Los tres congresistas cubanoamericanos del sur de Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, enviaron una carta al Secretario de Estado, Antony Blinken y al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en la que piden impedir la entrada de represores cubanos a EEUU utilizando las bondades del asilo político.

“Como miembros del Congreso con constituyentes afectados personalmente por la brutalidad del régimen opresivo en Cuba, les escribimos para asegurarnos de que estén al tanto de la indignación causada por el intento de la nacional cubana Rosabel Roca Sampedro de ingresar a los Estados Unidos, y que verifiquen cuidadosamente a quienes buscan ingresar a EEUU para asegurarse de que no sean abusadores de derechos humanos”, dijeron los representantes republicanos en una carta publicada en sus redes sociales.

Martí Noticias fue el primer medio en reportar el intento de Roca Sampedro de ingresar a los Estados Unidos mediante la aplicación CBPOne, que permite a los inmigrantes programar una cita en la frontera sur para pedir asilo en Estados Unidos.

Roca Sampedro, una fiscal camagüeyana que pidió años de prisión para jóvenes manifestantes del 11 de julio de 2021 y otros disidentes, borró su perfil en las redes sociales e intentó ocultar su pasado comunista.

“Como saben, la ley de EEUU proporciona amplia autoridad para la imposición de sanciones en respuesta a los abusos de los derechos humanos, incluida la denegación de la entrada especial a EEUU. Además de la Ley de Responsabilidad por los Derechos Humanos Magnitsky Global, la Administración puede negar la entrada a EEUU a través de la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, Sección 7031(c) en actos de asignaciones de operaciones exteriores, así como a través de la autoridad proporcionada por la E.O. 13818”, explicaron los congresistas.

“Con la represión continua y los abusos contra los derechos humanos que ocurren en Cuba hoy, debemos asegurarnos de que aquellos individuos que actúan en nombre de un régimen cruel que se opone activamente a los intereses de EEUU, no se beneficien del privilegio extraordinario de la entrada a EEUU, y deben ser agregados a la lista de individuos específicamente sancionados que se les niega la entrada al país”, añadieron.

Roca Sampedro, de 42 años, tiene una hija en Houston, Texas, con la cual, presumiblemente, iría a vivir si se le permite permanecer en Estados Unidos. Adrián Díaz, el contacto ofrecido por Roca Sampedro en Houston, Estados Unidos, no negó conocerla, pero dijo que no mantiene comunicación con ella, y colgó tras unos segundos de conversación con Martí Noticias.

Martí Noticias intentó contactar a Roca Sampedro mediante sus redes sociales y no obtuvo respuesta.

Los presos políticos que hasta el momento se conocen y en cuyos casos intervino la fiscal Roca Sampedro son Adrián Quesada Flores (32 años al momento del arresto), Geovanis Cepulveda Martínez (43), Lesyani Heredia Salazar (22) y Yadisley Rodríguez Ramírez (34).

La fiscal también estuvo directamente vinculada al caso contra el disidente camagüeyano Bárbaro de Céspedes, quien cumplió dos condenas en prisión por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Cuba, y para quien pidió el máximo de condena que permitía la ley.

“Sería una deplorable injusticia si se concediera la entrada a EEUU mientras aquellos que fueron encarcelados injustamente continúan languideciendo en cárceles cubanas”, dijeron los congresistas.

La 1ª. Bienal Internacional de Humor Político se iniciará en la capital cubana este 14 de junio con la participación de caricaturistas de 24 países que competirán con 225 obras.

Según sus organizadores, el Consejo Nacional de Artes Plásticas y el Ministerio de Cultura, la bienal busca “explorar de manera lúdica el impacto de la globalización y los fenómenos asociados a ella, desde una perspectiva de humor político”.

“No es que cuestione la calidad de los participantes, incluidos los cubanos que viven aquí. Cada cual hace el humor político que defiende y hay participantes que tienen calidad y no dudo que hay alguna que otra exposición que valga la pena”, dijo a Martí Noticias, desde La Habana, el periodista, escritor y humorista Jorge Fernández Era.

“Pero el hecho está en organizar un festival de humor político en un país donde no se permite ningún humor político que se salga de los cánones establecidos, lo mismo para los humoristas que para los escritores, o si no defiendes la línea que traza el partido y el gobierno eres un apestado y es lo que está pasando conmigo desde hace más de un año. Ahí es donde está la gran ironía y me parece que es una grandísima burla”, agregó.

En ese sentido, Arístides Hernández, parte del comité organizador, aseguró en la conferencia de prensa en la que anunciaron el evento, que “siempre hay límites en el humor”.

"En el caso de Cuba hay límites en el humor con relación a las figuras históricas de la Revolución y los conceptos formadores de la identidad nacional cubana; habrá espacio para la crítica social y la sátira siempre que no se toquen de manera irrespetuosa o degradante esos puntos", indicó.

Martí Noticias trató de entrevistar a Hernández, pero a nuestras llamadas contestaron que no se encontraba en su vivienda.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, su esposa y otros figuras de la política son fuente constante de memes y chistes dentro y fuera de Cuba. En la isla hay varias personas encarceladas por burlarse de su figura y la de otros dirigentes.

De acuerdo a los organizadores, además del certamen que premiará tres lugares, el evento contará con exposiciones gráficas, conversatorios, representaciones teatrales, audiovisuales y musicales, tanto en la galería de 23 y 12, su sede principal, el Pabellón Cuba y el Cine Yara, todos ubicados en La Habana.

El tema del festival será la “Lucha contra el neofascismo”, un movimiento ideológico cuyos rasgos más importantes son la subyugación de los ciudadanos al Estado, el régimen totalitarista caracterizado por la nulidad de elementos democráticos y el rechazo de los derechos políticos y libertades civiles.

“Me temo que el mayor chiste de la Bienal Internacional del Humor Político sea, precisamente, el título y el propósito: dicen que es una bienal contra el fascismo y yo no encuentro mayor manifestación de fascismo que reprimir a un pueblo y meter presos a cientos de cubanos por el simple acto de manifestarse”, acotó el profesor universitario, escritor y humorista cubano Enrique del Risco, exiliado en Estados Unidos.

“A un humorista como Jorge Fernández Era se le persigue a diario por el acto de expresarse libremente. Si algo debían hacer los humoristas en Cuba sería manifestarse en contra de que un colega sea perseguido y eso, por supuesto, no se hace”, puntualizó.

Las autoridades cubanas censuran, mantienen en arresto domiciliario e impiden salir del país a Fernández Era.

En julio de 2023, más de 200 humoristas, artistas y escritores denunciaron, en una carta pública la “campaña de acoso y descrédito” contra Fernández Era, “una referencia para el humor cubano durante cuatro décadas”, editor y autor de libros y “galardonado con numerosos premios nacionales e internacionales a lo largo de carrera”.

“Lo único de lamentar, porque esa bienal es un gran chiste, es la presencia de algún que otro nombre con talento que es una de las cosas más tristes de un sistema represivo: rebajar el talento a la servidumbre”, recalcó Enrisco.

La ONG Prisioners Defenders reportó este jueves una escalada de la represión en Cuba en mayo, lo que elevó la cifra de presos políticos en la isla a 1.113.

Ese mes, precisa la organización, hubo 19 nuevos arrestos, 11 de ellos por participar en las manifestaciones populares en la localidad de Juraguá, Cienfuegos, el pasado 28 de mayo.

El régimen desplegó además un operativo represivo contra activistas y periodistas independientes por toda la isla” con “detenciones, interrogatorios, decomisos y amenazas”, a propósito del aniversario de la fundación de la República de Cuba, el día 20.

Entre ellos se encuentran Yosmaury Casares Soto y Raciel Álvarez Díaz, del medio independiente “Panorama Pinareño”, quienes fueron detenidos en el municipio San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río.

También aparece en el listado Juan Manuel Moreno Borrego, director de “Amanecer Habanero”, citado e interrogado en la estación policial del municipio Plaza de la Revolución para que no saliera a las calles el 20 de mayo.

Otros reporteros a quienes amenazaron por la misma razón fueron Antonio Suárez Fonticiella, director del medio “Páginas Villareñas” de Villa Clara y Mabel Páez Díaz, directora de “El Majadero de Artemisa”.

“Me dijo que tenía los días contados, que dejara de hacer periodismo, que van a sacar de las calles [meter en prisión] a todos los periodistas independientes y a tomar medidas drásticas con todo el que aliente al pueblo a salir”, contó Mabel a PD.

El 15 de mayo Orlidia Barceló Pérez, directora de “El Espirituano”, y su esposo, el también periodista Pedro Luis Hernández Hernández, fueron interrogados en El Vivac (Centro de Instrucción Penal, para ejecutar interrogatorios y torturas), en Sancti Spíritus. Un día después fue detenido Vladimir Turro Páez, periodista de Cubanet, cuando salía de la sede de las Damas de Blanco, en la Habana.

"Este mes se ha caracterizado por la represión contra manifestantes pacíficos, el operativo represivo a gran escala contra periodistas independientes, las torturas a presos con padecimientos psiquiátricos y la negación de beneficios carcelarios para presos políticos con derecho a estos en Cuba", recoge el informe de la organización.

Leandro Muñoz Zamora, un joven de 20 años residente en la ciudad de Santa Clara, falleció luego de lanzarse desde la ventanilla de un ómnibus de la Empresa Constructora Militar en la mañana del pasado 12 de junio.

En un inusual reporte de la prensa estatal relatan que el recluta estaba siendo trasladado a Matanzas para continuar allí su Servicio Militar Obligatorio.

"El hecho ocurrió cerca de las 10:00 a.m. en el kilómetro 254 de la Autopista Nacional, en la provincia de Villa Clara. Muñoz Zamora viajaba junto a otros 11 soldados, tres civiles y el chofer hacia la ciudad matancera, donde continuaría su misión como parte del Servicio Militar Activo", recoge la nota de prensa de la emisora CMHW.

El régimen no publica las cifras de personas que fallecen en el SMO pero según registros de la organización independiente Cubalex, consultados por Martí Noticias, desde 2022 han muerto al menos otros 16 jóvenes en activo.

Ese año varios reclutas de la brigada de bomberos en Matanzas fallecieron durante la extinción del fuego en la Base de Supertanqueros, el incendio más grande registrado en la isla en las últimas décadas. A raíz de ese incidente, ganó fuerza un movimiento impulsado por madres y padres que se oponían a que sus hijos fueran reclutados.

En Cuba el Servicio Militar es obligatorio por dos años para los hombres entre los 17 y los 28 años. A quienes reciben carreras universitarias, el término se le reduce a la mitad.

A mediados de 2023, el Parlamento aprobó un nuevo código penal militar que incluye sanciones de hasta 5 años de cárcel a los que se nieguen a pasar el SMO. La normativa condena además a aquellos que no respondan al llamado o se autolesionen para evitarlo.

“Quien, con la intención de evadir definitivamente el servicio militar, abandone la unidad o lugar donde preste el servicio, o deje de presentarse cuando deba hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años”, estipula el artículo 41 del capítulo III de la norma.

El Observatorio de Libertad Académica (OLA) examinó en su más reciente informe la distorsión progresiva del ejercicio del magisterio en Cuba desde 1959 hasta la actualidad.

El cuadragésimo informe de OLA muestra el “proceso de desmontaje de los establecimientos pedagógicos democráticos y su sustitución por ‘fábricas’ de maestros-soldados, instrumento adoctrinador también orientado hacia el extranjero”.

“En este informe el Observatorio de Libertad Académica analiza el proceso de evolución de la escuela cubana después del triunfo de la revolución en enero de 1959 y el proceso de autocratización política que lleva a un estado totalitario. En este sentido, el punto de partida es el proceso de cierre de las escuelas normales”, indicó a Martí Noticias, el Máster en Ciencias Históricas Leonardo Fernández Otaño, investigador de la organización que tiene su sede principal en Miami.

“Debemos señalar que las escuelas normales iniciaron a finales del siglo XIX en Cuba y que constituyen uno de los grandes referentes de las escuelas cubanas por cuanto formaron generaciones de maestros en la más fiel tradición pedagógica cubana, buscando soluciones pedagógicas nacionales basadas en la tradición de grandes pedagogos como Alfredo Aguayo y Enrique José Varona”, agregó.

De acuerdo al informe, la instauración de la Ley de Reforma Integral de la Enseñanza desembocó en la aplicación y práctica de una política despótica en materia educativa refrendada por la Constitución de 1976.

Con la Carta Magna del 76, se consagra el sistema educativo asentado en la ideología marxista leninista y se institucionaliza la participación obligatoria en actividades políticas, sociales y militares, a la vez que se regula la creación artística y la actividad docente dentro de “los principios revolucionarios”.

“A inicio de la década de los 60, Fidel Castro clausura estas escuelas y va introduciendo un plan de educación con la creación de "los Makarenkos", maestros formados en la más rancia pedagogía soviética estalinista y que después va a ir evolucionando con la creación de las escuelas al campo y la militarización del modelo educativo cubano”, señaló el especialista.

En 1972 se funda el destacamento Manuel Ascunce Domenech, que, con el posterior nacimiento de otros como el Destacamento de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay, crean “una educación cerrada, militarizada y que se van a concretar luego en la exportación de los servicios educativos cubanos a países aliados, tanto que tuvieran gobiernos autocráticos, como fue el caso de Venezuela, o países con procesos de descomposición democrática y que eran aliados de La Habana”, subrayó Fernández Otaño.

La investigación destaca a dos víctimas de discriminación en el campo del magisterio castigados por acercarse a líderes del movimiento opositor cubano. Se trata esta vez de la actualmente activista y periodista independiente Gladys Linares, expulsada de su empleo a finales de la década del 80 y Esquizander Benítez Moya, al que se le cesó su contrato como maestro en 2013, luego de entrevistarse con el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, hoy en prisión.