Entre los meses de abril y octubre de este año, al menos nueve personas interesadas en el proyecto informativo comunitario "Páginas Villareñas", patrocinado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y la Prensa (ICLEP), han sido blanco de intimidación ejecutada por agentes de la Seguridad del Estado en Santa Clara.
“En Cuba escribir sobre la basura que no se recoge, sobre un órgano que dejó de funcionar, sobre una consulta médica que cerró, puede costar una amenaza de cárcel”, indicó Arailaisy Rosabal, especialista principal del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión OCLE, perteneciente al ICLEP.
“No estamos hablando de grandes redacciones, estamos hablando de ciudadanos comunes -de un camillero, de un profesor de inglés, de un profesor de natación- que contaban desde su experiencia, desde su comunidad, lo que pasaba y les afectaba. Y eso es justamente lo que el estado cubano no tolera, un periodismo que nace fuera del oficialismo y cerca de la gente”, puntualizó.
De acuerdo con la denuncia del director de la publicación, Alberto Hernández González, transmitida al OCLE, las presiones incluyeron advertencias de encarcelamiento y procesos judiciales bajo la figura ambigua de “usurpación de funciones públicas”, así como coacciones con perder el empleo, lo mismo para los implicados como para sus allegados.
Tras notar una inusual interrupción en la comunicación con varios ciudadanos que aportaban información al boletín, Hernández González emprendió una indagación personal a comienzos de octubre. Las visitas realizadas por el director a los domicilios de los afectados permitieron constatar un patrón sistemático de hostigamiento en espacios laborales y residenciales.
Entre ellos figuran cinco comunicadores ciudadanos, Raiza Ruiz Goire, Bernardo García Morales, Raúl Vega Torres, Víctor Sánchez Jiménez y Ariel Suárez Bermúdez, y el matrimonio encargado de contrastar los datos, compuesto por Saúl Peñate Pérez y Gisela Puentes Goire.
Otros dos ciudadanos más, cuyas identidades se mantienen bajo reserva por motivos de seguridad, desistieron de unirse al equipo tras recibir advertencias directas en sus centros laborales, donde incluso jefes directos intervinieron para coaccionarlos.
“Muchos de ellos eran, o sea, “Algunos eran colaboradores, pero otros ni siquiera tenían un vínculo directo aún con el medio, sino que únicamente habían mostrado interés en colaborar con Páginas Villareñas”, esclareció Rosabal.
Las tácticas intimidatorias trascendieron el ámbito laboral al involucrar directamente al núcleo familiar. En varios de los casos documentados, los oficiales hicieron alusión a la estabilidad académica de los hijos o a la salud de parientes cercanos, buscando quebrantar la voluntad de los colaboradores mediante el chantaje emocional y la coacción psicológica.
Para el OCLE, esta serie de acciones coercitivas no representa hechos aislados, sino una estrategia deliberada para asfixiar financiera y operativamente a la prensa independiente mediante el aislamiento de sus fuentes y redactores.
“Recordemos que ya el OCLE denunció en el mes de marzo que dos distribuidores de ese mismo boletín Páginas Villareñas habían sido detenidos también y amenazados en Santa Clara por su vínculo con nosotros y el patrón es el mismo, o sea, sembrar miedo para dejar al medio sin voces”, recalcó la experta.
La organización concluyó que estas prácticas configuran una flagrante violación de las garantías fundamentales consagradas tanto en el ordenamiento jurídico interno como en los tratados internacionales y buscan sembrar un clima de autocensura, obstaculizando el derecho de la ciudadanía a recibir información plural sobre su realidad cotidiana.
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