Sumario
- El régimen cubano dice haber aplicado el 89% de las transformaciones económicas y sociales, pero analistas dudan de que eso implique una reforma real del modelo ni mejoras para la población.
- Los expertos sostienen que las medidas mantienen el peso dominante del Estado y que su alcance práctico queda limitado por la Constitución de 2019.
Tres meses después de anunciar 176 transformaciones económicas y sociales, el régimen cubano asegura que ha implementado 158, alrededor del 89 % del paquete aprobado en junio. Sin embargo, analistas entrevistados por Martí Noticias cuestionan que la aprobación de medidas y normas jurídicas implique una transformación del modelo económico o una mejoría para los ciudadanos.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, presentó el balance durante un encuentro con presidentes de grupos empresariales y juntas de gobierno. Según la prensa oficialista, las medidas cuentan con 197 normas jurídicas de respaldo. Marrero sostuvo que una mayor capacidad productiva permitirá ampliar la oferta y contribuirá a reducir los precios y contener la inflación.
El paquete aprobado está organizado en 23 ejes temáticos e incluye cambios en la gestión municipal, la agricultura, el comercio exterior, la inversión privada y extranjera y el sector inmobiliario. También contempla mayor autonomía para las empresas estatales y participación del capital privado en la actividad financiera. Para los especialistas consultados, la cuestión central es cuánto podrán modificar esas disposiciones una economía en la que el Estado conserva un papel predominante.
Dimas Castellanos: reformas que no enfrentan las causas de la crisis
El periodista independiente Dimas Castellanos cuestiona la credibilidad de los balances oficiales después de sucesivos anuncios que, a su juicio, no han resuelto los problemas estructurales del país.
“Si fuera la primera vez o la segunda vez o la tercera vez que hacen uso de eso, se les podría dar algún grado de credibilidad, de espera o de esperanza”, expresó al referirse a los porcentajes presentados por Marrero.
Su crítica apunta a la repetición de promesas de recuperación sin una revisión de las decisiones que condujeron al deterioro económico. Para Castellanos, el problema comenzó cuando las autoridades eliminaron la propiedad privada y subordinaron al Estado los espacios que permanecieron.
“Ahí empezaron las desgracias”, afirmó. “Si tú no actúas contra la causa, pues naturalmente todo lo demás es un gran engaño”.
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Reformas económicas en Cuba: analistas cuestionan cambios que mantienen el control estatal
Desde esa perspectiva, el número de medidas implementadas no responde a la pregunta de fondo: si los productores y ciudadanos tendrán capacidad efectiva para decidir, administrar sus recursos y desarrollar sus actividades económicas.
El periodista también recuerda que la autonomía municipal tiene antecedentes en la historia cubana. Según explicó, la Constitución de 1940 reconocía al municipio como una sociedad local con capacidad económica para atender los gastos de su gobierno y establecía garantías frente a la intervención de otras autoridades.
Castellanos contrasta ese antecedente con la estructura centralizada que se impuso posteriormente. Su argumento plantea que descentralizar exige transferir capacidad de decisión, además de responsabilidades administrativas.
Elías Amor: el precedente de la Tarea Ordenamiento y los límites constitucionales
El economista Elías Amor identifica un antecedente en la Tarea Ordenamiento, puesta en vigor en el 2021. En su evaluación, aquella política mostró su fracaso en apenas seis meses.
“¿Cuál es una política que ha sido un auténtico fracaso? La Tarea Ordenamiento”, señaló.
Para Amor, esa experiencia obliga a examinar las consecuencias de las políticas económicas y no únicamente sus objetivos declarados. El economista considera que el nuevo paquete nace limitado porque no modifica los fundamentos económicos de la Constitución de 2019, que, según su análisis, entran en contradicción con la descentralización promovida por las autoridades.
El texto constitucional reconoce distintas formas de propiedad, incluida la privada, pero mantiene a la empresa estatal socialista como protagonista de la economía nacional. También reconoce autonomía municipal, cuyo ejercicio debe ajustarse a los principios de coordinación y colaboración con otros territorios y a los intereses superiores de la nación.
Por tanto, el debate no se limita a si la autonomía está reconocida formalmente, sino a su alcance práctico dentro del sistema y a las decisiones que podrán adoptar las empresas y los gobiernos locales.
Germán Manuel González: una economía en “coma”
Desde la provincia de Artemisa, el economista Germán Manuel González describe la situación del país como un “coma económico”.
Su cuestionamiento también alcanza la actitud de las autoridades frente a quienes proponen alternativas o discrepan del rumbo oficial.
“El régimen está empecinado, y ni siquiera reconoce que existe una oposición”, declaró.
Su diagnóstico se suma al de los otros entrevistados, que cuestionan la capacidad de las reformas para superar la crisis mientras permanecen los fundamentos del modelo.
Según los expertos el producto interno bruto de Cuba se ha contraído un 15 % durante los últimos seis años.
Mientras La Habana presenta el paquete como una apertura económica y un impulso a la descentralización, las autoridades mantienen el papel principal de la empresa estatal. El propio balance oficial sitúa la evaluación de las transformaciones en sus resultados, más allá del cumplimiento formal de lo planificado.
De acuerdo con las cifras anunciadas, quedarían 18 transformaciones pendientes de implementación. Para los analistas consultados, el resultado del proceso dependerá de su impacto en la producción, los precios, la autonomía local y las condiciones de vida de los cubanos.
La diferencia entre aprobar disposiciones y transformar la economía constituye el centro de sus cuestionamientos: las cifras de implementación, por sí solas, no demuestran que la recuperación haya llegado a la población.