Sumario
- El gobierno interino de Venezuela solicitó al Parlamento reformar la denominada Ley contra el Odio y avanzar en la despenalización de algunas conductas.
- Provea sostiene que la legislación debe ser derogada por haber facilitado detenciones arbitrarias y la criminalización de la expresión.
El gobierno interino de Venezuela solicitó a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, tramitar con carácter urgente una reforma parcial de la denominada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, una legislación cuestionada durante años por organizaciones defensoras de derechos humanos.
La gobernante interina Delcy Rodríguez dirigió la solicitud al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y planteó avanzar en la despenalización de conductas contempladas en la normativa.
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Régimen de Venezuela anuncia reforma de ley contra el odio y activistas piden derogarla
Sin embargo, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) sostiene que una reforma resulta insuficiente y reclama la derogación de la ley.
“Lo que realmente espera el país es que una ley contra el odio, que generó tanto sufrimiento y tanto dolor en las familias venezolanas, sea derogada, sea anulada y no solamente reformada”, dijo a Martí Noticias Óscar Murillo, coordinador general de Provea.
La denominada Ley contra el Odio fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente. Entre sus disposiciones establece penas de 10 a 20 años de prisión para quien fomente, promueva o incite públicamente al odio, la discriminación o la violencia.
Organizaciones nacionales e internacionales han cuestionado la amplitud de esas disposiciones y sus posibles consecuencias para la libertad de expresión.
Un análisis suministrado por Provea a Martí Noticias señala que la legislación restringe gravemente la libertad de expresión, contiene disposiciones “ambiguas e imprecisas” y no respeta el principio de taxatividad del derecho penal. También cuestiona el procedimiento mediante el cual fue aprobada.
Murillo considera que esa amplitud ha facilitado actuaciones discrecionales de las autoridades. “Fue escrita, como muchas otras leyes, con una redacción muy abierta, que permitía precisamente una libre discrecionalidad por parte del funcionario”, afirmó.
El defensor de derechos humanos agregó que la norma “termina [...] aniquilando la libre expresión y penaliza la opinión y el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos”.
Provea documentó 125 casos de persecución, hostigamiento y criminalización entre enero de 2024 y octubre de 2025, entre ellos 36 detenciones arbitrarias y 40 imputaciones judiciales. La organización ha identificado la Ley contra el Odio y otras figuras penales entre los instrumentos utilizados en casos que considera de criminalización de la crítica.
Para Provea, el debate también debe abarcar la situación de las personas procesadas mediante disposiciones de esta legislación.
“Si llegara a ocurrir la derogatoria de una ley contra el odio [...] todas aquellas personas que han sido imputadas a través del articulado de esta ley, por supuesto estas causas deberían ser sobreseídas, es decir, absolutamente anuladas, no tienen ningún sentido”, afirmó Murillo.
La organización sostiene que la ley permitió “la detención arbitraria y prácticas abusivas por parte del Estado venezolano en los últimos años”.