Sin cambios políticos no hay salida a la crisis en Cuba, afirma Grupo de Trabajo de Harvard

Un informe de lo que se ha identificado como grupo de trabajo de la Universidad de Harvard sobre Cuba aseguró que los cambios políticos en la isla son la salida a la crítica situación que enfrenta en el país y dijo que deben ser las autoridades del régimen de La Habana quienes deberían tomar la iniciativa para comenzar estos cambios.

“No hay solución a las múltiples crisis que Cuba enfrenta sin cambios políticos inmediatos que al menos restablezcan el estado de derecho inscrito en la Constitución vigente, a pesar de sus limitaciones, y den pasos hacia un gobierno de transición que sea percibido como legítimo. Las autoridades cubanas deben tomar la iniciativa en este proceso y convertirse en facilitadoras,” afirmó este documento publicado este 10 de septiembre y titulado “Informe del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba”.

El informe, realizado por más de una decena de académicos, economistas, activistas y expertos de la Universidad de Harvard, realiza un detallado análisis de las múltiples crisis que enfrenta Cuba y responsabiliza de ello a la ineficiencia y las erradas políticas económicas del régimen, a lo que se suma, de acuerdo con el reporte, el endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana.

“La bancarrota de la economía cubana, agudizada en los últimos años, es producto de décadas de ineficiencia y de políticas económicas y de inversión erradas. Las debilidades estructurales de la economía cubana fueron encubiertas gracias a subsidios externos que permitieron financiar artificialmente servicios y programas que de otra forma hubieran colapsado”, destaca el informe.

El documento responsabiliza a la administración del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel de no ser capaz de impedir la crítica situación que hoy sufre la isla.

“La administración del presidente Miguel Díaz Canel (2018 al presente) no ha logrado dar los pasos necesarios para impedir la crisis ni un manejo mínimamente adecuado de los retos nacionales. Entre el 2019 y el 2024, el Producto Interno Bruto cubano cayó un 11%, con un decrecimiento del 58% en la producción agrícola, una caída del 42% en el sector manufacturero y la virtual desaparición de la industria azucarera”, apunta.

Los autores del informe abogan por soluciones pacíficas a las múltiples crisis que enfrenta Cuba y destacan la importancia de una amnistía para los presos políticos cubanos.

“Estamos hablando de soluciones por vías pacíficas. Un primer paso, expedito y de enorme valor simbólico, es una amnistía general para los presos políticos. La normalización económica y social del país pasa por la liberación incondicional de todas las personas encarceladas por haber participado en actos o procesos que han sido leídos desde el poder como agresiones contra el gobierno pero que se hallan cubiertas en los artículos 54 y 56 de la Constitución”, señala el informe.

La propuesta de este grupo de trabajo de Harvard recuerda que la liberación de todos los presos políticos en Cuba es un reclamo de la ciudadanía en la isla. “Es por y para Cuba que se debe decretar la libertad de los presos políticos, para que contribuyan a la construcción de la pluralidad ausente”, recalca el informe.

El documento espera que esa amnistía provoque “una respuesta inmediata, positiva y contundente” del gobierno de Estados Unidos para intentar poner fin a los duros efectos de la crisis humanitaria en la isla.

“La administración debe ofrecer los recursos iniciales necesarios para contribuir a la estabilización de la economía cubana y estimular el ciclo de reformas necesarias en la isla. La amnistía, en tanto, debe ser complementada con la descriminalización de formas de protesta, pensamiento y expresión que están reconocidas como legales en la Constitución cubana, pero que actualmente resultan en sanciones penales. Regulaciones claramente represivas (y probablemente inconstitucionales, como los Decretos Leyes 349, 370 y 35) deben ser derogados de inmediato”, explica el documento.

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Añade que, en ese proceso de transición política, Cuba necesitará de una nueva Asamblea Constituyente para un sistema democrático y plural.

“Compartimos el objetivo, articulado por muchos economistas cubanos, de construir una economía social de mercado que genere prosperidad y bienestar distribuidos de forma equitativa entre distintos sectores de la población y áreas del país, bajo una legislación que garantice distintas formas de propiedad, incluyendo la privada”, apunta.

El documento aboga por una Cuba “con todos y para todos”, como pidió el Apóstol José Martí, donde se vea a la diáspora cubana no sólo como una fuente de remesas.

“Cuba es una nación transnacional, que incluye a los cubanos que residen en la isla y a la diáspora”, asevera el informe.

Los miembros de este Grupo de Trabajo de Harvard sobre Cuba llamaron además a la diáspora cubana a que, en ese proceso de transición, use su influencia para liberar políticas comerciales y de créditos de Estados Unidos, obtener ayudas económicas para enfrentar la crisis en la isla y poner fin a la Ley Helms-Burton, que, a su juicio, “limita considerablemente la capacidad del ejecutivo americano para normalizar las relaciones con Cuba”.

“El gobierno cubano puede incentivar este proceso mediante procedimientos transparentes e internacionalmente reconocidos para abordar las reclamaciones de bienes confiscados”, señala el documento.

El Título III de la Ley Helms-Burton permite a determinados ciudadanos estadounidenses demandar a personas o empresas que se beneficien del uso de propiedades confiscadas por el régimen cubano después de 1959. La disposición fue aprobada en 1996, pero su aplicación permaneció suspendida durante más de dos décadas, hasta que en mayo de 2019, durante su primer mandato, el presidente Trump permitió su entrada en vigor.

Entre los 14 autores que aparecen nombrados en este informe se encuentran Juan Carlos Albizu-Campos, del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo; Tania Bruguera, del Programa de Estudios de Cuba de la Universidad de Harvard; Michael Bustamante, de Departamento de Historia de la Universidad de Miami; Manuel Cuesta Morúa, activista político cubano; Jeffrey DeLaurentis, del Programa de Estudios de Cuba de la Universidad de Harvard, y el economista cubano Omar Everleny.