Tras más de cinco meses de detención, el líder opositor venezolano Leopoldo López encaró el miércoles el comienzo de un juicio acusado de promover hechos violentos para desestabilizar al gobierno y la magistrada Susana Barreiros, anunció que la próxima audiencia se realizará el 6 de agosto.
En el primer día de juicio, que concluyó por la noche, López rindió testimonio e insistió en que la convocatoria de protestas en contra del presidente Nicolás Maduro "estuvo enmarcada en la constitución que avala la protesta pacífica y sin violencia", dijo en una entrevista telefónica a The Associated Press el abogado Juan Carlos Gutiérrez, uno de los tres defensores de López.
Horas antes, Gutiérrez comentó que se está "afrontando un juicio sin que se nos haya permitido presentar pruebas, ¿cómo vamos a probar su inocencia si este juicio inicia en condiciones de indefensión?".
Gutiérrez denunció que la jueza Barreiros rechazó la solicitud de diferimiento del juicio hasta tanto un tribunal de apelaciones responda un recurso legal que intenta revertir la decisión del tribunal de control y la Fiscalía de permitir la admisión de pruebas promovidas por la defensa, que incluye más de una decenas de vídeos de los hechos ocurridos el 12 de febrero y discursos previos de López.
"Fueron admitidas todas las pruebas presentadas por la Fiscalía y rechazaron todas las que promovió la defensa", agregó.
La jueza Barreiros ordenó la liberación de Marcos Coello, de 18 años, quien inicialmente fue acusado de los delitos de instigación pública, incendio, daños y asociación ilícita. Coello deberá presentarse en la audiencia del 6 de agosto, confirmó a través de su cuenta en Twitter el alcalde opositor del municipio capitalino de El Hatillo y dirigente de Voluntad Popular, David Smolansky. Por este caso siguen en prisión otros tres jóvenes, dos de ellos acusados de instigación para delinquir.
Desde el amanecer, decenas de guardias nacionales y policías con equipos antimotines custodiaban la sede de los tribunales y bloquearon todos los accesos al lugar con vallas metálicas y cinco vehículos blindados antidisturbios.
Maduro, quien ha dicho que López y otros opositores encabezan un complot para derrocarlo, expresó en una rueda de prensa el miércoles que el opositor "tiene que pagar y va a pagar, así de sencillo. Bastante daño le hizo a este país, que siga la justicia en su propio camino, con sus propios métodos".
"A nosotros lo que nos toca es gobernar y seguir garantizando que grupos como este no le hagan más daño a este país", agregó.
Un tribunal abrió juicio a López en junio y le negó la libertad condicional mientras es procesado. La jueza Adriana López, después de una maratónica audiencia preliminar que había sido postergada por meses, determinó que el opositor sería sometido a juicio privado de libertad y admitió la acusación de la Fiscalía por los delitos de incendio, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. Además determinó que deberá permanecer recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital.
López sostuvo entonces que la jueza "vendió su conciencia al poder corrupto".
Los abogados de López sostienen que durante su presentación de alegatos en junio la Fiscalía General no logró mostrar ninguna evidencia que vincule al opositor con los hechos violentos ocurridos el 12 de febrero tras una marcha en la capital contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los disturbios dejaron tres muertos, 66 heridos y 69 detenidos.
Desde entonces, sucesivos incidentes violentos ocurridos en Caracas y otras ciudades han dejado 43 muertos, 873 heridos y más de 2.500 detenidos, según registros de la Fiscalía General.
De ser declarado culpable de los cuatro cargos el dirigente del partido Voluntad Popular podría enfrentar una condena de 13 años, 9 meses y una semana de prisión, según estimaciones de la Fiscalía.
En los últimos 15 años, según defensores de derechos humanos, los tribunales han perdido independencia y fiscales y jueces actúan cada vez más en aparente sincronización con el gobierno en contra de opositores.