los manifestantes.
“No tenemos conocimiento de cómo están, pero ya por el lapso que se ha cumplido pensamos que ya están desmejorando y va a llegar el momento en que van a entrar en desespero de no ver ningún tipo de respuesta”, advirtió Hernández.
La falta de supervisión médica conocida por las familias incrementa la preocupación por posibles complicaciones derivadas de la deshidratación y la prolongada falta de alimentación.
Denuncian consumo de agua contaminada y exposición a la intemperie
Lisnel Martínez, esposa de otro de los militares detenidos, denunció que las condiciones sanitarias dentro del establecimiento penitenciario agravan los riesgos para quienes participan en la protesta.
“Como no tienen acceso a agua potable y han estado tomando agua contaminada, eso agrava la situación y es lo que nos mantiene preocupados”, afirmó.
Martínez también explicó que los militares permanecen fuera de sus calabozos durante las noches, expuestos a las condiciones ambientales.
“Tienen unas carpas allí, están durmiendo a la intemperie. En las noches, con sábanas, tratan como de cubrir un poco, pero ellos están así como ustedes los pueden ver. Ellos están a la intemperie desde el día lunes a las seis de la mañana”, relató.
Según Martínez, los detenidos han decidido mantenerse en el patio como una forma de presión para exigir su excarcelación.
“Ellos dicen: nosotros debemos estar en libertad y a la celda no nos vamos a meter”, agregó.
El Caso Cotiza y las condenas cumplidas
El denominado caso Cotiza se remonta al 21 de enero de 2019, cuando un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana protagonizó una sublevación contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas.
Los militares fueron detenidos y posteriormente procesados por la justicia venezolana.
Familiares y defensores sostienen que varios de los condenados cumplieron en octubre de 2026 las penas de siete años y nueve meses que les fueron impuestas, por lo que consideran injustificada su permanencia en prisión.
El reclamo de los familiares se produce en medio de las exigencias de organizaciones defensoras de derechos humanos para que las autoridades venezolanas revisen los expedientes de los presos políticos y garanticen el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Los familiares exigen la excarcelación de quienes aseguran que ya cumplieron sus condenas, así como una evaluación médica urgente de los 27 militares que participan en la huelga.
Hasta el momento de las declaraciones recogidas para este reporte, las familias aseguraban no haber recibido una respuesta que resolviera sus demandas.
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