Líderes de organizaciones opositoras cubanas dieron a conocer un documento dirigido a los gobiernos democráticos del mundo en el que solicitan que rechacen la resolución que el régimen de Cuba tiene previsto presentar los días 27 y 28 de octubre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de su campaña anual contra el embargo estadounidense.
La iniciativa, titulada “Llamado de la Oposición Prodemocrática Cubana a los Gobiernos del Mundo Libre y Democrático”, cuenta con el respaldo de activistas, expresos políticos, familiares de presos, periodistas independientes y representantes de organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba.
El documento, presentado en Miami, está encabezado por organizaciones como la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), como parte de los esfuerzos vinculados al denominado Acuerdo de Liberación.
Los firmantes solicitan a los gobiernos de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Noruega, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y las democracias latinoamericanas que voten en contra de la resolución cubana o, como mínimo, se abstengan.
Según los promotores de la iniciativa, el objetivo es evitar que la dictadura castrista utilice el respaldo internacional a su resolución como una victoria política mientras persisten las denuncias por violaciones de derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales en la isla.
“Durante décadas, el régimen comunista cubano ha utilizado esta votación anual para presentarse internacionalmente como víctima de una agresión extranjera y desviar la atención de su propia responsabilidad en la profunda crisis política, económica, social y humanitaria que padece nuestro país”, señala el documento.
El líder opositor José Daniel Ferrer, representante de la Unión Patriótica de Cuba, explicó que la iniciativa comenzó con la recogida de firmas dentro de la isla y posteriormente se extendió a cubanos residentes en diferentes países.
Ferrer destacó la participación de reconocidos opositores y presos políticos, así como de familiares de personas encarceladas por razones políticas.
“La primera firma que aparece en el documento es la de Félix Navarro, la segunda es la de Sayli Navarro”, explicó Ferrer, quien mencionó también a los expresos políticos Iván Hernández Carrillo y Ángel Moya Acosta, entre otros participantes.
De acuerdo con el dirigente de la UNPACU, el documento reúne cerca de 600 firmas en papel y cientos de firmas adicionales en plataformas digitales.
“Si lo unimos, ya estamos por encima de las 1.000 firmas y muchas firmas son de líderes opositores que representan a otras muchas personas”, aseguró Ferrer.
La relación entregada a la prensa incluye 554 nombres, mientras que los organizadores aseguran que la cifra continúa aumentando con nuevas adhesiones.
Entre los firmantes figuran familiares de presos políticos, integrantes de las Damas de Blanco y representantes de organizaciones radicadas en Estados Unidos, España, México, Canadá y otros países.
Por su parte, Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, destacó la importancia de que la iniciativa haya surgido con la participación de opositores dentro del territorio cubano.
“Reconocemos la iniciativa de José Daniel de comenzar esta recogida de firmas dentro de Cuba para un documento que tiene una importancia histórica”, expresó Orlando.
Gutiérrez-Boronat consideró que la campaña busca contrarrestar el discurso oficial cubano sobre las sanciones estadounidenses y trasladar a la comunidad internacional las denuncias de represión política.
A su juicio, el respaldo a la iniciativa representa también una muestra de solidaridad con quienes reclaman cambios democráticos en Cuba.
Sanciones, comercio y ayuda humanitaria
El documento cuestiona que las autoridades cubanas atribuyan principalmente al embargo estadounidense la crisis económica y social que enfrenta el país.
Los firmantes sostienen que el deterioro de las condiciones de vida responde también a décadas de centralización económica, restricciones a la propiedad privada, controles sobre la producción agrícola y ausencia de mecanismos democráticos de rendición de cuentas.
La declaración señala que Cuba recibió durante décadas importantes recursos de aliados internacionales, entre ellos la antigua Unión Soviética y Venezuela, sin que esos ingresos permitieran desarrollar una economía capaz de garantizar el bienestar de la población.
Como parte de sus argumentos, los opositores citan cifras del comercio entre Estados Unidos y Cuba correspondientes a los primeros siete meses de 2026.
Según los datos recogidos en el documento, las exportaciones estadounidenses hacia la isla alcanzaron aproximadamente 674 millones de dólares entre enero y julio de este año, frente a 416,5 millones durante el mismo período de 2025, un incremento cercano al 61,8 %.
La declaración también señala que las exportaciones de combustibles y otros productos derivados del petróleo sumaron aproximadamente 156,88 millones de dólares durante ese período, de los cuales unos 61,14 millones correspondieron a julio.
Los promotores de la iniciativa defienden mantener medidas selectivas contra funcionarios y estructuras vinculadas a violaciones de derechos humanos, corrupción o represión, al tiempo que proponen ampliar la asistencia humanitaria destinada directamente a los ciudadanos.
En ese sentido, plantean que la distribución de alimentos, medicamentos y otros recursos esenciales se realice mediante organizaciones independientes, instituciones religiosas y entidades humanitarias con mecanismos verificables de supervisión.
Entre las instituciones mencionadas se encuentran Cáritas de la Iglesia Católica, iglesias independientes y organizaciones de la sociedad civil.
“La solidaridad internacional debe dirigirse principalmente al pueblo cubano”, subraya el documento.
Los organizadores buscan que la declaración llegue a gobiernos y parlamentos antes de las votaciones previstas para finales de octubre.
“No otorguen al régimen cubano un respaldo político que posteriormente pueda utilizar para su propaganda y ocultar la ausencia de libertades dentro de Cuba”, expresa uno de los apartados finales del llamamiento.
La declaración concluye con una petición de apoyo a una transición democrática que permita a los cubanos decidir libremente su futuro, inspirada en el ideal de José Martí de construir una nación “con todos y para el bien de todos”.
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