Amnistía Internacional presentó este jueves su informe anual sobre la región de América Latina.
A continuación reproducimos íntegramente el capítulo de Cuba:
CUBA 2019
Un año después de la toma de posesión del presidente Miguel Díaz-Canel, las autoridades seguían utilizando arraigados mecanismos de control para silenciar las voces críticas. Las autoridades cubanas seguían deteniendo arbitrariamente y encarcelando a artistas y periodistas independientes, así como a miembros de la oposición política. Durante el año, Amnistía Internacional identificó a seis presos de conciencia, que representaban sólo una parte de las personas que probablemente estaban recluidas tan sólo por haber expresado pacíficamente sus opiniones o creencias. La isla continuaba prácticamente cerrada para los observadores independientes de la situación de los derechos humanos.
Información general
El nuevo gobierno de Cuba no ratificó tratados internacionales clave de derechos humanos y se negó a fortalecer la independencia del poder judicial o alinear la legislación penal cubana con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
En febrero, Cuba aprobó una nueva Constitución que, entre otras cosas, comprometía al país a enfrentar el cambio climático. El texto inicial reconocía las uniones entre personas del mismo sexo, pero esta importante disposición fue retirada del texto aprobado tras la oposición mostrada por las iglesias.
El gobierno canceló en mayo el desfile anual oficial contra la homofobia y detuvo a activistas que participaban en una marcha alternativa, según la información publicada por los medios de comunicación.
El gobierno estadounidense seguía regresando a la retórica de la Guerra Fría y endureció el embargo impuesto durante decenios y que menoscababa los derechos económicos y sociales en Cuba.
Escrutinio internacional
Cuba seguía siendo el único país de las Américas que Amnistía Internacional y la mayoría de los demás observadores independientes de derechos humanos no podían visitar.
Represión de la disidencia
El nuevo gobierno de Cuba seguía utilizando diversos mecanismos de control para reprimir las voces críticas y la disidencia.[1]
En febrero, según el Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI, por sus siglas en inglés), las autoridades cubanas bloquearon varios sitios web de medios de comunicación independientes durante el referéndum constitucional y comenzaron a utilizar técnicas de censura en Internet más sofisticadas.
En septiembre, según la información aparecida en los medios de comunicación, Twitter suspendió temporalmente las cuentas de varios altos cargos del Estado —entre ellas la del expresidente Raúl Castro— y de otros medios de comunicación estatales. Las autoridades cubanas acusaron a Twitter de censura, pero esta red social aludió a sus normas, que prohibían la amplificación o alteración de las conversaciones (en Internet) mediante el uso de varias cuentas. La medida se tomó en un contexto de denuncias continuas de la comunidad bloguera y los medios de comunicación cubanos de que las autoridades de Cuba utilizaban cuentas falsas y programas robot para controlar los debates online.
Los proyectos de los medios de comunicación independientes seguían funcionando, pero quienes trabajaban en fuentes de información online alternativas se exponían a sufrir hostigamiento y detención arbitraria. En octubre, más de una docena de sitios de medios de comunicación cubanos independientes hicieron pública una declaración en la que solicitaban que se pusiera fin a la “ola de represión” contra la prensa independiente.
Por otro lado, las autoridades acosaron y detuvieron durante el año a artistas independientes que estaban en contra del Decreto 349, una ley distópica aprobada en abril de 2018 que exigía a los y las artistas solicitar autorización previa para desarrollar sus actividades.
José Daniel Ferrer García, líder del grupo de oposición política no oficial Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido en octubre y permanecía en prisión al concluir el año, lo que suscitó críticas internacionales.[2]
Presos y presas de conciencia
Poco más de un año después de la toma de posesión del presidente Miguel Díaz-Canel, la ONG Cuban Prisoners Defenders afirmaba que había al menos 71 personas encarceladas por cargos de motivación política.
En agosto, tras haber estudiado sólo unos cuantos de esos casos, Amnistía Internacional identificó a cinco presos de conciencia, encarcelados únicamente por su participación en grupos de oposición política no reconocidos por las autoridades. Todos estaban acusados de delitos no reconocibles internacionalmente, como “desacato” o “peligrosidad”, o que se habían utilizado durante decenios en Cuba para silenciar las voces críticas.[3]
En septiembre, Roberto Quiñones Haces, periodista del periódico independiente Cubanet, fue declarado culpable de resistencia y desobediencia y condenado a un año de prisión. Amnistía Internacional lo consideraba preso de conciencia, detenido únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.[4] El Comité para la Protección de los Periodistas y la organización de derechos humanos Article 19 también reprobaron este encarcelamiento.
Derechos económicos, sociales y culturales
Con la represión como telón de fondo, y en el contexto del nuevo endurecimiento del embargo económico estadounidense aplicado por el gobierno de Trump, combinado con la reducción de la ayuda económica recibida del principal aliado cubano —Venezuela—, las dificultades económicas en la isla se intensificaron, según los medios de comunicación.
Al concluir el año, la población cubana soportaba escasez de alimentos, medicinas y combustible. Muchos comentaristas comparaban la situación con la crisis económica conocida como “Periodo Especial” de la década de 1990, que coincidió con el hundimiento de la antigua Unión Soviética.
[1] “Somos Continuidad”: Lo que la etiqueta del presidente nos dice sobre los derechos humanos en la Cuba de hoy día (noticia, 14 de agosto de 2019)
[2] Cuba: Líder de la oposición, detenido (AMR 25/1163/2019)
[3] Cuba: Panorama de los presos y presas de conciencia bajo el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel (AMR 25/0936/2019)
[4] Cuba: Periodista independiente detenido (AMR 25/1047/2019)