El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las restricciones al contacto familiar y las deficiencias en la atención de necesidades básicas que enfrentan las mujeres privadas de libertad en Cuba.
La denuncia fue presentada el 27 de octubre durante una audiencia regional sobre la situación de las mujeres encarceladas, celebrada en Panamá en el marco del 197.º período de sesiones de la CIDH, con la participación de organizaciones de Guatemala, Colombia, México y Cuba.
Camila Rodríguez, directora del CDPC, centró su intervención en la dependencia de las reclusas de sus familiares para acceder a alimentos, medicamentos y productos de higiene, ante las carencias que persisten en los centros penitenciarios cubanos.
"La visita no es un espacio efectivo; es el canal por el que en la práctica se cumple el deber garante que el Estado no cumple", afirmó Rodríguez ante los comisionados.
La activista señaló que son principalmente madres, hermanas e hijas quienes llevan estos recursos a las cárceles y, al mismo tiempo, asumen el cuidado de los hijos de las mujeres encarceladas.
Sin embargo, advirtió que las autoridades penitenciarias pueden restringir ese contacto de manera discrecional y convertirlo en una herramienta de presión.
"Cuba lo muestra con claridad: por la escasez en las prisiones, las mujeres dependen casi por completo de lo que reciben de afuera y la visita se concede o se niega a discreción como sanción. En 2025 a una madre se le impidió ver a su hija, presa política, al menos nueve veces por llegar vestida de blanco o con el pretexto de un brote de chikungunya. En enero de este año, documentamos que la confiscación de medicamentos llevados en una visita terminó en la cancelación del contacto familiar. Es decir, se castiga a la persona presa y a su familia por intentar lo que el Estado no le da", sostuvo.
Denuncian castigos que afectan a las familias
La directora del CDPC alertó, además, sobre amenazas de retirar la custodia de sus hijos a algunas mujeres y traslados penitenciarios que separan a las reclusas de sus familias durante períodos prolongados.
Como ejemplo, citó el caso de una madre de cinco hijos menores que pasó más de seis meses sin poder verlos ni comunicarse con ellos.
Rodríguez pidió a la CIDH que las restricciones a las visitas y llamadas no sean consideradas únicamente medidas disciplinarias, pues pueden comprometer la integridad de las reclusas y afectar a familiares que no han sido condenados.
En ese sentido, invocó el artículo 5.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que la pena no puede trascender de la persona sancionada.
La intervención también incluyó referencias a episodios que, según la información presentada, reflejan los riesgos asociados al aislamiento y a la falta de contacto con familiares.
Rodríguez relató que en abril de 2026 una mujer fue trasladada a una celda de castigo en Cuba tras un altercado con un oficial y horas después fue encontrada sin vida.
La familia cuestionó la versión oficial de que la mujer se había ahorcado con una blusa. Según la directora del CDPC, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal sin presencia de sus familiares y hubo restricciones para que pudieran verlo.
Asimismo, mencionó la denuncia de una madre que, en septiembre, informó que su hija se había autolesionado después de un período sin poder comunicarse telefónicamente con su familia.
Estos casos fueron expuestos en el contexto de las preocupaciones por las condiciones de reclusión, el aislamiento y las dificultades para acceder a mecanismos efectivos de protección dentro de las prisiones en Cuba.
Al menos 869 protestas documentadas en Cuba en 2026
Rodríguez también expresó preocupación por el posible aumento de mujeres encarceladas o sometidas a procedimientos administrativos y penales en relación con las protestas públicas en Cuba.
"En lo que va de año, en Cuba hemos podido documentar desde Justicia 11J, al menos 869 protestas de distinta tipología", afirmó durante la audiencia.
La activista agregó que, entre finales de 2025 y 2026, las organizaciones de la sociedad civil han registrado alrededor de 60 mujeres sometidas a detenciones de corta duración o a procesos administrativos y penales, algunas de las cuales cumplen sanciones actualmente.
Rodríguez advirtió que estas cifras podrían estar por debajo de la magnitud real del fenómeno, debido al temor de las familias a denunciar y a las posibles represalias.
"Hay mucho miedo por parte de las familias a denunciar lo que pasa con sus mujeres privadas de libertad y mucho miedo a las represalias y a la persecución", señaló.
La representante del CDPC insistió también en que las mujeres que cuidan y sostienen a sus familiares desde fuera de las prisiones deben ser reconocidas como titulares de derechos, y no como un recurso del que las autoridades puedan disponer para castigar a las mujeres recluidas en prisiones del Estado.
Foro