Pedro Ariel García Rodríguez, estudiante de quinto año de la licenciatura en Enfermería y quien trabajaba en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología, en La Habana, denunció en Facebook que fue obligado a renunciar a su trabajo por "ejercer mi derecho a la libertad de expresión, opinión y pensamiento".
En un video publicado en esa red social, García Rodríguez afirmó que "mi baja fue forzada, en contra de mi voluntad, y tramitada bajo amenaza y represión por parte de elementos de la Seguridad del Estado y de la directiva del centro".
Explicó que el pasado sábado 9 de mayo fue citado a una entrevista que consideró "extraoficial" y en la cual no le permitieron entrar su teléfono celular porque "ellos (el régimen) tienen miedo de que sean grabados cuando cometen sus actos de injusticia".
Lee también Alertan sobre colapso de economía cubana "en cuestión de semanas"Indicó que fue citado por el doctor Erasmo Gómez, vicedirector del Instituto de Oncología y Radiología, quien le dijo que lo había hecho instado por la Seguridad del Estado.
El enfermo detalló que los agentes de la policía política llevaron al encuentro un expediente sobre él y dedicaron la cita a "analizar" sus actividades en Facebook.
Lee también Líder opositor Díaz Silva, otra vez a los tribunales"En mi perfil (de Facebook) yo expreso mi descontento e inconformidad con los males, la injusticia, el atropello y el abuso al que someten al pueblo cubano, especialmente a los que piensan diferente", señaló.
Denunció que el doctor Gómez intentó coaccionarlo durante la conversación y le dijo que "era necesario que yo pensara bien las cosas y que con carácter obligatorio yo tenía que borrar todas mis publicaciones en Facebook".
Lee también Vecinos intervienen y evitan pase de cuenta policial a periodista en Cuba (VIDEO)García Rodríguez aseguró que recibió un ultimátum para hacerlo y que tenía que empezar a publicar mensajes a favor de la revolución y "de lo agradecido que yo estaba".
Explicó que le dijeron que un enfermero con su manera de pensar no tenía derecho a trabajar en ninguna institución del país y "me llamó contrarrevolucionario".
Lee también Trump a los cubanos: "Estamos con ustedes"Según García Rodríguez, él respondió de manera enérgica pero respetuosa y "ratifiqué lo mismo: voy a seguir denunciando porque lo que yo publico no es ninguna mentira (...) Voy a borrar mis publicaciones cuando me pongan una sola prueba de que en mis publicaciones hay difamación o engaño".
Amplió que el pasado 19 de mayo le fue notificado que por "su conducta" iba a ser analizado en un comité de ética médica, recibió una amenaza de que su proceder podía afectar también a su esposa y lo obligaron a pedir la baja del centro, lo cual hizo "en contra de mi voluntad".
Lee también Otro fallecido y ocho nuevos casos de coronavirus en CubaEl enfermero declaró que su situación demuestra una vez más que en Cuba se violan los derechos humanos y se cometen injusticias.
"Queda demostrado que esa muela (discurso) sobre construir el socialismo es una falsedad. En Cuba, hace rato lo que se construyó fue el castrismo y ese es el sistema que predomina".
Lee también Cubanos pasan meses sin el medicamento que necesitanEn otro mensaje publicado en la red social, García Rodríguez respondió a los que lo acusan de ser un agente pagado de los Estados Unidos.
"Ahora dicen que el ´imperio´ me paga, te lo voy a resumir: Nadie me paga, de hecho he rechazado ayuda desinteresada (...) Existen personas libres de manifestarse, algo que no sucede en el ´paraíso socialista´".
En meses recientes, y aprovechando la situación creada por la pandemia de coronavirus, las autoridades cubanas han dado una vuelta de rosca a la censura y el acoso contra miembros de la oposición, integrantes de la sociedad civil, periodistas independientes y ciudadanos en general, para impedir que expresen sus opiniones en internet o informen sobre la realidad del país.
Lee también Periodista multado dos veces en un mes por el Decreto 370Como parte de ese arremetida oficial, los agentes de la policía política han empleado el Decreto 370, que ilegaliza la diseminación de información considerada por el régimen perjudicial para la imagen del país, para aplicar realizar detenciones y aplicar multas.