Dos de tres jueces ratificaron el miércoles en segunda instancia la condena al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero, una decisión que podría marginar de las elecciones presidenciales de este año al político más popular de Brasil.
El juez Joao Pedro Gebran, relator del proceso, así como su colega Leandro Paulsen, ratificaron el fallo que dictó a mediados del año pasado el magistrado Sergio Moro, que acusó a Lula de recibir millones de reales en sobornos de parte de la constructora OAS a cambio de la obtención de contratos con el Estado.
El tercer juez, Victor dos Santos Laus, votará más tarde este miércoles.
La Fiscalía brasileña afirmó que el expresidente "lamentablemente se corrompió" y aseguró que su condena a nueve años y medio está "suficiente probada", durante el juicio al ex mandatario que se desarrolla hoy en un tribunal de segunda instancia en Porto Alegre.
"Han sido suficientemente probados los hechos que llevaron a la condena (...) Lamentablemente Lula se corrompió", dijo el fiscal Mauricio Gerum en su argumento oral ante el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4).
En esta causa, una de las siete abiertas en su contra por la Justicia, la mayoría por presunta corrupción, Lula responde por presuntos sobornos recibidos de la constructora OAS, que se habrían configurado en la concesión de un apartamento frente a la playa en el balneario Guarujá, a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera.
Germun subrayó que la investigación demostró que el citado inmueble fue reservado para la familia de Lula y que hay evidencias de su interferencia repetida en Petrobras.
La vivienda, de 297 metros cuadrados (3.197 pies cuadrados) en el pent-house del complejo Solaris, está frente a Playa Asturias, una de las más concurridas de Guarujá. Cuenta con una pequeña piscina, un asadero y una zona con muebles de madera.
Aunque Lula nunca fue el propietario, la fiscalía dijo que la constructora OAS se lo prometió como soborno. Luego de alcanzar un acuerdo judicial, un antiguo director general de la empresa testificó que la casa estaba reservada para el exmandatario.
Sergio Moro, el juez que coordina la gigantesca investigación anticorrupción “Autolavado” que ha agitado el país en los últimos años, condenó a Lula tras determinar que dirigió una trama corrupta para conceder a OAS contratos gubernamentales por valor de más de 25 millones de dólares a cambio del apartamento, que en ese momento costaba unos 600.000 dólares.
Lula y sus abogados alegan que el expresidente nunca fue dueño ni residió en la vivienda, y que solo la visitó una vez para considerar una oportunidad de negocio que nunca salió adelante. La gente de la zona se refiere al inmueble de 18 plantas y 128 apartamentos como el "edificio de Lula".
El fiscal Germun situó al político izquierdista como parte de "la mayor trama de corrupción en Brasil" y denunció la existencia de una "tropa de choque" en el Parlamento durante los mandatos del expresidente (2003-2010) "para perpetuar un proyecto político personal".
También señaló que la tentativa de asemejar el proceso a "un juicio político", tesis que defienden el propio Lula y sus abogados, ofende a la institución, al Poder Judicial y a las víctimas de los delitos cometidos.
"Si esta Corte absuelve, la Justicia será hecha; si mantiene la condena, la Justicia también será hecha", apuntó, al tiempo que denunció la "promiscuidad entre el mundo político y el mundo empresarial".
Respecto a Petrobras insistió en que hay una "cadena de pruebas irresistible". "Petrobras fue víctima de una refinada organización criminal, sofisticada y profesional", dijo el abogado Rente Dotti.
"Había audacia y eficiencia en las iniciativas ", agregó, y "la esperanza de hoy es la condena de estos reos como una absoluta necesidad del pueblo brasileño", afirmó.
El expresidente no acudió a la audiencia, dado que la Justicia le autorizó a ausentarse porque no iba a ser interrogado. Lula sigue la sesión desde la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de Sao Paulo, donde inició su carrera política y participó en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) en 1980.
En Porto Alegre, cientos de manifestantes, tanto a favor como en contra de Lula, se concentran en las inmediaciones del tribunal donde se desarrolla una audiencia que se prevé será larga.
Las autoridades han establecido un extenso perímetro de seguridad, que incluye al espacio aéreo, para proteger la sede del tribunal, situado en el centro de la capital del sureño estado de Río Grande do Sul.
Los alrededores de la corte están completamente blindados con decenas de policías que vigilan incluso las azoteas, y los asistentes al juicio han tenido que superar hasta tres cordones de seguridad para conseguir acceder a la sala.
Lula se convirtió el pasado 12 de julio en el primer exmandatario brasileño con una condena penal desde el restablecimiento de la democracia (1985), pero le fue permitido responder en libertad.
El juicio definirá su futuro personal y puede influir en el desarrollo del proceso político ante las elecciones de octubre próximo, a las que el expresidente pretende presentarse como candidato del PT.
Lula lidera hasta ahora los sondeos de opinión, pero una eventual ratificación de la condena hoy podría impedirle ser candidato, lo cual sería decidido posteriormente por la justicia electoral.
(Con información de EFE y AP)