Un informe del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea, señaló que los cuerpos policiales y militares venezolanos asesinaron a un total de 2.853 personas, la mayoría entre 18 y 30 años, en el año 2020.
A pesar de la crisis en el sistema de salud y la pandemia del Covid-19, las muertes registradas por asesinatos ejecutadas por las fuerzas policiales fueron más altas que por las muertes de Covid-19.
“La mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años, lo que indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes”, detalla el informe.
La organización asegura que este hecho junto a la dificultad de acceder a los derechos de educación y trabajo influye en el aumento de la migración forzada de personas. “En un país que ha perdido el bono demográfico; este patrón de ejecuciones profundiza la emergencia humanitaria compleja que vive el país”, dice la organización.
Provea indica que el monitoreo de estos crímenes, impunes en su mayoría, permite determinar que las miles de víctimas que deja la violencia institucional “son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista”.
El informe refleja que las autoridades policiales y militares actúan de esta manera, pues tienen la seguridad que las violaciones no van a ser investigadas por los organismos competentes y por ende no serán sancionados. Además, los culpables tienen el apoyo de “gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”.
Estos datos publicados son resultado de un trabajo entre el Programa Provea y el Centro de Investigación Gumilla.