Informe global revela casos de abuso sexual infantil provenientes de Cuba

El informe Into the Light 2026 incluye varias denuncias y casos de abuso sexual a menores originados en Cuba.

Sumario

  • Las cifras oficiales cubanas miden solo casos que llegaron a tribunales: el Tribunal Supremo Popular registró 49 adolescentes de 15 a 17 años como víctimas de violencia sexual en procesos juzgados en 2025 y 173 casos en mujeres de más de 15 años.
  • La ONU ha pedido a Cuba investigar la magnitud del abuso sexual infantil, publicar datos desglosados , garantizar atención accesible y confidencial; también solicitó información específica sobre trata con fines de explotación sexual y medidas de protección para las víctimas.
Childlight, una organización dedicada a prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual infantil, ubicó a Cuba con una prevalencia de 11,86 reportes y avisos por cada 10.000 habitantes en su informe Into the Light 2026.

Childlight (Global Child Safety Institute), una organización independiente dedicada a prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual infantil en todo el mundo, incluye cifras de reportes y avisos sobre material de abuso sexual infantil vinculados a Cuba en 2025.

La entidad con sede académica en la Universidad de Edimburgo, el Reino Unido, y la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, Australia, en el informe Into the Light 2026, sitúa en 11,86 por cada 10.000 habitantes la prevalencia de estos delitos en Cuba.

La cifra mide lo que las fuentes del estudio detectaron o recibieron y no permite estimar cuántos menores sufrieron abusos en la isla. Las estadísticas que publica el gobierno cubano tampoco ofrecen un recuento nacional de víctimas, explicó a Martí Noticias Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Alas Tensas.

“Un reporte puede asociarse a la isla por el lugar desde donde se subió un archivo, aunque la víctima viva en otro país”, comentó la activista, quien pidió a las autoridades cubanas que informen cuántas denuncias reciben, cuántas investigan y cuántas víctimas obtienen protección y atención.

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Cuba en el informe de Childlight: qué revelan las alertas sobre material de abuso sexual infantil

El promedio de América Latina y el Caribe en el informe de Childlight fue de 52,19 reportes y avisos por cada 10.000 habitantes. Los autores advierten que una tasa baja puede reflejar dificultades para detectar o reportar el material. Por eso, la diferencia con el promedio regional no permite concluir que haya menos abuso en Cuba.

Los datos oficiales cubanos recogen una etapa distinta: los casos que llegaron a los tribunales.

Según cifras del Tribunal Supremo Popular publicadas por el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género en el portal de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), 49 adolescentes de entre 15 y 17 años figuraron como víctimas de violencia sexual en procesos juzgados en 2025. El registro contabilizó 173 casos entre la población femenina de 15 años en adelante.

Álvarez señaló que ese indicador deja fuera a las niñas menores de 15 años y a quienes pidieron ayuda sin que su caso llegara a juicio. Tampoco incluye a los varones.

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Al mismo tiempo señala que la estadística judicial y las alertas internacionales tienen alcances distintos: la primera cuenta víctimas en procesos juzgados y las segundas registran avisos que pueden estar vinculados a Cuba incluso cuando la víctima reside en otro país.

El informe anual de CyberTipline, la plataforma del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, contabilizó 12.970 reportes vinculados a Cuba en 2025.

El centro pone las alertas a disposición de las autoridades federales estadounidenses. En su ficha sobre la isla no aparece ninguna institución cubana designada para recibirlas por esa vía.

“Si existe otro canal de cooperación, el gobierno cubano debe explicar quién recibe las alertas y cómo actúa cuando la posible víctima está dentro de la isla”, dijo Álvarez.

La directora del observatorio citó dos casos federales en Miami en los que se estableció que las víctimas residían en Cuba.

En agosto, un tribunal condenó a Ariel Espinosa a 27 años de prisión. Según la fiscalía estadounidense, Espinosa sabía que la víctima tenía 14 años y le pidió reiteradamente imágenes y videos sexuales, a menudo a cambio de dinero.

En febrero, un jurado federal en Miami declaró culpable a Earl Richard Clouser de intentar producir material de abuso sexual infantil. Según las pruebas presentadas en el juicio, Clouser mantuvo contacto por internet durante meses con una adolescente de 15 años que vivía en Cuba. Pese a conocer su edad, le solicitó videos sexuales. En septiembre de 2025 viajó a La Habana.

“Sabemos cómo actuó la justicia estadounidense, pero sigue sin aclararse públicamente qué apoyos recibieron esas víctimas en Cuba”, señaló Álvarez.

En 2022, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidió a La Habana que investigara la magnitud del abuso sexual infantil, incluido el que ocurre dentro de la familia. También recomendó publicar periódicamente datos desglosados sobre las denuncias, las investigaciones, los procesos judiciales y las condenas. Para las víctimas, solicitó servicios de atención accesibles y confidenciales, con apoyo psicológico y asistencia para su recuperación.

En mayo de 2026, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial formuló un pedido específico sobre la trata de personas. Reclamó a Cuba estadísticas desglosadas sobre las víctimas, información sobre las investigaciones y sanciones, y medidas para identificar a quienes sufren trata con fines de explotación sexual.

El Código Penal cubano castiga la producción de material de abuso sexual con menores de 18 años, el acceso carnal con menores de 12 y las relaciones sexuales con mayores de 12 y menores de 18 cuando hay abuso de autoridad o engaño. La Resolución 174/2025 obliga a notificar los embarazos en menores de 18 años y no fija una edad de consentimiento sexual.

Álvarez pidió que el Estado publique datos por edad, sexo y territorio que permitan seguir el curso de las denuncias sin revelar la identidad de las víctimas.

La activista también planteó una pregunta sobre la protección inmediata de una menor: “Si el agresor vive en su propia casa, ¿a quién puede acudir hoy una niña y dónde puede estar a salvo?”.