El centro de asesoramiento legal Cubalex denunció este jueves que cuatro presos políticos murieron bajo custodia del Estado cubano durante el primer semestre de 2026. Tres de las víctimas cumplían condenas por participar en las protestas masivas de julio de 2021.
Ernesto Brieva Sempé, Roberto Álvarez Ávila, Luis Miguel Oña Jiménez y Lázaro García Ríos fallecieron mientras permanecían bajo tutela penitenciaria.
Alain Espinosa, abogado de Cubalex, advirtió sobre el grave riesgo mortal que enfrentan los ciudadanos bajo el régimen de privación de libertad en la isla:
“Esta es una situación que evidencia la vulnerabilidad y el riesgo para la vida que enfrentan los ciudadanos que estén sometidos a algún tipo de restricción de su libertad en el país”.
“Cuando el Estado priva a una persona de su libertad, en la modalidad que sea, asume automáticamente el deber de custodia de la misma y, por tanto, se convierte en el garante directo de su vida, de su salud, del interés físico y mental de esta persona”, resaltó el jurista.
La organización logró constatar un total de 39 fallecimientos de personas privadas de libertad hasta el 30 de junio de este año. Las muertes se registraron en cárceles, estaciones policiales y otras instituciones de internamiento estatal.
“Las muertes que se producen bajo custodia estatal nunca pueden ser interpretadas como hechos aislados o fatalidades, sino como una responsabilidad directa del Estado, responsabilidad que además tiene la obligación de investigar de manera interna, íntegra e imparcial y, desafortunadamente, estamos viendo que esto no ocurre”, señaló Espinosa.
Cubalex alertó que la cifra real podría ser considerablemente mayor debido al hermetismo informativo del régimen y a las severas restricciones para acceder a estadísticas oficiales.
Las provincias con mayor concentración de casos verificados son Guantánamo, La Habana y Santiago de Cuba.
Recientemente se confirmó el deceso de dos reclusos en la Prisión Provincial de Guantánamo: uno a causa de presunta desnutrición y otro por suicidio. Según la organización, estos casos evidencian el colapso de las condiciones mínimas de vida dentro del sistema carcelario cubano.
“Es imperativo exigir, no solamente transparencia absoluta en las investigaciones que tienen que realizarse de manera independiente para cada uno de estos decesos o muertes, sino también exigir la rendición de cuentas del Estado cubano por todas estas muertes”, enfatizó Espinosa.
Los presos políticos representan casi el cuatro por ciento de las muertes documentadas este año por Cubalex que enfatizó que este grupo sufre de manera desproporcionada mayores niveles de arbitrariedad, represalias y vulneraciones sistemáticas a sus derechos humanos.
“En el caso de las personas privadas por motivos políticos, esta responsabilidad se agrava por las condiciones inhumanas en las que están cumpliendo sus sanciones y los patrones represivos a los que son sometidos, dentro de los cuales destaca precisamente la negación intencional de atención médica, que es una práctica que a todas luces constituye un método de tortura y castigo expresamente prohibido en el derecho internacional, pero que en Cuba se sigue aplicando”, subrayó el abogado de Cubalex .
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