La prensa internacional ha dado cuenta del silencio oficial que cubre toda la información acerca de la represión a las masivas manifestaciones del 11 de julio en Cuba, las cifras de detenidos, los menores encarcelados y los numerosos juicios que tienen lugar en diversas regiones del país donde se dieron las protestas.
Las autoridades del régimen comunista de Cuba no han dado datos oficiales sobre cuántas personas fueron detenidas durante o después de los incidentes, ni sobre cuántos cubanos siguen en prisión, ni de los juicios ya realizados y las penas impuestas en diversos tribunales del país bajo la acusación de desacato, desorden público, incitación a delinquir, atentado y en algunos casos figuras tan graves como sedición, que puede implicar condenas de hasta 30 años de cárcel, apunta el diario español El País.
"Tampoco se ha dicho nada sobre los procesos que quedan por ventilarse, y ni si quiera a estas alturas se ha notificado cuántas manifestaciones fueron pacíficas y cuántas violentas el 11-J, cuando decenas de miles de personas se lanzaron a las calles de más de 60 ciudades y pueblos de Cuba para protestar por las duras condiciones de vida y en demanda de libertad, en las mayores manifestaciones contra el Gobierno en 62 años de revolución", agrega el periódico.
El diario menciona que lo que se sabe de los detenidos, acusados y sentenciados se conoce gracias al trabajo de grupos independientes y de los familiares de algunos de los encausados.
"El Gobierno ni confirma estos datos ni los desmiente. La prensa nacional no informa en los medios oficiales de los procesos y la prensa extranjera no ha tenido acceso a las vistas orales, de modo que la información solo fluye a cuentagotas a través de los familiares", indica el periódico.
El País afirma que los familiares de cubanos detenidos pidieron a más de 30 Embajadas en La Habana que acompañaran “como observadores” los procesos.
Varios entrevistados por ese diario confirman la falta de transparencia y de información oficial sobre el número de detenidos, las fechas de los procesos, las peticiones fiscales y las condenas.
La agencia estadounidense Associated Press mencionó recientemente que "nunca se dio una cifra oficial de detenidos" y que las autoridades cubanas declinaron hacer comentarios sobre este tema.
También la AFP, la agencia de noticias francesa, abordó esta semana el tema de los juicios en un reportaje en el que sólo aparecen como fuentes los familiares de los detenidos y la abogada independiente Laritza Diversent, directora de Cubalex, quien dijo que los casos han estado plagados de violaciones al debido proceso, sin abogados defensores independientes y con juicios a puerta cerrada.
El gobierno de Cuba tampoco respondió a una solicitud de comentarios de Reuters sobre los juicios y afirmó "que los funcionarios judiciales no hablan habitualmente con los medios en Cuba".
La agrupación Justicia 11, que al igual que Cubalex lleva un registro pormenorizado de las detenciones y los procesos penales en relación con el estallido social del 11 de julio, dijo esta semana que "ningún medio de propaganda de las autoridades cubanas ha informado hasta ahora de la ejecución de juicios ordinarios a al menos 223 manifestantes. Al menos otras 234 personas tienen peticiones fiscales en espera de juicio. Otras 98 personas han sido multadas y 9 han sido beneficiadas con el sobreseimiento de sus casos".
Días atrás, desde las redes sociales los cubanos hicieron un llamado a todas las agencias de prensa como EFE, Associated Press, Agence France Press y Reuters, la televisora CNN, la BBC, y los diarios españoles ABC, La Razón, El País y El Mundo para que cubrieran los juicios a los detenidos en la isla.
"La prensa acreditada no debe seguir haciendo mutis mientras ocurre la mayor injusticia en cuestión de derechos humanos de las últimas décadas en Cuba", dijeron los activistas y familiares de los detenidos.
Para el abogado cubano Eloy Viera esta apelación a la prensa extranjera en la isla "es el reflejo de la necesidad que sienten los afectados de que los juicios a los presos políticos sean auditados por la ciudadanía y una muestra de la desconfianza del pueblo en la administración de justicia que se cuece en secreto y sin vergüenza".