Las votaciones de México iniciaron el domingo en una histórica elección en la que dos mujeres se disputan la presidencia con dos opciones opuestas: la de quienes quieren un cambio de rumbo y la de quienes respaldan la continuidad del modelo heredado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las elecciones se consideran un referéndum de la administración de López Obrador, quien en sus seis años de mandato amplió los programas sociales pero también la militarización del país y no pudo controlar ni la inseguridad ni la impunidad ni el avance del crimen organizado.

La candidata del oficialista partido Morena, Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la capital, es la favorita de la contienda seguida de la empresaria y exsenadora Xóchitl Gálvez, quien encabeza la coalición opositora formada por un partido conservador (el PAN), uno izquierdista (el PRD) y el que gobernó México durante siete décadas del siglo XX (el PRI).

Ninguna de las dos mujeres, ambas de 61 años, ha conseguido enganchar con el electorado como lo hizo hace seis años López Obrador, que ganó por más de 30 puntos de ventaja en 2018.

En las afueras de la Ciudad de México, en el barrio de San Andrés Totoltepec, el ama de casa Stephania Navarrete, de 34 años, observaba a las decenas de camarógrafos y funcionarios electorales reunidos donde Sheinbaum iba a votar.

Navarrete dijo que planeaba votar por la candidata de Morena pese a sus críticas a López Obrador.

"Tener una mujer presidente, para mí como mujer mexicana, no va a ser como antes cuando, por el simple hecho de decir que eres mujer te limita a ciertas profesiones. Ahora ya no", dijo Navarrete a The Associated Press.

Agregó que los programas sociales de López Obrador, el mentor de Sheinbaum, son cruciales pero que la violencia de los cárteles es su principal preocupación. "Para mí el reto mayor en la seguridad. Dijeron que iban a bajar los niveles de delincuencia pero no, fue todo lo contrario, se dispararon. Obvio no culpo completamente el presidente, pero es en cierta manera su responsabilidad", dijo Navarrete.

Casi 100 millones de mexicanos están llamados a votar en los comicios más grandes en los que, además de la presidencia, se renovarán las dos cámaras del Congreso, nueve de las 32 gubernaturas y más de 19.000 cargos locales.

Alrededor de 675.000 mexicanos que viven en el extranjero están registrados para votar pero en el pasado sólo un pequeño porcentaje lo ha hecho. El voto no es obligatorio en México y la participación ha rondado el 60% en las últimas elecciones.

Las urnas de la mayor parte del país cierran a las 18.00 horas (00.00 GMT) y se espera que los primeros resultados preliminares y parciales empiecen a fluir a las 21.00 horas (03.00 GMT).

Sheinbaum, exacadémica, ha apostado por la continuidad del modelo, lo que le garantiza el apoyo de los sectores más populares —que son la base electoral del actual presidente— pero le dejó poco o ningún margen de maniobra para proponer ajustes a las políticas más polémicas del mandatario.

Gálvez, una mujer que presume de haber pasado de vender gelatinas a fundar sus propias empresas tecnológicas, se presentó como la única opción para devolver la paz a los mexicanos y centró su campaña en criticar la estrategia de seguridad del presidente de "abrazos, no balazos", que quiere atajar las causas de la violencia sin confrontación directa con los cárteles.

También denunció que la forma de gobernar del actual mandatario supone un peligro para la democracia por querer suprimir organismos autónomos o por sus enfrentamientos y ataques al Poder Judicial.

El único candidato presidencial hombre es Jorge Álvarez Máynez, del pequeño partido Movimiento Ciudadano, que va en un lejano tercer lugar.

Pedro Saldívar Roja, un ex farmacéutico de 71 años, estaba al frente de la fila de votantes en San Andrés Totoltepec con un rosario al cuello y un bastón en la mano.

"Es una elección histórica, para votar y unirnos en el oficio del pueblo", dijo el hombre e indicó que planeaba votar por Sheinbaum debido a los programas sociales de López Obrador, especialmente los pagos realizados a los mexicanos mayores.

Morena, un partido creado por López Obrador hace diez años, gobierna en 23 de los 32 estados del país y tiene mayoría simple en ambas cámaras del Congreso que ahora aspira a ampliar hasta los dos tercios necesarios para poder reformar la Constitución sin necesidad de consenso, algo que preocupa profundamente a la oposición y a los expertos.

La violencia política se ha multiplicado durante la campaña. No es algo nuevo para México, donde el crimen organizado busca condicionar a los candidatos en los estados y municipios para garantizarse el control local de las zonas donde opera. Pero este año su impacto ha sido notable con casi una treintena de aspirantes a cargos públicos asesinados —según información de la organización Data Cívica—, y decenas de ataques, amenazas y homicidios de familiares de los políticos.

Un candidato a alcalde en Guerrero, al sur, fue baleado en pleno mitin de cierre de campaña. En Morelos, en el centro del país, o en Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos, el crimen organizado colgó lo que podrían considerarse "narcocarteles electorales" para que votaran por determinado candidato. Y en Chiapas, un estado en plena guerra entre el Cártel de Jalisco y el de Sinaloa, desconocidos quemaron una oficina local del instituto electoral que no provocó víctimas pero sí acabó con toda la papelería de las votaciones hecha ceniza.

Más de 27.000 uniformados federales, la mayoría de la Guardia Nacional, han sido desplegados para garantizar la seguridad de las votaciones que serán vigiladas también, entre otros, por observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos.

En el terreno económico México llega a los comicios con el peso fortalecido frente al dólar en los últimos años, principalmente debido a los altos tipos de interés internos y al aumento de las remesas que son enviadas por los emigrantes desde Estados Unidos a miles de rincones de México. El crecimiento medio del PIB durante el mandato de López Obrador ha sido del 1% anual.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele asumió el sábado un segundo mandato consecutivo de otros cinco años, con el desafío de disminuir los indicadores de la pobreza y aliviar las finanzas públicas del país más pequeño de Centroamérica, anticipando que podría requerir de una "medicina amarga".

A principios de febrero, Bukele arrasó en las presidenciales con el 84.6% de los votos, pese a los reclamos de sus opositores y algunos miembros de la comunidad internacional que denunciaron los comicios asegurando que la Constitución del país prohíbe la reelección inmediata.

La popularidad de Bukele, un controversial expublicista de 42 años de edad que inició su primer mandato en 2019, fue catapultada por una guerra contra las pandillas que le permitió reducir el número de homicidios en dos años en 87%, tras la implementación de un estado de emergencia que ha colocado al país entre los más seguros del mundo.

A pesar del amplio respaldo a la medida, la debilitada oposición y diversos organismos de derechos humanos la han criticado asegurando que se ha capturado -a veces sin pruebas- al 2.5% de la población adulta del país.

Con vecindarios más seguros, ahora la principal preocupación de la mayoría de los seis millones de salvadoreños es el incremento del costo de vida y del desempleo, que han llevado la pobreza a niveles no vistos en más de un lustro.

Tras hacer una analogía de la situación del país con un paciente con diversas enfermedades que está en tratamiento, Bukele se comprometió a atacar y curar las otras enfermedades de El Salvador, como la situación de la economía, luego de acabar con el cáncer de las pandillas.

"Ahora que ya arreglamos lo más urgente, que era la seguridad, vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía", dijo Bukele en su discurso de posesión. "Quizá en este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga".

"Esta es la receta que ustedes eligieron, la receta que está dando resultados", agregó, aunque no dio detalles de cuáles serán las medidas que implementará en el nuevo mandato.

En la última década, la pobreza se redujo en El Salvador desde niveles cercanos al 50% hasta llegar al 30% en 2019, cuando asumió Bukele. Sin embargo, el joven mandatario ha tenido dificultades para seguir reduciendo la incidencia y el año pasado subió al 30.2% de la población.

"Los impactos de las políticas o de las decisiones que el Gobierno toma a nivel macroeconómico, sobre todo las que tienen que ver con reducir gastos sociales para poder pagar deuda o para reducir el déficit fiscal, terminan generando una situación crítica a las mujeres y a los hogares del área rural", opinó la economista Julia Evelyn Martínez.

FINANZAS PÚBLICAS

En 2021, Bukele sorprendió a propios y extraños al anunciar que El Salvador adoptaría el bitcóin como moneda de curso legal en paralelo al dólar estadounidense.

Pero el proyecto no ha despegado como se esperaba y hasta podría estar perjudicando las posibilidades del país de recibir una necesaria inyección de efectivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), en momentos en que la economía registra el crecimiento más lento de Centroamérica y la deuda pública alcanzó un récord de tres décadas en 2022.

"Si bien en los últimos años la deuda ha disminuido, todavía es superior a los niveles previos a la pandemia y la posición fiscal del país continúa siendo frágil", dijo el Banco Mundial.

"El Gobierno enfrenta presiones de liquidez y tiene pocas alternativas de financiamiento", agregó el organismo.

Desde que Bukele asumió la presidencia, la deuda pública de El Salvador se ha venido incrementando. Al cierre de 2023, la deuda pública total del país centroamericano llegó a 20,000 millones de dólares. De ellos, 12,000 millones corresponden a deuda externa.

Sin embargo, las cuentas no incluyen la deuda estatal con los fondos privados de pensiones de casi 10,000 millones de dólares.

En un intento por aminorar la curva de vencimientos de sus obligaciones, en los últimos años, el país ha recomprado bonos.

A principios demayo, Claudia Sheinbaum, la favorita de las encuestas para ganar las elecciones presidenciales de México, iba a visitar un municipio de Michoacán con fuerte presencia del crimen organizado, pero finalmente abortó la gira de campaña.

Tres fuentes del círculo cercano de la candidata oficialista dijeron a Reuters que se tomó la decisión porque horas antes del evento supuestos miembros de la delincuencia organizada prendieron fuego a varios vehículos en Apatzingán, obligando al despliegue de fuerzas militares. Sheinbaum ha negado que la cancelación tuviera que ver con la inseguridad.

Más tarde, a unos kilómetros de allí, en Uruapan, militares desmontaron un campamento ligado al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hallaron un arsenal que incluía armas como el Barrett M82, cuyas municiones pueden atravesar fácilmente chalecos antibala y vehículos blindados.

El episodio destaca cómo Sheinbaum podría enfrentar desafíos mucho más difíciles para repetir el éxito que tuvo en reducir los homicidios cuando gobernó Ciudad de México en otra zonas como Jalisco o Michoacán, donde diversos grupos criminales ejercen un férreo control y exhiben un notorio poder de fuego.

"López Obrador siempre ha tratado de dar un tono optimista al describir los problemas de seguridad en las zonas rurales. Como presidenta, Sheinbaum tendrá que lidiar con la realidad sobre el terreno", dijo Nathaniel Parish, analista de riesgo político para América Latina.

Cuando asumió la presidencia en diciembre de 2018, López Obrador se comprometió a acabar con la inseguridad en tres años. Pero su mandato, que culmina en octubre, se ha convertido en el más letal desde que se tiene registro, con más de 185,600 homicidios dolosos acumulados hasta abril.

Él ha defendido el aplacamiento de la curva de homicidios-aunque no ha podido bajar de 30,000 al año-, pero sus adversarios han criticado su estrategia de no confrontar a los grupos del crimen organizado, que ha desatado una crisis de desaparecidos, extorsiones, aumento del robo en carreteras, elevados porcentajes de impunidad y un empeoramiento de la inseguridad en estados bajo control de su partido Morena.

Actualmente, seis de cada 10 mexicanos consideran que la inseguridad es el principal problema del país, según una encuesta anual del Instituto Nacional de Estadística (INEGI).

Homicidios a niveles de Brasil

Con una estrategia diferente a la de su líder, Sheinbaum quiere llevar la tasa de homicidios dolosos a niveles similares a los de Brasil para 2027, dijeron sus asesores a Reuters.

Para ello, ha propuesto aumentar los efectivos de la Guardia Nacional a 150,000 para sustituir al Ejército en labores de seguridad pública hacia 2028, fortalecer la investigación en las policías locales, mejorar la coordinación entre las fiscalías y aplicar una reforma judicial que busque reducir la impunidad.

Entre otras cosas, duplicará el número de investigadores en la fiscalía general a 8,000, creará universidades y centros comunitarios para alejar a los jóvenes del crimen y ampliará las capacidades policiales de la Guardia Nacional, teniendo en cuenta que más del 40% de sus miembros carecen de entrenamiento policial.

Pero expertos coinciden en que enfrentará desafíos para reducir la impunidad desde niveles cercanos al 100% y en la aplicación de su plan en zonas del país con fuerte presencia armada del crimen organizado, algo que no ocurre visiblemente en la capital.

"Nadie puede negar que en muchas zonas del país la gente se siente objetivamente insegura y es víctima de muchos delitos", dijo a Reuters Juan Pablo Morales, miembro del equipo que colaboró en la elaboración del plan de gobierno de la candidata.

"(Pero) si las tendencias continúan como están ahora, más o menos a mediados de la próxima administración estaríamos viendo niveles comparables a países como Brasil", agregó Morales, en referencia a la tasa de homicidios intencionales por cada100,000 habitantes.

Morales dijo que el equipo está consciente de las diferencias entre Ciudad de México y el país, pero que muchas lecciones de la capital se pueden aplicar a nivel nacional.

México tiene una tasa de 23.3 homicidios por cada 100,000habitantes, cerca del nivel de países con conflictos armados como Colombia, mientras que en Brasil la tasa es de 19.4. Cuando López Obrador asumió la presidencia de México, a fines de 2018, la tasa era de 29 homicidios por cada 100,000 habitantes.

"Me parece sensato, nada más que no está en cancha de ellos. La situación de inseguridad en el país depende de la guerra civil que hay entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco", opinó David Saucedo, consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública.

"Son ellos los que están marcando la pauta de la guerra. Veo muy complicado que los grupos del narco puedan ser sometidos, controlados o inducidos a una paz por el Estado mexicano", agregó.

Expertos aseguran que el plan de Sheinbaum carece de detalles y fuentes de su círculo cercano confiesan que la científica de 61 años los ha obviado adrede para evitar referirse a los magros resultados de AMLO, a quien debe su elevada intención de voto, que la coloca dos dígitos por delante de Xóchitl Gálvez, la aspirante de una coalición opositora.

"Sheinbaum ha publicado poca información sobre sus planes de seguridad. Lo que tenemos son señales sobre lo que le gustaría hacer, pero no tenemos cantidades concretas en dólares de lo que planea dedicar a estas iniciativas", dijo Parish.

Danza de cifras

Sheinbaum ha mostrado sus buenas cifras cuando fue alcaldesa de la capital mexicana como un ejemplo de que sí puede pacificar al país. Con ella a la cabeza, Ciudad de México redujo los homicidios dolosos en 50% entre diciembre de 2018 -cuando asumió el cargo- y junio de 2023 -cuando lo dejó para participar en las presidenciales-.

Pero críticos sostienen que una reclasificación de delitos bajo el rubro "eventos de intención no determinada", que empezó antes del mandato de Sheinbaum, podría estar escondiendo un incremento de los homicidios.

En 2018, estos eventos -que incluyen presuntos homicidios, ahogamientos, envenenamientos, atropellos u otros- sumaron 1,942 mientras los homicidios fueron 1,469. La cifra aumentó en 2019 pero cayó en los años de pandemia para luego volver a crecer en 2022 a 1,549 eventos de intención no determinada versus la mitad de homicidios.

"(Las cifras) confirman las sospechas de encubrimiento de homicidios y suicidios en algunas entidades, empezando por la Ciudad de México", dijo el sociólogo Jorge Ramírez. "Es una cantidad enorme que ha venido creciendo desde hace años y no se distribuye al azar", agregó.

Sheinbaum y el gobierno de Ciudad de México han rechazado en varias oportunidades que las cifras de homicidios se hayan reducido artificialmente.

José Merino, asesor de la candidata oficialista, dijo a Reuters que es "absurdo" asegurar que se están encubriendo los homicidios. "Son ataques porque la reducción de homicidios es uno de los grandes logros de la administración de Sheinbaum".

Explicó que el número de muertes catalogadas como "eventos de intención de determinada" y luego constatadas como homicidios representan menos del 10% del total.

Merino agregó que el aumento en el número de desapariciones se debió a un incremento en los registros de estos incidentes y no a un aumento en su ocurrencia.

Caracas — La decisión del organismo electoral venezolano de revocar la invitación a una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) para las elecciones presidenciales en el país no es una “buena señal” y elimina la posibilidad de un proceso semi competitivo, afirman expertos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela dejó sin efecto la invitación a la MOE UE para los comicios presidenciales del 28 de julio, argumentando que el bloque europeo extendió “por un período más corto” las sanciones contra varios funcionarios y levantó las que pesan sobre un grupo, entre ellos Elvis Amoroso, presidente del organismo electoral.

Para Ricardo Ríos, analista de entorno y presidente de la consultora Poder y Estrategia, la ausencia de la MOE UE quita la posibilidad de “cierta competitividad” en el proceso electoral en el que el presidente Nicolás Maduro busca su tercer mandato, pero también destaca que, si bien la misión podría “frenar ciertos excesos”, tampoco es una garantía de transparencia.

Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), coincide en que la observación no es garantía de un proceso “pulcro”, pero resalta que su ausencia tampoco implica que se vayan a cometer irregularidades.

Sin embargo, dice que si el proceso es monitoreado por distintos actores, al menos “hay un poder disuasorio para que las irregularidades más burdas no se cometan”.

“Las misiones nacionales e internacionales tienen eso como propósito, ser como un vigilante de que la cosa funcione bien. Ese vigilante puede en alguna medida aminorar o desestimular que se cometan irregularidades. Si uno sabe que lo están vigilando, uno se comporta un poco mejor”, dijo Lander.

Ríos insiste en que, por encima de cualquier observación electoral, la mayor garantía de custodia del voto es una "estructura organizada y disciplinada" de los actores políticos en las mesas de votación.

La oposición venezolana liderada por María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, exigió el miércoles revertir la decisión del organismo electoral y aseguró que la medida no evitará la victoria del candidato Edmundo González.

“Esta decisión la combatiremos redoblando los esfuerzos que estamos llevando adelante en la construcción de la más robusta maquinaria electoral en la historia del país, representada por el plan 600K y los miles de comanditos que se están creando a nivel nacional”, dijeron en un comunicado.

El denominado aparato de “integridad electoral”, definido por Machado como la red de organización, seguridad, participación y vigilancia electoral “más poderosa” que ha existido, tiene entre otras funciones estimular la participación y proteger los votos.

La decisión del CNE, estima Ríos, afecta también al gobierno, que, afirma, tiene interés en darle legitimidad a la elección en caso de una victoria.

“Desde ese punto de vista necesita que las elecciones sean legítimas y que sea un proceso medianamente competitivo y transparente, pareciera que no es lo que está planteado”, dice, consultado por VOA.

En 2018, Maduro fue reelecto en unos polémicos comicios en los que la oposición tradicional no participó por considerarlos una "farsa". El proceso fue desconocido y cuestionado por parte de la comunidad internacional que aseguró careció de transparencia, legitimidad y garantías.

La UE y la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre otros, decidieron no enviar misiones de observación.

El Poder Electoral venezolano ratificó convocatoria para una “veeduría amplia” a la Comunidad de Estados y Caribeños (CELAC), Comunidad del Caribe (Caricom), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniorec), el Panel de Expertos de las Naciones Unidas, la Unión Africana, el Centro Carter, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, entre otros.

Expertos electorales explican que la relevancia de la MOE UE, cuya presencia está contemplada en el Acuerdo de Barbados, obedece a su reconocida trayectoria y alcance.

Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral y director de Votoscopio, resalta que la veeduría es un proceso más limitado que la observación electoral y recuerda que para que puedan desplegarse misiones de observación es necesaria la firma de memorandos de entendimiento, como ocurrió en 2021 cuando la MOE UE siguió los comicios regionales.

En ese entonces, recuerda Ríos, hubo una serie de irregularidades que fueron expuestas en el informe de la MOE UE y que generó rechazo en el gobierno.

[Con información de Adriana Núñez Rabascall]

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela revocó y dejó sin efecto la invitación a la Misión de Observación Electoral (MOE UE) de la Unión Europea para las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“Sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela, no siento grata su presencia en un proceso electoral tan importante para la democracia”, dijo el martes Elvis Amoroso, presidente del CNE, en una declaración transmitida por el canal del Estado, Venezolana de Televisión.

Amoroso reiteró que la suspensión de la invitación obedece a la decisión de la Unión Europea de prorrogar las sanciones contra el país, de las que exigió su levantamiento “total”.

A mediados de mayo, en el marco de esfuerzos para lograr elecciones competitivas, la UE extendió “por un período más corto” las sanciones contra Venezuela y levantó temporalmente algunas que pesaban contra cuatro funcionarios, entre ellos Amoroso, que calificó la medida de inmoral.

El Parlamento de mayoría oficialista de Venezuela solicitó al CNE retirar la invitación al bloque, al que acusó de apoyar al candidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, respaldado por la líder María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, había dicho este lunes que daría a conocer la decisión sobre el envío de una misión de observación para las presidenciales “a su debido tiempo”.

Una comisión exploratoria de la UE había estado evaluando si se daban las “condiciones mínimas” para enviar la misión.

La UE lamentó la decisión del CNE venezolano e hizo un llamado a reconsiderar su decisión.

“El pueblo venezolano debería poder elegir a su presidente en elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldadas por la observación electoral, incluida la de la Unión Europea, que tiene un largo y distinguido historial de observación independiente e imparcial”, dijo la UE en un comunicado difundido el martes por la noche.

Más temprano el martes, antes del anuncio de Amoroso, la UE había dicho que estaba esperando la firma del acuerdo con el CNE esta misma semana para poder continuar adelante con los procedimientos de la observación electoral.

La Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), coalición de partidos opositores, había pedido este martes al CNE proceder “de manera inmediata” a formalizar la presencia de la MOE de la UE mediante la firma de un acuerdo administrativo.

La PUD insistió en que no se justificaba la demora para materializar el compromiso asumido por el gobierno en el marco de los acuerdos de Barbados, que contempla la presencia de una misión de la UE en las próximas elecciones.

EEUU decidió el mes pasado no renovar una licencia que autorizó transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela, argumentando que el gobierno de Maduro no ha cumplido sus compromisos electorales.

En 2021, una misión de observación de la UE visitó Venezuela para observar las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, en las que parte de la oposición se negó a participar por considerarlas una “farsa”.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro, que busca su tercer mandato, se negó a renovar los visados de más de un centenar de observadores enviados por la UE, que luego de unas siete semanas en el terreno se vieron obligados a abandonar el país.

El mandatario venezolano arremetió contra los integrantes de la misión y los calificó de “enemigos” y “espías”.

En su informe final, la MOE, entre otras cosas, observó “deficiencias estructurales”, incluyendo “falta de seguridad jurídica”, así como la falta de independencia judicial e irrespeto al Estado de derecho que “comprometen la igualdad de condiciones y la imparcialidad y transparencia de las elecciones”.