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Derechos Humanos

Seis mandatos de la ONU ponen a Cuba en el banquillo de los acusados

La policía custodia la entrada del Tribunal Municipal de Marianao, donde fueron encausados varios de los manifestantes del 11 de julio en Cuba. (Yamil Lage/AFP)
La policía custodia la entrada del Tribunal Municipal de Marianao, donde fueron encausados varios de los manifestantes del 11 de julio en Cuba. (Yamil Lage/AFP)
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Seis Mandatos de Derechos Humanos de Naciones Unidas acusaron al régimen cubano por quebrantamientos sistémicos del debido proceso “y otras graves violaciones cometidas”.

Se trata de la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la Relatoría Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la Relatoría Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La ONG asentada en España, Prisoners Defenders, precisó que las decisiones del organismo de derechos humanos responden a su denuncia fundamentada de 2023 con 520 casos de prisioneros políticos.

“Son violaciones que afectan a todas y cada una de las causas penales en Cuba y en particular a los más de 1,500 presos políticos que ha documentado Prisoners Defenders, solo desde 2021”, indicó Javier Larrondo, su presidente.

En una carta fechada el 3 de abril de 2024, enviada al gobierno de La Habana, los grupos de trabajo y las relatorías aseguran que, basados en las informaciones recibidas, suficientemente fiables, están preocupados “por el gran número de manifestantes que han sido juzgados”, a los que parece, dice el organismo, “se ha vulnerado su derecho a conocer los hechos de la acusación y se les ha restringido el derecho de defensa”.

En este sentido, la ONU (Organización de Naciones Unidas) recuerda a las autoridades cubanas que “los abogados tienen derecho a desempeñar sus funciones profesionales sin ninguna amenaza, intimidación, acoso o interferencia, y sin sufrir ni ser amenazados con procesamiento ni sanciones administrativas o disciplinarias por las acciones emprendidas de conformidad con los deberes profesionales y las normas éticas”.

Igualmente apunta que la ausencia de procedimientos acordes con los derechos humanos que se emplean con los arrestados y la falta de supervisión judicial pertinente, aumentan el riesgo de amenazas o malos tratos reales.

La organización planetaria reiteró que la prohibición de desaparición forzada y el derecho a la vida son normas decisivas aplicables de acuerdo con el derecho internacional convencional y consuetudinario.

La comunicación de los seis Mandatos señala, además, otras transgresiones, como la dependencia de fiscales y jueces del poder político, la presentación de peritos y testigos del Estado como única fuente acusatoria, la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales y la aplicación de delitos fácilmente manipulables por su poca concreción y los civiles juzgados en tribunales militares.

“Agradecemos también su acompañamiento y confianza con el trabajo que venimos realizando desde 2019 y, especialmente, en adoptar también la cifra de las detenciones arbitrarias en las manifestaciones del 11J entre 5,000 y 8,000 personas en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 que conseguimos demostrar con nuestro trabajo en el terreno”, manifestó Larrondo.

Según el presidente de Prisoners Defenders, la advertencia al régimen de Cuba de que Naciones Unidas sacará más condenas públicas sucesivas en base a este trabajo alimenta la esperanza para la liberación de todos los presos políticos en la isla.

“Nos sumamos a la advertencia de Naciones Unidas, con conocimiento de causa, y avisamos por ello al régimen de Cuba que nuestro trabajo con los distintos mandatos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas resultará, dada la gravedad de los hechos, en condenas sucesivas durante los próximos meses, que no tendrán precedentes ni siquiera en los procedimientos especiales”, adelantó.

Se desconoce si el gobierno de Cuba respondió a las acusaciones en el plazo determinado de 60 días.

Impiden reunión de padre de preso del 11J con Obispo Auxiliar de Arquidiócesis de La Habana

Wilber Aguilar posa junto a su hijo Walnier, uno de los jóvenes presos en Cuba tras el 11J. (Archivo)
Wilber Aguilar posa junto a su hijo Walnier, uno de los jóvenes presos en Cuba tras el 11J. (Archivo)
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Agentes policiales impidieron el jueves a Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Aguilar, reunirse con el Monseñor Eloy Ricardo Domínguez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de la Habana.

Wilber dijo a Martí Noticias que acudió a las autoridades eclesiásticas tras negársele, a inicios de mayo, la visita familiar a su hijo en la cárcel Combinado del Este, en La Habana. El joven afrodescendiente lleva cerca de 60 días sin derecho a visitas. El padre ha denunciado a las autoridades del penal de "racismo y ensañamiento" contra su hijo.

"Había coordinado una cita con Monseñor Eloy en el Arzobispado de La Habana y cuando llegó el día de la entrevista, cuando voy a salir de mi vivienda, me encuentro dos patrullas (de la policía) y como seis agentes de la Seguridad del Estado que me impidieron salir", detalló Aguilar.

El padre del preso político denunció que cada vez que intenta reunirse con un funcionario de otro país que visita Cuba para hablar sobre la situación de su hijo y pedir ayuda, las autoridades se lo impiden.

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"Yo, simplemente, quiero pedirle a cualquier persona, o alto funcionario, o que pertenezca a alguna iglesia, que vayan a visitar los presos, que ellos son la verdad, la verdad está encarcelada. Y no se me permite reunirme con nadie. No hay libertad de movimiento, no hay libertad de expresión", subrayó.

Aguilar explicó los motivos por los que solicitó una cita con el Obispo Auxiliar.

"Él es el que atiende los casos de los presos aquí, por la religión, y yo pedí una cita con él para preguntarle por qué los presos políticos están siendo torturados, están siendo amenazados, se les quitan las visitas, como hicieron conmigo y con mi hijo, no se les da la debida alimentación y la atención médica", dijo.

Agregó que quería explicarle todo esto al líder religioso, y pedirle que intercediera por la liberación de su hijo y los otros presos de conciencia que permanecen encarcelados en la isla.

La Iglesia Católica ha solicitado a las autoridades cubanas el cese de la represión contra los ciudadanos y la liberación de los presos políticos. A principios de 2023, el cardenal Beniamino Stella viajó a La Habana y reclamó, en nombre del Papa Francisco, la liberación de los manifestantes presos del 11J.

"Estuve sitiado sin una orden de un fiscal. Soy un padre que defiende a su hijo y me tratan como si yo fuera un criminal", concluyó Aguilar.

Walnier Luis Aguilar Rivera tiene un diagnóstico de deficiencia intelectual. Fue condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de "sedición" tras manifestarse, el 11 de julio de 2021, en el reparto La Güinera, en Arroyo Naranjo, La Habana, durante las protestas populares que tuvieron lugar ese día en varias localidades de Cuba.

Aguilar ha denunciado constantemente la situación de su hijo en prisión, donde no recibe el trato adecuado. El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una medida cautelar al joven preso político debido a la gravedad de su caso.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)

Preso político pide mediación de defensores de derechos humanos para frenar maltrato contra reclusos enfermos en Cuba

Adel de la Torre Hernández. (Tomado de su perfil deFacebook)
Adel de la Torre Hernández. (Tomado de su perfil deFacebook)
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El preso político Adel de la Torre Hernández, que cumple siete años de privación de libertad en la prisión habanera 1580, denunció que las autoridades y el personal penitenciario afectan la dignidad y la integridad física de los reclusos con enfermedades mentales.

En una carta enviada a su madre, Anayl Hernández Collado, Torre Hernández clama a las organizaciones de derechos humanos que intervengan para que cesen los malos tratos contra aquellos que sufren “una enfermedad no provocada por ellos mismos, y que son incapaces de defenderse física y verbal [sic]”.

“Mamá habla con los derechos humanos de las injusticias que están sucediendo aquí. Papá te va ayudar, hazlo por mí, pues fue Dios quien hizo que yo viera el dolor. Tú puedes quejarte”, escribe Torre Hernández, un paciente de esquizofrenia paranoide de 27 años.

Carta enviada a su madre desde prisión por el preso político Adel de la Torre Hernández.
Carta enviada a su madre desde prisión por el preso político Adel de la Torre Hernández.

“Háblales de esto que está sucediendo. No deseo ponerte en una situación difícil, solo haz lo que tu corazón te diga, pues sé que si fuera a mí ya recorrerías el mundo con tal de ayudarme y de hacer justicia. Haz voz, tócale corazón a las personas con tu palabra. No es para hacer mal, sino porque yo también estoy preso y soy un hombre enfermo”.

La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes define que estos ocurren cuando a través de ellos se inflige, intencionadamente, a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales con el fin de castigarla, intimidarla u obtener información de ella, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, siempre que ese acto sea cometido por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales.

En febrero de este año, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) llamó la atención sobre el caso de este preso político que “está sufriendo un agravamiento de su salud mental, debido a que no recibe el tratamiento que requiere y a los frecuentes castigos que le infligen sus carceleros”.

La organización situó en la palestra pública el número importante de enfermos mentales que extinguen sentencias en las cárceles cubanas por delitos de opinión:

“Problemas y diagnósticos que los tribunales no tuvieron en cuenta a la hora de condenarles y que el sistema penitenciario lo que ha hecho es empeorar debido a que no están recibiendo el tratamiento adecuado, las medicinas que le tocan y además tienen que soportar golpizas, amenazas y el hostigamiento, tanto a ellos como a sus familiares afuera”.

Familiares de presos políticos han denunciado la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada que sufren los encarcelados con padecimientos psiquiátricos en los centros penitenciarios de Cuba.

El joven fue detenido el 11 de julio de 2021, excarcelado en septiembre de ese mismo año, pero enjuiciado y sancionado un año más tarde. Mientras esperaba el juicio, participó como rescatista en el incendio del Hotel Saratoga, en La Habana Vieja.

En las Conclusiones provisionales de la Fiscalía del proceso penal seguido contra 15 manifestantes, el informe pericial asevera que Torres Hernández “presenta Esquizofrenia Paranoide en remisión de síntomas (No enajenado) y funciona con facultad para comprender el alcance de sus actos”.

“Sé mi voz por los presos encarcelados injustamente con enfermedades mentales que no son capaces de valorarse por sí mismos, por favor, porque la sociedad actual nos considera un estorbo y no les importa”, pide el manifestante a su madre.

“Las familias sufren y lloran, pero no logran ni pueden luchar contra el sistema”, asegura.

La organización Justicia 11J ha documentado que al menos 17 personas con discapacidades y padecimientos de salud mental cumplen condenas por haber participado en las protestas de julio de 2021, o en manifestaciones posteriores en 2022 y 2023.

"El Estado debe abstenerse de reprimir a las personas", dice el relator de la CIDH sobre protesta en Cienfuegos

En la noche del pasado 28 de mayo vecinos de Juraguá, una localidad ubicada en la abandonada Central Nuclear de la provincia de Cienfuegos, salieron a las calles a protestar
En la noche del pasado 28 de mayo vecinos de Juraguá, una localidad ubicada en la abandonada Central Nuclear de la provincia de Cienfuegos, salieron a las calles a protestar
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"El Estado debe abstenerse de reprimir a las personas que se expresan públicamente, y respetar y garantizar la libertad de expresión", comentó este miércoles en la red social X, Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Vaca dijo que había recibido con "preocupación" los reportes sobre "agresiones a manifestantes en Cuba, quienes se expresaban en contra de cortes de energía en Cienfuegos".

En la noche del pasado 28 de mayo vecinos de Juraguá, una localidad ubicada en la abandonada Central Nuclear de la provincia de Cienfuegos, salieron a las calles a protestar por los constantes cortes de energía.

Según el grupo de trabajo Justicia 11J, se produjeron detenciones arbitrarias de al menos seis personas, y se reportaron agresiones a los manifestantes.

"La ciudad nuclear es una de las comunidades más marginadas de Cienfuegos. Tras la cancelación de los planes de Fidel Castro de erigir la central atómica con subvenciones soviéticas, cayó en el abandono. Sus pobladores marcharon pacíficamente. Fueron desplegados agentes del Estado para frenar la protesta de decenas de ciudadanos, incluida la Brigada Especial del Ministerio del Interior (MININT), una fuerza élite conocida como boinas negras, respuesta que consideramos desproporcionada", recoge el comunicado de la organización.

"Imágenes muestran un arresto que fue repudiado por la comunidad. Pero fuentes en el lugar hablaron de la detención de al menos 6 manifestantes. No ha sido posible identificarlos", agregaron.

El grupo, que pidió ayuda para identificar a las personas que fueron arrestadas en Juraguá, dijo que habían recibido "reportes de un cacerolazo de protesta en el barrio de Reina, cerca del parque José Martí, en la ciudad de Cienfuegos, y una manifestación en el reparto Tulipán".

Vecinos de la localidad, que conversaron ayer con Martí Noticias, confirmaron también el fuerte despliegue policial, que se extendió durante todo el jueves.

Hasta la fecha, organizaciones independientes han contabilizado casi un centenar de protestas en Cuba.

"Reiteramos nuestro llamado a organizaciones internacionales de derechos humanos y delegaciones diplomáticas de la Unión Europea a que den seguimiento a la situación Cuba y pidan al Estado que cese la criminalización de quienes protestan", solicitó el grupo Justicia 11J.

Las autoridades del régimen de La Habana han reconocido públicamente que los apagones constituyen una de las causas fundamentales de las protestas en el país pero también han dicho que no tienen una solución a corto o mediano plazo para resolver los problemas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Info Martí | Protestas en La Ciudad Nuclear en Cienfuegos
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"Nosotros estamos conscientes que la electricidad es la chispa de cualquier estallido… Para que haya un incendio tienen que coincidir tres factores: tiene que haber combustible, tiene que haber oxígeno y tiene que haber una chispa", aseguró el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, durante su intervención en el programa inaugural del gobernante Miguel Díaz-Canel

"El combustible y el oxígeno estaban ahí: en la falta de alimento, en el transporte, en la falta de combustible… Pero si no hay la chispa, no se enciende. (…) La electricidad siempre ha sido el detonante de cualquier protesta", agregó.

Detenciones y multas en aniversario del Movimiento Opositores por una Nueva República

Activistas del MONR en una protesta en diciembre del 2017. (Redes Sociales).
Activistas del MONR en una protesta en diciembre del 2017. (Redes Sociales).

Este sábado, las autoridades arrestaron y mantuvieron bajo vigilancia a varios integrantes del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), en Guanabacoa, La Habana, en el 22 aniversario de la organización.

Dieciocho activistas estuvieron bajo vigilancia de la policía y la Seguridad del Estado, denunció la organización no gubernamental, Cubalex.

Ramón Rodríguez Gamboa, Jorge Luis López Cabrera y Luis Jesús Gutiérrez Campos fueron detenidos al salir de la sede del Movimiento, y amenazados y llevados a la cuarta unidad de la PNR en Guanabacoa, donde fueron multados con 150 pesos por supuestamente violar un dispositivo de seguridad.

Cubalex también dio a conocer este domingo que Gutiérrez Campos, de 71 años de edad, seguía detenido.

Otro activista, Lázaro Antonio Pérez González, fue detenido por varias horas en la unidad de la PNR en Aguilera.

Noel Díaz Matos, Julio Ortiz Matos, Elizabeth León Martínez e Idalmi Salazar también fueron detenidos en Guanabacoa y puestos en libertad poco después, denunció Cubalex.

Entretanto, otros integrantes del Movimiento están bajo vigilancia en la sede de la organización. Entre ellos, Maritza Concepción Sarmiento, el vicepresidente del grupo Mario Alberto Hernández Leyva, Lázaro Cárdenas Hernández, Arquímides Torres López, Alfredo Sabate Alcalde, Yusleidy Valero Concepción y Evelin Pineda Concepción.

El pasado día 13, Mario Alberto Hernández Leyva fue detenido y multado. Posteriormente las autoridades lo dejaron en libertad en un lugar remoto de Artemisa.

Hernández dijo a Radio Martí al día siguiente que le impusieron una multa de 100 pesos por "violar el dispositivo de seguridad".

“Fundada el 25 de mayo de 2002, con el objetivo de promover el activismo en las calles, MONR se enfoca en ofrecer programas educativos en los que se les informa a las personas sobre los derechos que tienen y no reclaman”, ha señalado la organización en redes sociales.

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