Derechos Humanos
Alianza por la Libertad Religiosa exige la libertad de pastor de Palma Soriano preso del 11J
La Alianza Internacional por la Libertad Religiosa o de Creencias, un grupo de 38 naciones comprometidas a promover la libertad de religión o creencias en todo el mundo, expresó “profunda preocupación por la injusta detención del reverendo Lorenzo Rosales Fajardo".
El preso político de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, Santiago de Cuba, está actualmente encarcelado en La Caoba.
“Nos preocupa que el reverendo Rosales Fajardo, pastor protestante evangélico y líder de la iglesia no confesional no registrada Monte de Sión, haya sido golpeado y abusado brutalmente durante su detención, debido a su papel como líder religioso en Cuba y sus actividades cristianas”, dijo la Alianza en un comunicado firmado por Estados Unidos, Estonia, Ucrania, Polonia, Alemania, Rumania, Taiwán y la República Checa.
Asimismo instaron “enérgicamente a las autoridades cubanas a que liberen de inmediato e incondicionalmente a Lorenzo Rosales Fajardo y le permitan regresar libremente a su trabajo pastoral en Cuba”.
“Además, hacemos un llamamiento a Cuba para que defienda la libertad de religión o creencias y la libertad de expresión y exigimos la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente después de las protestas del 11 de julio de 2021”, declararon.
La Alianza condenó “el acoso que sufre el reverendo Rosales Fajardo desde 2012, vinculado a su participación en protestas locales en un acto de fe para exigir justicia e igualdad, principios clave de sus creencias religiosas y su ministerio” y “su detención arbitraria por parte de la policía y el ejército en Palma Soriano, el 11 de julio de 2021, durante protestas históricas y pacíficas en toda la isla”.
La Alianza mencionó que en esa ocasión se le acusó de cuatro delitos: incitación a la delincuencia, desorden público, falta de respeto y agresión y fue condenado a una pena total de 8 años de prisión en un juicio en diciembre de 2021 que, según la Alianza, “no mostró ni un ápice de respeto por las garantías de un juicio justo”.
“Durante todo el proceso judicial, los fiscales negaron el acceso a los testigos del reverendo Rosales Fajardo para que hablaran en su defensa y negaron a su abogado el acceso a su expediente antes del juicio”, explicaron en el comunicado.
El grupo relata que “en prisión, las autoridades lo han humillado y los guardias de la prisión han denigrado abiertamente sus creencias religiosas” y que en el 2022, “en los días previos a la Pascua, los funcionarios de la prisión lo sometieron a aislamiento, en una "celda de castigo", por negarse a obedecer las órdenes de dejar de compartir su fe dentro de la prisión”.
Explicaron además que en mayo de 2022, “el gobierno comunicó que la sentencia del reverendo Rosales Fajardo había sido reducida a 7 años de prisión sin ninguna explicación, y luego lo trasladó a la prisión de La Caoba, donde permanece detenido hasta el día de hoy”.
La Alianza Internacional por la Libertad Religiosa o de Creencias está integrada por Albania, Armenia, Austria, Australia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Camerún, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, República Democrática del Congo, Dinamarca, Estonia, Gambia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Israel, Kosovo, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rumania, Senegal, Sierra Leona, Eslovaquia, Eslovenia, Togo, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
La Oficina de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado, USCIRF, actualmente actúa como Secretaría de la Alianza, gestionando las reuniones y el intercambio de información entre los miembros.
El pastor Rosales Fajardo está en la Lista de Víctimas de la falta de libertad de religión o creencias de USCIRF.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Detenciones Arbitrarias condenó en marzo de este año la detención del pastor protestante.
La entidad exigió a La Habana que otorgue inmediatamente la libertad al pastor, así como "una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional".
Preso político del 11 de julio se declara en huelga de hambre para que se revise su caso
El preso político Alexander Guillermo Martínez Amoroso ha estado en huelga de hambre por más de una semana para demandar a las autoridades una revisión de su sentencia que considera injusta.
“Lleva como doce o trece días plantado. Está haciendo una huelga de hambre de esas que ellos mismos se implantan ahí para que hagan justicia con él, que le han echado 18 años por gusto y pide que revisen la causa, que vuelvan a revisar los videos”, señaló a Martí Noticias, Noraisy de la Caridad Poyo Cuellar, cuña da del preso político.
Sin embargo, “no han ido a verlo y alguien tiene que ir a donde está él, para saber porque él es un ser humano”.
El activista Marcel Valdés confirmó en Facebook que Alexander “está plantado ya que lleva más de dos años preso injustamente y no piensa seguir aceptando semejante arbitrariedad”.
Martínez Amoroso, participante de las protestas de julio de 2021 en la barriada habanera La Güinera, fue sancionado por el delito de sedición a 18 años de privación de libertad, sentencia que cumple en el Combinado del Este.
“Él estaba en la ‘tumultera’ esa del 12 de julio”, pero no estaba tirando piedras como dijeron en el juicio”, aseguró la cuñada “.
Fue juzgado, junto a otros 14 manifestantes, los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2021, en la sala de Delitos Contra la Seguridad del Estado, perteneciente al Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre.
De acuerdo al documento de Casación expedido por el Tribunal Supremo, el hombre trabajador por cuenta propia de 46 años al momento de su arresto, estuvo grabando las manifestaciones, pero también aparece en otro video tirando piedras a los militares.
Seis mandatos de la ONU ponen a Cuba en el banquillo de los acusados
Seis Mandatos de Derechos Humanos de Naciones Unidas acusaron al régimen cubano por quebrantamientos sistémicos del debido proceso “y otras graves violaciones cometidas”.
Se trata de la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la Relatoría Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la Relatoría Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La ONG asentada en España, Prisoners Defenders, precisó que las decisiones del organismo de derechos humanos responden a su denuncia fundamentada de 2023 con 520 casos de prisioneros políticos.
“Son violaciones que afectan a todas y cada una de las causas penales en Cuba y en particular a los más de 1,500 presos políticos que ha documentado Prisoners Defenders, solo desde 2021”, indicó Javier Larrondo, su presidente.
En una carta fechada el 3 de abril de 2024, enviada al gobierno de La Habana, los grupos de trabajo y las relatorías aseguran que, basados en las informaciones recibidas, suficientemente fiables, están preocupados “por el gran número de manifestantes que han sido juzgados”, a los que parece, dice el organismo, “se ha vulnerado su derecho a conocer los hechos de la acusación y se les ha restringido el derecho de defensa”.
En este sentido, la ONU (Organización de Naciones Unidas) recuerda a las autoridades cubanas que “los abogados tienen derecho a desempeñar sus funciones profesionales sin ninguna amenaza, intimidación, acoso o interferencia, y sin sufrir ni ser amenazados con procesamiento ni sanciones administrativas o disciplinarias por las acciones emprendidas de conformidad con los deberes profesionales y las normas éticas”.
Igualmente apunta que la ausencia de procedimientos acordes con los derechos humanos que se emplean con los arrestados y la falta de supervisión judicial pertinente, aumentan el riesgo de amenazas o malos tratos reales.
La organización planetaria reiteró que la prohibición de desaparición forzada y el derecho a la vida son normas decisivas aplicables de acuerdo con el derecho internacional convencional y consuetudinario.
La comunicación de los seis Mandatos señala, además, otras transgresiones, como la dependencia de fiscales y jueces del poder político, la presentación de peritos y testigos del Estado como única fuente acusatoria, la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales y la aplicación de delitos fácilmente manipulables por su poca concreción y los civiles juzgados en tribunales militares.
“Agradecemos también su acompañamiento y confianza con el trabajo que venimos realizando desde 2019 y, especialmente, en adoptar también la cifra de las detenciones arbitrarias en las manifestaciones del 11J entre 5,000 y 8,000 personas en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 que conseguimos demostrar con nuestro trabajo en el terreno”, manifestó Larrondo.
Según el presidente de Prisoners Defenders, la advertencia al régimen de Cuba de que Naciones Unidas sacará más condenas públicas sucesivas en base a este trabajo alimenta la esperanza para la liberación de todos los presos políticos en la isla.
“Nos sumamos a la advertencia de Naciones Unidas, con conocimiento de causa, y avisamos por ello al régimen de Cuba que nuestro trabajo con los distintos mandatos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas resultará, dada la gravedad de los hechos, en condenas sucesivas durante los próximos meses, que no tendrán precedentes ni siquiera en los procedimientos especiales”, adelantó.
Se desconoce si el gobierno de Cuba respondió a las acusaciones en el plazo determinado de 60 días.
Impiden reunión de padre de preso del 11J con Obispo Auxiliar de Arquidiócesis de La Habana
Agentes policiales impidieron el jueves a Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Aguilar, reunirse con el Monseñor Eloy Ricardo Domínguez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de la Habana.
Wilber dijo a Martí Noticias que acudió a las autoridades eclesiásticas tras negársele, a inicios de mayo, la visita familiar a su hijo en la cárcel Combinado del Este, en La Habana. El joven afrodescendiente lleva cerca de 60 días sin derecho a visitas. El padre ha denunciado a las autoridades del penal de "racismo y ensañamiento" contra su hijo.
"Había coordinado una cita con Monseñor Eloy en el Arzobispado de La Habana y cuando llegó el día de la entrevista, cuando voy a salir de mi vivienda, me encuentro dos patrullas (de la policía) y como seis agentes de la Seguridad del Estado que me impidieron salir", detalló Aguilar.
El padre del preso político denunció que cada vez que intenta reunirse con un funcionario de otro país que visita Cuba para hablar sobre la situación de su hijo y pedir ayuda, las autoridades se lo impiden.
"Yo, simplemente, quiero pedirle a cualquier persona, o alto funcionario, o que pertenezca a alguna iglesia, que vayan a visitar los presos, que ellos son la verdad, la verdad está encarcelada. Y no se me permite reunirme con nadie. No hay libertad de movimiento, no hay libertad de expresión", subrayó.
Aguilar explicó los motivos por los que solicitó una cita con el Obispo Auxiliar.
"Él es el que atiende los casos de los presos aquí, por la religión, y yo pedí una cita con él para preguntarle por qué los presos políticos están siendo torturados, están siendo amenazados, se les quitan las visitas, como hicieron conmigo y con mi hijo, no se les da la debida alimentación y la atención médica", dijo.
Agregó que quería explicarle todo esto al líder religioso, y pedirle que intercediera por la liberación de su hijo y los otros presos de conciencia que permanecen encarcelados en la isla.
La Iglesia Católica ha solicitado a las autoridades cubanas el cese de la represión contra los ciudadanos y la liberación de los presos políticos. A principios de 2023, el cardenal Beniamino Stella viajó a La Habana y reclamó, en nombre del Papa Francisco, la liberación de los manifestantes presos del 11J.
"Estuve sitiado sin una orden de un fiscal. Soy un padre que defiende a su hijo y me tratan como si yo fuera un criminal", concluyó Aguilar.
Walnier Luis Aguilar Rivera tiene un diagnóstico de deficiencia intelectual. Fue condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de "sedición" tras manifestarse, el 11 de julio de 2021, en el reparto La Güinera, en Arroyo Naranjo, La Habana, durante las protestas populares que tuvieron lugar ese día en varias localidades de Cuba.
Aguilar ha denunciado constantemente la situación de su hijo en prisión, donde no recibe el trato adecuado. El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una medida cautelar al joven preso político debido a la gravedad de su caso.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)
Preso político pide mediación de defensores de derechos humanos para frenar maltrato contra reclusos enfermos en Cuba
El preso político Adel de la Torre Hernández, que cumple siete años de privación de libertad en la prisión habanera 1580, denunció que las autoridades y el personal penitenciario afectan la dignidad y la integridad física de los reclusos con enfermedades mentales.
En una carta enviada a su madre, Anayl Hernández Collado, Torre Hernández clama a las organizaciones de derechos humanos que intervengan para que cesen los malos tratos contra aquellos que sufren “una enfermedad no provocada por ellos mismos, y que son incapaces de defenderse física y verbal [sic]”.
“Mamá habla con los derechos humanos de las injusticias que están sucediendo aquí. Papá te va ayudar, hazlo por mí, pues fue Dios quien hizo que yo viera el dolor. Tú puedes quejarte”, escribe Torre Hernández, un paciente de esquizofrenia paranoide de 27 años.
“Háblales de esto que está sucediendo. No deseo ponerte en una situación difícil, solo haz lo que tu corazón te diga, pues sé que si fuera a mí ya recorrerías el mundo con tal de ayudarme y de hacer justicia. Haz voz, tócale corazón a las personas con tu palabra. No es para hacer mal, sino porque yo también estoy preso y soy un hombre enfermo”.
La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes define que estos ocurren cuando a través de ellos se inflige, intencionadamente, a una persona dolores o sufrimientos, ya sean físicos o mentales con el fin de castigarla, intimidarla u obtener información de ella, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, siempre que ese acto sea cometido por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales.
En febrero de este año, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) llamó la atención sobre el caso de este preso político que “está sufriendo un agravamiento de su salud mental, debido a que no recibe el tratamiento que requiere y a los frecuentes castigos que le infligen sus carceleros”.
La organización situó en la palestra pública el número importante de enfermos mentales que extinguen sentencias en las cárceles cubanas por delitos de opinión:
“Problemas y diagnósticos que los tribunales no tuvieron en cuenta a la hora de condenarles y que el sistema penitenciario lo que ha hecho es empeorar debido a que no están recibiendo el tratamiento adecuado, las medicinas que le tocan y además tienen que soportar golpizas, amenazas y el hostigamiento, tanto a ellos como a sus familiares afuera”.
Familiares de presos políticos han denunciado la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada que sufren los encarcelados con padecimientos psiquiátricos en los centros penitenciarios de Cuba.
El joven fue detenido el 11 de julio de 2021, excarcelado en septiembre de ese mismo año, pero enjuiciado y sancionado un año más tarde. Mientras esperaba el juicio, participó como rescatista en el incendio del Hotel Saratoga, en La Habana Vieja.
En las Conclusiones provisionales de la Fiscalía del proceso penal seguido contra 15 manifestantes, el informe pericial asevera que Torres Hernández “presenta Esquizofrenia Paranoide en remisión de síntomas (No enajenado) y funciona con facultad para comprender el alcance de sus actos”.
“Sé mi voz por los presos encarcelados injustamente con enfermedades mentales que no son capaces de valorarse por sí mismos, por favor, porque la sociedad actual nos considera un estorbo y no les importa”, pide el manifestante a su madre.
“Las familias sufren y lloran, pero no logran ni pueden luchar contra el sistema”, asegura.
La organización Justicia 11J ha documentado que al menos 17 personas con discapacidades y padecimientos de salud mental cumplen condenas por haber participado en las protestas de julio de 2021, o en manifestaciones posteriores en 2022 y 2023.
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