La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este jueves la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio en Cuba, que, aunque se ha presentado como una modernización de los trámites civiles, analistas entrevistados por Martí Noticias, advierten que constituye una legislación de control social y político, así como de vigilancia masiva.
"Excesivamente preocupante debe ser para los cubanos que avance el gobierno en un control digital de todo el país sin leyes que protejan los derechos fundamentales", indicó el historiador y politólogo Manuel Cuesta Morúa.
"Muchas naciones aplican este sistema, incluso el sistema de CSTV [circuito cerrado de televisión], para tratar de alguna manera de prevenir los delitos, prevenir el crimen, tener evidencias cuando se cometen, pero en territorios, en lugares donde se respetan los derechos fundamentales. No es el caso de Cuba", precisó.
"Temeríamos efectivamente que, sin existir garantías, esto pueda ser el preámbulo del sistema que se llama de crédito social, por el cual los chinos asignan o castigan a los ciudadanos que se comportan fuera de los parámetros del régimen", enfatizó.
Uno de los aspectos más alarmantes de la nueva ley es la facultad otorgada al Ministerio del Interior (MININT) para recabar y almacenar datos biométricos avanzados de todos los ciudadanos. Entre la información que pasará a manos del Estado se incluyen patrones de voz, escaneo de iris, reconocimiento facial y firmas digitales.
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La Habana da luz verde al almacenamiento de datos biométricos
"Es la pesadilla más grande que puede haber tenido George Orwell cuando escribió '1984' o Tom Cruise en ‘Minority Report’. Es la forma más dura de estrangulamiento del ciudadano y de uso de sus datos", señaló el periodista e investigador Julio Aleaga Pesant.
En un contexto como el de Cuba, que carece de tribunales independientes que fiscalicen al poder político, esta concentración de datos permite al Estado supervisar masivamente a la población y rastrear a disidentes sin necesidad de autorización o control judicial.
"Es un paso que no se puede dar sin China; China ha establecido la tecnología dentro de Cuba para usarla contra el ciudadano", recalcó Aleaga.
Además, la creación de una Identidad Digital Certificada vinculará los trámites de los ciudadanos con su expediente estatal, lo que facilitará la fiscalización de sus actividades y huella en internet.
La legislación introduce también un endurecimiento de los requisitos administrativos para los cambios de domicilio legal. Con esto, el régimen mantiene su mecanismo histórico para restringir el asentamiento permanente de ciudadanos de otras provincias en La Habana o zonas urbanas clave, contraviniendo el derecho humano elemental a la libre circulación dentro del territorio nacional.
Asimismo, la normativa contempla la cancelación de la inscripción de domicilio de personas registradas en inmuebles bajo determinados supuestos, lo que genera una marcada desprotección jurídica para los cubanos radicados en el extranjero, consideran los observadores.
Los analistas coinciden en que, con la entrada en vigor de esta ley, Cuba da un paso sin precedentes hacia la digitalización del control punitivo, consolidando un aparato de inteligencia estatal sin contrapesos institucionales ni salvaguardias para la privacidad ciudadana.