Sumario
- Un artículo de John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre expone la necesidad de potenciar el tema de la libertad incondicional de quienes cumplen condenas políticas en las cárceles de la isla.
Las denuncias sobre el empeoramiento de las condiciones en las prisiones de Cuba llegadas a través de prisioneros políticos y sus familiares son cada vez más frecuentes y preocupantes. Un artículo de John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, publicado en Diario Las Américas este domingo, expone la necesidad de potenciar el tema de la libertad incondicional de quienes cumplen condenas políticas en las cárceles de la isla.
El texto llama a que se abran las prisiones cubanas al escrutinio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que no ha podido visitarlas desde 1989, cuando —en un período muy breve, entre 1988 y 1989— el organismo tuvo acceso a algunos centros penitenciarios por presión de la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
"La dictadura comunista de Cuba mantiene a más de 1.300 presos políticos, según recuentos independientes de mediados de 2026, al tiempo que niega sistemáticamente al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a sus prisiones desde 1989. En cambio, la organización con sede en Ginebra ha realizado más de 100 visitas desde 2002 al centro de detención de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo (Gitmo), en el sureste de Cuba. El único territorio de la isla de Cuba donde las condiciones carcelarias son inspeccionadas de forma independiente es la zona controlada por Estados Unidos", afirma Suárez en su artículo.
Alexander Díaz Rodríguez, prisionero político arrestado durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Artemisa, fue excarcelado el pasado abril en condiciones de desnutrición severa y con un diagnóstico de cáncer de tiroides que no le fue atendido. Su apecto al salir de prisión lo dice todo.
Alexander Díaz Rodríguez expreso político cubano
En diciembre de 2025, el Centro para una Cuba Libre publicó una denuncia urgente sobre el "plan de exterminio" de prisioneros en la prisión de Boniato, en el oriente de la isla, haciéndose eco de un informe del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, con sede en Ciego de Ávila.
"Esta cárcel encierra a alrededor de 2.000 prisioneros, de los cuales el 90 % están desnutridos debido a la hambruna a la que son sometidos por parte de las autoridades gubernamentales. La carencia de alimentos es tal, que el gobierno se ha visto obligado a establecer una clasificación en 3 galeras: distróficos grado 1, grado 2 y grado 3. Estas galeras alojan alrededor de 90 reos cada una. Sin embargo, los internos distróficos esqueléticos críticos son cerca de 1.000, lo cual implica la mitad de la población penal. Los distróficos grado 3 son verdaderas “carabelas”, que van agonizando, y muriendo 2 o 3 cada semana", de acuerdo con el mencionado informe y con las declaraciones de Juan Carlos González Leiva, abogado invidente que lidera el Consejo de Relatores y permanece en contacto directo con los prisioneros dentro de Cuba.
Esta misma organización interna denunció que en 2024 murieron 70 presos solamente en la prisión de Boniato, y 80 durante 2025, debido a las condiciones infrahumanas, la desnutrición, la falta de atención médica y los tratos crueles e inhumanos.
Prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. (Foto: Ena Columbié/ Gaspar, El Lugareño)
Según la Unión de Expresos Políticos Cubanos, en Cuba existen al menos 590 centros de reclusión, entre prisiones de máxima severidad, centros correccionales y centros de detención, de manera que el número de prisioneros muertos por las condiciones carcelarias puede ser alarmante.
Mientras, como expone John Suárez en su artículo, la Cruz Roja Internacional ha visitado al menos cien veces a los prisioneros que se encuentran en la Base Naval de Guantánamo, bajo custodia de Estados Unidos; ni una sola visita se ha realizado desde 1989 a las prisiones controladas por el régimen de La Habana.
La petición de libertad incondicional de todos los presos políticos cubanos continúa siendo un instrumento humanitario y un punto de presión frente al régimen, de acuerdo con Suárez, quien busca levantar conciencia sobre la importancia humana y política de esta exigencia.
John Suárez es el director ejecutivo del Centro Para una Cuba Libre.
"Lo que falta hoy es una exigencia unificada y sostenida de que el acceso del CICR se convierta en una condición innegociable de cualquier acercamiento; asimismo, es necesario hacer más a nivel comunitario para brindar asistencia regular a todos los presos políticos de Cuba y a sus familias".
"Las visitas del CICR no otorgan legitimidad política. Son confidenciales, de carácter técnico y se centran en las condiciones, la salud y el contacto con la familia. Los regímenes que las aceptan suelen hacerlo para mejorar su imagen; aquellos que las rechazan dan a entender que tienen algo que ocultar. Permitir el acceso no liberaría a Cuba de la noche a la mañana, pero protegería vidas, generaría información independiente y elevaría el costo de mantener la represión, tal como ocurrió en Polonia, Chile, Filipinas y Sudáfrica", afirma el artículo.
Suárez adelanta que la petición de acceso de la Cruz Roja Internacional a las cárceles cubanas es una gestión de carácter técnico, pero a su vez exige transparencia en un sistema que hasta el día de hoy permanece secreto, y "la historia demuestra que la transparencia, combinada con la presión constante de la diáspora y el apoyo material sostenido a las víctimas de la represión, es la vía por la que las sociedades cerradas terminan por abrirse".