Después de diez meses de vigilias, denuncias y exigencias de libertad, familiares de presos políticos venezolanos levantaron el llamado Campamento de la Dignidad, instalado el pasado 8 de enero frente a la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, a las afueras de Caracas.
La decisión marca el cierre de una etapa de protestas iniciada después de que el presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, anunciara excarcelaciones de presos políticos.
Aunque el campamento fue levantado el domingo, sus integrantes aseguran que mantendrán las exigencias de libertad y emprenderán nuevas acciones ante organismos nacionales e internacionales.
Familiares anuncian gestiones ante embajadas
La nueva etapa contempla gestiones diplomáticas y acciones ante instituciones venezolanas para ampliar la atención internacional sobre los detenidos, incluidos ciudadanos extranjeros recluidos en El Rodeo I.
Andreína Baduel, coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, anunció que buscarán establecer contactos con gobiernos que tienen ciudadanos detenidos en el penal.
La activista adelantó que en una semana esperan iniciar una nueva agenda de visitas a distintas embajadas, sin abandonar las acciones ante organismos estatales.
"Nos van a seguir viendo en distintas instituciones del Estado y de igual manera esto seguirá siendo un lugar de vigilia permanente", dijo.
El levantamiento del campamento coincide con nuevas denuncias sobre la situación de presos políticos en otras cárceles venezolanas. En la prisión militar de Ramo Verde, 21 sargentos de la Guardia Nacional vinculados al caso Cotiza iniciaron este lunes una huelga de hambre indefinida, según denunció la defensora de derechos humanos Tamara Suju.
Los militares aseguran haber cumplido sus condenas el pasado 24 de octubre, pero continúan detenidos sin recibir las boletas de excarcelación que permitirían su liberación.
Familiares de los detenidos acudieron al Palacio de Justicia, en Caracas, para denunciar la situación y exigir respuestas de las autoridades. Suilimar Díaz, esposa de uno de los militares, expresó preocupación por las consecuencias de la protesta.
Por su parte, Milagros Asudillo, también esposa de uno de los detenidos del caso Cotiza, relató las dificultades emocionales que atraviesa su esposo tras la muerte reciente de su padre. "Tiene la necesidad de ir al cementerio porque no hace mucho murió su papá y desde ese entonces él se encuentra muy deprimido", explicó.
De acuerdo con el balance de la organización no gubernamental Foro Penal, con corte al 5 de octubre, 322 personas permanecían detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellas 140 militares.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen sus exigencias de libertad para los detenidos y reclaman garantías judiciales para quienes permanecen encarcelados.
El pasado viernes, la dirigente opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, visitó el Campamento de la Dignidad y dirigió un mensaje a los presos políticos recluidos en El Rodeo I.
"Estoy aquí con ustedes", expresó durante su visita.
La dirigente también se reunió durante el fin de semana con familias afectadas por el terremoto del pasado 24 de junio, cuyo impacto se registró en la zona de San Bernardino, al norte de Caracas.
Los afectados reclamaron atención de las autoridades ante los daños estructurales que, según denunciaron, persisten más de cuatro meses después del movimiento sísmico.
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