Especialistas denuncian la exclusión de presos políticos en las excarcelaciones de Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló esta semana a 2.000 personas condenadas por delitos comunes. De acuerdo a anuncio del Ministerio del Interior de Nicaragua, esas personas cumplirán el resto de sus condenas bajo un mecanismo denominado convivencia familiar.

El régimen sandinista califica estas excarcelaciones masivas, que en lo que va del año ha alcanzado a 9.900 reos, como parte de una “política humanitaria”. No obstante, no mencionan el hacinamiento de las cárceles, ni la situación de más de 70 presos políticos que cumplen condenas en el país.

La liberación de noviembre coincidió con el 50 aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El régimen vinculó directamente los beneficios penitenciarios con un acto partidario.

La socióloga Claudia Pineda, directora de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua, dijo a Martí Noticias que, desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos, no puede calificarse como una política genuinamente humanitaria.

“La aplicación selectiva de beneficios penitenciarios, que excluye sistemáticamente a las personas presas por motivos políticos, revela un tratamiento discriminatorio y arbitrario”, afirmó.

“Más que una política orientada a la reinserción o a la protección de derechos, observamos un sistema penitenciario utilizado como instrumento de control y represión política”, agregó.

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Para Pineda, "en un Estado de derecho las modificaciones al cumplimiento de las penas deben estar sujetas a control judicial y criterios legales transparentes”.

“Cuando las decisiones responden a disposiciones políticas y no a procedimientos judiciales verificables, se evidencia la subordinación del sistema de justicia al poder ejecutivo”, apuntó.

La defensora de derechos humanos denunció además que “la exclusión permanente de los presos políticos demuestra que el régimen los considera una categoría aparte, no por razones jurídicas sino políticas”.

Actualmente, la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua tiene registradas 72 prisioneros políticos. De ellos, al menos 33 se encuentran en situación de desaparición forzada.

“Ninguna política puede calificarse de humanitaria cuando excluye deliberadamente a las personas encarceladas por razones políticas y cuando, además, existen detenidos en condiciones que podrían constituir desaparición forzada”, destacó Pineda.

La especialista cuestionó cómo mientras el Estado libera periódicamente a miles de presos comunes, mantiene privadas de libertad a personas detenidas por razones políticas. Esto “confirma que la prisión política sigue siendo un mecanismo de castigo, intimidación y control social, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos”.

Un sistema de premios y lealtades

Para el abogado nicaragüense Uriel Pineda “existe una especie de premio para las personas que tienen acceso a ciertos círculos de poder y que les permite justamente acceder a este tipo de beneficios, refrendando con ello lealtades partidarias hacia el régimen”.

Durante el programa Nicaragua al día, de Radio Martí, el jurista indicó que estas liberaciones no se tratan de un acto de benevolencia, sino una medida ante la saturación del sistema penitenciario del país, que acarrea una carga para los presupuestos del régimen.

Pineda, especialista en derechos humanos, subrayó que la medida “no solo refleja el control sobre la libertad de las personas sino también las limitaciones financieras que tiene el Estado y cómo estas liberaciones alivian de alguna manera esa carga presupuestaria”.

Esto genera una discrecionalidad que “se puede prestar, si es que ya no lo está haciendo, a que exista tráfico de influencias y hasta pedimentos indebidos de dinero o soborno vinculado a estos beneficios”, agregó.