La autorización de Washington para exportar combustible al sector privado cubano, acompañada de una mayor supervisión de esas operaciones y de nuevas sanciones contra entidades estatales e intermediarios, ha abierto un nuevo frente de presión sobre GAESA, aunque el conglomerado militar todavía conserva la infraestructura y buena parte de los circuitos financieros del negocio, según un análisis de Cuba Siglo 21.
El informe, titulado "El control del combustible: nuevo instrumento de presión sobre el Estado mafioso cubano", fue elaborado por el economista y vicepresidente de Cuba Siglo 21, Emilio Morales. La investigación examina cómo GAESA estaría utilizando a mipymes como intermediarias para acceder al combustible estadounidense destinado al sector privado, mientras la administración del presidente Donald Trump amplía su capacidad para supervisar esas operaciones.
"Ese es un aporte de Emilio como autor del dossier: hacer el recorrido financiero completo del dinero en estas transacciones. Y él demuestra que ninguna mipyme tiene el dinero que hace falta para pagar por adelantado, como dice el embargo, la compra de este combustible", declaró a Martí Noticias Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo 21.
"Ninguna de estas mipymes tenía grandes almacenes, cisternas en Cuba y ninguna tenía una red para vender el combustible a lo largo de la isla. Eso lo tiene CIMEX y otras corporaciones que pertenecen a GAESA", afirmó Blanco, citando los resultados del dossier.
El informe resaltó que, paralelamente a la venta de combustible al sector privado cubano, Washington reforzó sus sanciones contra entidades estatales del régimen, como CUPET, que intervienen en el comercio de combustibles en la isla.
En una medida que coincide con la estrategia de presión descrita en el dossier, el 5 de noviembre el Departamento de Estado de EEUU designó a ocho entidades y dos personas e identificó cinco buques como bienes bloqueados, como parte de su política de sanciones contra las operaciones ilícitas del régimen cubano dentro y fuera de la isla.
La nueva ronda de sanciones de Washington incluyó a Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja, señalado por formar parte de una extensa red de empresas navieras que transportan productos petrolíferos desde y hacia Cuba, y a Any Rodríguez Lastres, hija de la presidenta de GAESA, Ania Guillermina Lastres Morera, sancionada anteriormente por EEUU.
También fue sancionada la empresa Caroil Transport Marine LTD (CAROIL), con sede en Chipre, que gestiona buques petroleros con bandera cubana utilizados para transportar productos energéticos a Cuba.
"La élite gobernante de Cuba acapara los recursos energéticos y marítimos de la isla para su propio enriquecimiento, dejando al pueblo cubano lidiando con apagones, escasez de combustible y una economía estancada. Para mantener este sistema en funcionamiento, el régimen se apoya en una red de intermediarios extraterritoriales. Hoy, el Departamento de Estado está designando parte de una extensa red de transporte marítimo que traslada petróleo crudo y productos derivados del petróleo para el régimen cubano", afirmó el comunicado del Departamento de Estado.
Para Blanco, las medidas muestran que Washington busca identificar y reducir los espacios de maniobra de las redes empresariales utilizadas por La Habana para intentar evadir las sanciones estadounidenses.
"Como es imposible cumplir con las leyes del embargo vendiéndole a GAESA, pues Washington encontró una manera de hacerlo, no haciéndose el que no sabe, sino también rastreando quiénes son los que están participando con GAESA en ese movimiento. Y en el momento adecuado, también esas mipymes pagarán por su contubernio con GAESA", advirtió el presidente de Cuba Siglo 21.
El informe sostiene, por otro lado, que GAESA aún conserva el control de la infraestructura y de las operaciones financieras necesarias para comercializar el combustible en la isla, aunque habría perdido parte del margen con el que anteriormente operaba en el sector energético.
"Es evidente que el régimen les ha dado dinero a las mipymes para que puedan venir aquí a Estados Unidos a adquirir el petróleo", afirmó Blanco.
"Tampoco el mipymero es propietario de la estación de gasolina. Ellos arriendan la estación de gasolina para vender ese petróleo a los consumidores. Por supuesto, una vez que el petróleo está allá, es mucho más difícil comprobar cuánta cantidad de ese petróleo lo dieron como pago de ese arrendamiento de la gasolinera al Estado cubano, que efectivamente lo va a emplear en las patrullas de policía y en el aparato represivo del régimen", dijo el directivo de Cuba Siglo 21.
El pasado 23 de octubre, una investigación de ADN Cuba y Martí Noticias sobre la presencia de empresas estatales y personas cercanas al régimen cubano en el esquema de importación de combustible a la isla reveló cómo una factura de casi 53.000 dólares permitió reconstruir la ruta del combustible importado desde Estados Unidos y suministrado por una mipyme cubana hasta CIMEX, corporación del conglomerado militar GAESA sancionada por Washington desde 2004.
"El 21 de septiembre, CIMEX-Mariel facturó a uno de sus propios servicentros Oro Negro más de 23.000 litros de gasolina. En la referencia del pedido aparecían las siglas KRV, correspondientes a KRV Partes y Piezas, una mipyme cubana de servicios automotrices, y el número del isotanque: PCVU2666813", aseguró el reporte.
Según esa investigación, "el pasado 3 de octubre, ese mismo isotanque regresó vacío del puerto del Mariel a Miami a bordo del Seaboard Ranger, declarado con residuos de gasolina, según los manifiestos navieros. Una fuente familiarizada con la operación en el puerto del Mariel confirmó que KRV suministró el combustible a CIMEX-Mariel".
El reporte de ADN Cuba y Martí Noticias resaltó además que "documentos internos de CIMEX identifican a mipymes como proveedoras de gasolina y diésel y establecen los precios para su reventa. Una anotación señala que el combustible destinado al Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) se cotiza a precio de costo".
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