Cuba
A propósito del Decreto-Ley 389: “Esta conversación ahora mismo la están escuchando”
Lo que en tantos países ha sido causa de largos y febriles debates legislativos sobre derechos individuales y violación de la privacidad se resolvió en Cuba de un plumazo: además de no ser una práctica nueva para acosar a disidentes, ahora la vigilancia electrónica es legal con la entrada en vigor esta semana del Decreto-Ley 389.
“Vamos a ser exactos, vamos a ser imparciales: eso lo hacen todos los servicios secretos del mundo, porque todos los países democráticos del mundo lo hacen, pero sin violar los derechos humanos”, dijo desde Puerto Padre, en Las Tunas, Alberto Méndez Castelló al presentador y reportero de Radio Martí Tomás Cardoso.
“El caso es que en Cuba se hace por motivos políticos y violando los derechos de las personas”, subraya. “Van a continuar, y ahora bajo un viso de legalidad. En el caso mío, esta conversación ahora mismo la están escuchando”.
La entrada en vigor del decreto fue reportada inicialmente por la revista digital El Toque.
Lo emitió el Consejo de Estado, lo publicó La Gaceta de Cuba y debe someterse a ratificación en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, cuyo presidente es --de acuerdo con el Artículo 121 de la nueva Constitución-- el mismo del Consejo de Estado: Esteban Lazo.
(Dato curioso: debe someterse a votación para ratificarlo en la Asamblea, pero ya el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lo firmó. Y por cierto: el título que la Gaceta Oficial le atribuye a Díaz-Canel es presidente del Consejo de Estado, no de la República.)
El argumento de prevenir amenazas terroristas esgrimido controversial, pero razonablemente, por muchos poderes ejecutivos de todo el mundo, se convierte aquí en una amenaza en sí mismo: la de calificar de terroristas a personas que, lejos de representar un peligro para la vida de los demás, simplemente cuestionan la gestión de un gobierno que no los representa.
Lo que hace el decreto es “codificar la aplicación de las técnicas especiales de investigación”, dice el texto. “Son técnicas especiales de investigación, a los efectos de esta ley, la investigación encubierta, el colaborador eficaz, el empleo de la vigilancia electrónica o de otro tipo y las entregas vigiladas”.
A primera vista parece que entonces, cuando un “colaborador” no resulte eficaz, queda al margen de la ley. Sin embargo, la figura jurídica de “colaborador eficaz” se refiere al “acusado que brinda información esencial para evitar que continúe cometiéndose el delito o se perpetre otro, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados”. O sea, el delator.
Deja bien claro que las técnicas de investigación encubierta pueden aplicarse incluso en “operaciones cuyo origen o destino sea el exterior del país”.
Corresponde al Fiscal General de la República autorizar la vigilancia clandestina, pero el instructor penal (léase policía política) puede iniciarla por su cuenta sin haber recibido el permiso, y pedirlo antes de que pasen 24 horas.
“Voy a hacer de abogado del Diablo: yo lo veo como un paso progresivo dentro de la imagen de legalidad que quiere dar el régimen castrista ante el mundo”, comenta el abogado. “Así funciona en España -claro: también está la intervención de un juez-, y así funciona en Colombia, según la ley de procedimiento penal”.
Aunque el decreto le da un plazo de seis meses, el Fiscal General puede mantener el caso activo, de manera que mientras no encausen al presunto delincuente, la vigilancia es ilimitada.
“No es nuevo”, dice Méndez Castelló. “Bajo la denominación de Técnica Operativa Secreta había o hay una unidad en cada provincia del país, y una dirección general en la nación, dedicada a monitorear las personas de interés operativo, ya sea mediante el chequeo telefónico, el chequeo de la correspondencia, el chequeo microfónico, el seguimiento de las personas en la calle combinado también con un chequeo fílmico”.
Esas técnicas nunca fueron al ámbito judicial, explica Méndez Castelló en la entrevista con Cardoso bajo la producción de Patricia Martínez. Las solicitaban indiscriminadamente los oficiales operativos según sus intereses y las aprobaban los jefes policiales sin que mediara un instructor, que es lo que aparece ahora en el Decreto-Ley 389.
El instructor es la figura intermedia entre el órgano operativo y el fiscal, encargado de las acusaciones jurídicas, detalla el abogado.
“Se considera vigilancia electrónica o de otro tipo aquella en la que se utilizan medios cuya aplicación proporciona la escucha y grabación de voces, localización y seguimiento, fijaciones fotográficas y filmación de imágenes, intervención de las comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados y otros recursos técnicos que permitan conocer y demostrar el hecho delictivo”, reza el documento.
Pero no queda claro hasta donde llega el concepto de “hecho delictivo”.
“En el Código Penal tiene que quedar bien especificado cuáles son los marcos del terrorismo, conceptualizado todo bien, claramente”, opina el abogado. "Y hay que hacerlo observando los convenios internacionales".
Méndez Castelló observa que si hasta ahora, cada vez que les han cortado las líneas telefónicas a él y a su esposa la compañía ETECSA lo atribuía a una orden policial, en adelante lo achacará a una orden de la fiscalía.
“Claro: ahora hay la oportunidad, y yo la voy a ejercer, de que cada vez que mi teléfono sea interrumpido o mi cuenta sea hackeada o algo así, voy a ir a la fiscalía y voy a quejarme, porque sencillamente están violando la legalidad”, manifiesta el abogado.
No hace falta que el fiscal apruebe el uso de imágenes para encausar a un presunto delincuente cuando hayan sido captadas por cámaras de seguridad públicas “excepto cuando se dirijan al interior de inmuebles o afecten a terceras personas no vinculadas con la investigación”, indica el documento.
El año pasado, vecinos de Guantánamo se quejaron de que el gobierno instaló cámaras de seguridad en áreas de interés oficial, que desataron acciones policiales contra operadores de Conectify y cuentapropistas irregulares, pero no lo hizo en barrios plagados de asesinatos, robo de viviendas y asaltos.
El Decreto-Ley 389 contempla penas de entre cinco y 12 años, y de entre siete y 15 años, por delitos que un estado de derecho jamás vincularía con la actividad política de un opositor pacífico.
Aplicadas a verdaderos terroristas, esas no serían penas muy severas, comenta el abogado.
“El problema es que en Cuba son utilizadas como herramienta para criminalizar la opinión política, la opinión cívica de las personas”, indica Méndez Castelló.
Hay también penas de entre cuatro y 10 años para quien, “por cualquier medio, directa o indirectamente, financie, recaude, provea o tenga en su poder fondos, recursos financieros o materiales, o proporcione el acceso a servicios financieros o conexos de otra índole”, con propósitos que vayan desde organizar viajes de reclutamiento dentro y fuera de Cuba hasta otras formas de presunta complicidad con el terrorismo.
“Van a usar esa ley contra nosotros, criminalizándonos por nuestras ideas cívicas y políticas, no por cometer actos terroristas según se entiende en cualquier país civilizado del mundo”, concluyó.
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Menor de lo previsto: CEPAL corrige pronóstico económico para Cuba
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó esta semana una actualización de sus proyecciones de crecimiento económico para los países de la región, en la que Cuba termina con indicadores peores de los previstos en el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2023.
La proyección para Cuba en 2024, según el defenestrado Ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, sería de un crecimiento del PIB del 2% y según la CEPAL, en un primer balance, solo de un 1,7%.
Sin embargo, en la corrección publicada días atrás el crecimiento del PIB proyectado por la CEPAL para Cuba es de sólo 1.3%.
De manera general, el organismo de las Naciones Unidas prevé que la región crecerá en promedio un 2,1% este año, con América del Sur creciendo un 1,6%, América Central y México un 2,7% y El Caribe (excluyendo Guyana) un 2,8%.
La expansión esperada para la región en 2024 se mantiene en la senda del bajo crecimiento económico observado en los últimos años, y el gran desafío es cómo avanzar hacia un crecimiento más alto, dinámico e inclusivo, indica la Comisión de la ONU en un comunicado.
"El bajo crecimiento esperado en 2024 no es solo un problema coyuntural, sino que refleja la caída de la tasa de crecimiento tendencial del PIB regional. La región se encuentra en una crisis de desarrollo caracterizada por tres trampas que se refuerzan mutuamente: una trampa de bajo crecimiento, una trampa de alta desigualdad y baja movilidad social y una trampa de baja capacidad institucional y gobernanza ineficaz", indica el organismo.
En un evento nacional celebrado esta semana en la isla, José Luis Rodríguez, asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y exministro de Economía de Cuba, reconoció que existe una "pugna de ideas que se da hoy en la esfera de la economía, donde en algunos casos se pregona que hay que liquidar la planificación y soltar todo al mercado".
"Eso no resuelve ningún problema; estaríamos acabando con toda la obra social de la Revolución", dijo el funcionario, según reseña la publicación oficialista Juventud Técnica.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró el viernes en una conversación con el canciller cubano Bruno Rodríguez que las prioridades del país son el sistema energético y el sistema alimentario.
El mandatario utilizó la palabra "emergencia" para calificar la situación en se encuentra la isla y reconoció que el pueblo cubano vive entre "tanta dureza".
Las autoridades cubanas han defendido varias políticas económicas como el llamado "ordenamiento monetario" y la "bancarización", entre otros ensayos fallidos. La más reciente apuesta consiste en un "programa de estabilización macroeconómica", con el que buscará establecer "un entorno monetario, cambiario, financiero y fiscal para impulsar la recuperación y el crecimiento de la economía, la convertibilidad y funciones de la moneda nacional y la reducción de la inflación".
El supuesto programa de estabilización macroeconómica que ha implementado el Gobierno en su intento por salir de la crisis incluye el incremento del precio del combustible en un 500 %, así como la dolarización de la venta de gasolina y diésel a particulares en unas 30 gasolineras del país y una subida de hasta el 600% de las tarifas de múltiples servicios.
Panamá se dispone a cerrar una de las vías migratorias más utilizadas por los cubanos en los últimos años (VIDEO)
José Raúl Mulino, el presidente electo de Panamá, prometió esta semana cerrar una de las vías migratorias más utilizadas por los inmigrantes cubanos en los últimos años: el Darién.
"Para terminar la Odisea del Darién, que no tiene razón de ser (...), iniciaremos con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo apego a los derechos humanos de todas las personas que están allí", dijo el recién electo presidente.
"Para que sepan los de allá y los que quisieran venir, que aquí el que llega se va a devolver a su país de origen", añadió Mulino, y prosiguió: "Nuestro Darién no es una ruta de tránsito, no señor, esa es nuestra frontera", declaró durante un discurso en el acto en que la Junta Nacional de Escrutinio lo proclamó formalmente como próximo presidente para el periodo 2024-2029.
La selva del Darién fue por muchos años uno de los tramos más difíciles en la larga travesía de los inmigrantes cubanos, desde Guyana hasta la frontera sur de los Estados Unidos.
Desde 2012, el propio Mulino, siendo entonces Ministro de Seguridad Pública de Panamá, alertó que la selva del Darién estaba siendo utilizada por los traficantes de inmigrantes.
La frontera colombo-panameña de 266 kilómetros, se extiende desde Cabo Tiburón, en el Caribe, hasta Punta Cocalito y Punta Ardita en el Pacífico. Se encuentra en el corazón del llamado "Tapón del Darién". Sólo hay dos poblados en la línea limítrofe: La Miel, en Panamá, y Sapzurro, en Colombia, ambos en la costa caribeña.
Numerosos informes de organizaciones de protección a migrantes y refugiados, reportajes de prensa e incontables testimonios dieron cuenta de los peligros extremos a los que se expusieron los inmigrantes cubanos, muchos de los cuales fueron víctimas de extorsión, violaciones y abusos. Algunos perecieron en el trayecto.
Después de noviembre de 2021, cuando Managua y La Habana pactaron un acuerdo de libre visado, que permitió a los cubanos acortar la larga travesía hasta la frontera de los Estados Unidos, el Tapón del Darién fue un tramo menos utilizado por los cubanos y la inmigración dese la isla hacia EEUU comenzó a registrar las mayores cifras de su historia, sobrepasando el medio millón de migrantes.
En el año 2021, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá registró el paso de 15 mil cubanos por la selva del Darién y en 2022 un total de 5.961.
De acuerdo con datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 36 personas perdieron la vida en la Selva del Darién en 2022, aunque la organización advierte que la cifra podría ser mucho mayor, ya que muchos migrantes mueren en la travesía y sus restos "no son ni informados ni recuperados".
En 2023 sólo unos cientos de cubanos atravesaron la selva del Darién, pero Guyana sigue siendo la ruta más directa para los emigrantes cubanos que esperan llegar a Brasil y otros países sudamericanos.
Quien estimula el malestar social en Cuba es el PCC, denuncia elTOQUE tras ser acusado de fomentar estallido
La publicación independiente elTOQUE denunció el viernes en un comunicado una campaña de descrédito desde Cuba que pretende responsabilizar a esa publicación por la devaluación de la moneda nacional, que reflejan diariamente en su servicio de monitoreo del mercado informal de divisas y fomentar así el descontento social.
Según la propaganda del régimen, la tasa de elTOQUE busca "acelerar el aumento artificial del dólar para llegar al 11 de julio de 2024 con una tasa de cambio informal de entre 480-500 pesos por dólar. De suceder esto, las consecuencias en la economía cubana serían nefastas, y para los tanques pensantes de las agencias de inteligencia estadounidenses esto crearía las condiciones ideales para un estallido social en Cuba".
"Negamos categóricamente que los miembros del equipo de elTOQUE nos beneficiamos con la depreciación del peso cubano, así como nuestra participación en conspiración alguna ni vinculación con operaciones para estimular manifestaciones callejeras. Quien está estimulando el malestar social en Cuba es el gobierno del Partido Comunista con sus fallidas políticas económicas, el abandono de su responsabilidad de protección social, la represión, el empuje a la emigración y su aferramiento al poder", indica el medio digital, dirigido desde Estados Unidos por José Jasán Nieves.
Según ha documentado este medio, el mercado cambiario informal en Cuba ha experimentado una fuerte turbulencia en los últimos meses, cuando el dólar estadounidense alcanzó un máximo sin precedentes de 380 pesos cubanos (CUP); el euro, los 390 CUP; y la moneda libremente convertible (MLC), los 295 CUP.
La ofensiva contra la publicación se ha ejecutado, según afirma el comunicado, por medio de una red de desinformación, con perfiles reales, voceros ocultos tras pseudónimos, altavoces propagandísticos oficiales, como el diario Granma, Cubadebate y programas de televisión y radio, que replican "mensajes creados en las oficinas de la Seguridad del Estado según los cuales la subida del precio de las divisas y la inflación son fenómenos ficticios y creados desde el exterior".
En el texto alertan que la campaña está encaminada a atacar la credibilidad de la tasa de elTOQUE, que sirve de referente a importantes medios de prensa, economistas y académicos.
Además, las autoridades cubanas buscan "articular un consenso que justifique acciones punitivas", entre ellas, incluirles en la «lista nacional de terroristas» y bloquear al acceso a su sitio web en Cuba.
"Las amenazas al equipo de elTOQUE de aplicar la legislación penal cubana por los supuestos delitos que estaríamos cometiendo vienen acompañadas de pedidos explícitos de acción contra el servicio de la tasa y maniobras discursivas para argumentar nuestra supuesta condición de «terroristas». Utilizan cuanta mentira se les ocurre y argumentos que rayan en lo ridículo y lo inverosímil. Nos relacionan con el economista y académico Steve Hanken, con quien no tenemos ninguna comunicación. Se les ocurre decir que nuestra agencia comercial CATAO tiene relación con un tanque pensante como el Instituto CATO, solo porque sus nombres se parecen. Sacan de contexto, cortan, tergiversan y hasta modifican el tono de la voz en las declaraciones de nuestros colegas para usarlo como «evidencias» en sus constructos. Entre esas tergiversaciones, sugieren que elTOQUE fue creado por la misma persona que creó Dolar Today en Venezuela y la iniciativa de monitoreo del llamado «Dolar Blue» en Argentina; lo cual es absolutamente falso", indica la publicación fundada en 2014 y gestionada desde la Fundación Colectivo Más Voces a partir de grants y proyectos de cooperación internacional.
En 2022 elTOQUE denunció una escalada represiva contra una parte de su equipo que permanecía en la isla, que fueron sometidos a hostigamiento, interrogatorios, prácticas de tortura psicológica, detenciones ilegales, prohibiciones de salida del país y exposición en medios públicos.
"Seguiremos transparentando la forma en la que calculamos nuestros valores referenciales y respondiendo a señalamientos y críticas. Entendemos la angustia de vivir empobrecidos por un régimen dictatorial y el miedo a señalarlo de manera directa por las consecuencias que trae; pero rechazamos que se nos responsabilice de una situación que tiene una causa clara: el fallido modelo impuesto a Cuba", concluye la publicación.
Régimen niega habeas corpus a favor del periodista Carlos Michael Morales
El Tribunal Provincial de Santa Clara rechazó este viernes el recurso de habeas corpus a favor del periodista independiente Carlos Michael Morales, arrestado desde el pasado sábado.
Morales continuará detenido en el Centro Provincial de Investigaciones bajo los presuntos delitos de atentado y desobediencia, informó a Martí Noticias el comunicador independiente Guillermo del Sol, quien participó en la vista.
Según dijo, el tribunal estaba "totalmente militarizado por afectivos de la Seguridad del Estado".
Morales Rodríguez fue liberado el pasado seis de marzo, tras cumplir una condena de tres años por salir a la calle a reportar en redes sociales las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarién, provincia de Villa Clara.
El periodista se negó a comparecer en la unidad policial de su zona hasta que fue detenido el pasado sábado.
"La Fiscalía dejó sin lugar la petición de habeas corpus", dijo Del Sol y aclaró que aunque aún no han hecho la petición, por los delitos que lo acusan podría enfrentar "hasta tres años de privación de libertad".
Más de mil presos políticos cumplen condenas en las cárceles de la isla, muchos de ellos sometidos a malos tratos.
A finales de abril, el Departamento de Estado de EEUU presentó su informe anual referido a la práctica de los derechos humanos en la isla, el organismo dijo que "no hubo cambios significativos en la situación" durante 2023.
"La falta de transparencia gubernamental, junto con la vulneración sistemática del derecho a las garantías procesales, ocultó la verdadera naturaleza de las acusaciones penales, las investigaciones y los procesamientos. Esto permitió a las autoridades gubernamentales procesar y condenar a activistas pacíficos de derechos humanos por presuntas violaciones penales", recoge el documento.
"Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuran informes creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del Gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; graves problemas con la independencia del poder judicial; prisioneros políticos; represión transnacional contra personas en otro país; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; castigo a familiares por presuntas ofensas cometidas por un familiar; graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluida la violencia o amenazas de violencia contra periodistas, arrestos o procesamientos injustificados de periodistas", agrega.
(Con reporte de Tomás Cardoso para Martí Noticias)
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