Sumario
- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela eliminó la competencia en terrorismo de cuatro juzgados de Caracas, una jurisdicción creada en 2012 por el régimen de ese país. Abogados y defensores de derechos humanos piden revisar sus decisiones.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela suprimió la competencia especial en materia de terrorismo de cuatro tribunales que operaban en Caracas con jurisdicción nacional, una estructura judicial cuestionada durante años por organismos internacionales debido a presuntas irregularidades procesales y vulneraciones de garantías fundamentales.
La decisión quedó establecida en la Resolución N.º 2026-0010, aprobada el pasado 13 de octubre, que dispone la redistribución de las causas penales hacia tribunales ordinarios de control, conforme a las reglas de competencia por materia, territorio y conexión procesal.
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Régimen de Venezuela suprime tribunales de terrorismo sin anular casos de persecución
La medida no elimina el delito de terrorismo ni establece la nulidad automática de las decisiones judiciales dictadas por estos tribunales.
Una jurisdicción creada en 2012 y cuestionada internacionalmente
Los tribunales especializados en terrorismo fueron creados mediante la Resolución N.º 2012-0026 del Tribunal Supremo de Justicia, de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial en enero de 2013. Posteriormente, en 2015, el máximo tribunal amplió y reorganizó esta jurisdicción especial.
Su funcionamiento fue objeto de cuestionamientos por parte de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En su informe de 2021, la misión examinó la base jurídica de estos tribunales y cuestionó que su competencia y organización hubieran sido establecidas mediante resoluciones del TSJ, en lugar de disposiciones legales que garantizaran el principio del juez natural.
La investigación también documentó irregularidades judiciales en procesos contra personas identificadas como opositoras al gobierno venezolano, especialmente en causas tramitadas ante tribunales especializados en terrorismo.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado el uso del sistema penal venezolano contra opositores, manifestantes y defensores de derechos humanos, así como detenciones arbitrarias y restricciones al derecho a la defensa.
Joel García: la decisión llega tarde
El abogado penalista venezolano Joel García considera que la eliminación de esta competencia representa una decisión tardía, porque, a su juicio, la jurisdicción especial nunca contó con el fundamento constitucional necesario.
“Esa jurisdicción y esa competencia siempre fue inconstitucional. La competencia tiene que estar creada por ley. Si nosotros revisamos la ley contra la delincuencia organizada, no crea los tribunales especiales en materia de terrorismo. Eso fue un abuso precisamente del Tribunal Supremo de Justicia”, sostuvo García.
El penalista vinculó la decisión con los cambios políticos ocurridos en Venezuela a partir del 3 de enero de 2026 y señaló que las razones jurídicas que motivaron la supresión de esta competencia existían desde su creación.
García considera que las decisiones adoptadas por estos tribunales también deberían ser objeto de revisión y eventualmente declaradas nulas, al cuestionar la legalidad de la competencia bajo la cual fueron dictadas.
VEPPEX espera liberación de presos políticos
Desde Estados Unidos, José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), consideró que la supresión de la competencia especial representa un avance frente a las denuncias de persecución política en Venezuela.
Colina sostuvo que estos tribunales fueron utilizados para procesar a personas acusadas de terrorismo y otros delitos, en casos que, según denunció, respondían a motivaciones políticas.
“Ya esto es un buen paso porque eso quiere decir que ya se elimina cualquier tipo de estructura que pueda ser utilizada para acusar de terrorismo y para perseguir a personas que no han hecho nada, que son completamente inocentes”, afirmó.
El presidente de VEPPEX expresó además su expectativa de que la decisión contribuya a la liberación de personas que considera injustamente acusadas de terrorismo.
Colina también denunció que ciudadanos venezolanos fueron objeto de procesos penales por expresar opiniones contrarias al gobierno o convocar manifestaciones pacíficas.
“Si colocabas un tuit en contra del gobierno era considerado terrorismo. Si dabas una declaración muy fuerte diciendo que había que salir a la calle a manifestar pacíficamente era considerado terrorismo”, señaló.
A su juicio, la eliminación de esta jurisdicción podría contribuir a reducir el uso de acusaciones de terrorismo contra ciudadanos que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y la protesta.
Estados Unidos y el proceso de transición en Venezuela
La decisión judicial se produce en medio del proceso de transición política que atraviesa Venezuela tras los acontecimientos del 3 de enero de 2026.
Estados Unidos mantiene su atención sobre la situación venezolana, en un contexto marcado por las exigencias de liberación de presos políticos, respeto a los derechos humanos, recuperación de las garantías democráticas y restablecimiento del Estado de derecho.
La supresión de la competencia especial de los tribunales de terrorismo abre ahora interrogantes sobre el futuro de los expedientes judiciales y las posibilidades de revisión de las decisiones adoptadas durante más de una década de funcionamiento de esta jurisdicción.