El castrismo y Venezuela: Injerencia, control y narcoterrorismo

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento en la base de Baracoa, Cuba, el 13 de julio de 1989, el general Arnaldo Ochoa puede haber recordado, junto con sus glorias en las guerras en Angola y Etiopía, aquel desembarco suyo en Venezuela en 1966, una de las primeras operaciones secretas de Fidel Castro para exportar la revolución cubana a América Latina.

La brillante carrera militar de Ochoa, que comenzó como un soldado rebelde veinteañero en la guerra de guerrillas contra el gobierno de facto de Fulgencio Batista, añadió un hito con aquella infiltración en Venezuela, en la que le acompañaban otros 15 oficiales cubanos, entre ellos los luego generales Ulises Rosales del Toro y Raúl Menéndez Tomassevich, así como el venezolano Luben Petkoff. Fidel Castro había microdirigido la operación, encaminada a apoyar las guerrillas que intentaban derrocar al gobierno democrático de Raúl Leoni.

En Venezuela, Ochoa comandó una emboscada y entrenó a guerrilleros. Pero la operación terminó en fracaso y tuvieron que regresar huyendo a Cuba. Una leyenda asegura que Ochoa pudo escapar disfrazado de mujer.

Avance rápido a 1989. Meses después del fusilamiento del general Ochoa, y de que fueran procesados el coronel Tony De la Guardia y sus ayudantes por supuesta traición a la patria, cayó el Muro de Berlín. Al año siguiente, 1990, el foro de Sao Paulo acordó priorizar la estrategia de conquistar el poder a través de las urnas. Partidos de izquierda llegarían a gobernar en 12 países de América Latina.

En 1998, medio centenar de asesores cubanos se instalaron en Venezuela ─ se ha dicho que 27 de ellos en Isla Margarita─ para apoyar en temas como encuestas, propaganda y guerra psicológica la campaña electoral del ex golpista Hugo Chávez, quien acabó acopiando el 56,2 % de los votos. Fue también una victoria para Castro, que le permitió conseguir un nuevo souteneur para su economía parásita tras los siete años de vacas flacas que siguieron a la desintegración de la Unión Soviética. Se firmaron acuerdos de cooperación que contemplaban el envío de médicos y otros profesionales cubanos a cambio de petróleo. Las misiones cubanas servirían bien al gobierno populista de Chávez.

Pero Castro quería más, necesitaba perpetuar a Chávez en el poder. Así, la verdadera entrada a saco del régimen cubano en Venezuela se produjo a raíz de dos acuerdos militares secretos suscritos en 2007. El primero prepararía a los agentes de inteligencia venezolanos para “el descubrimiento y enfrentamiento a la labor de inteligencia y subversiva del enemigo”.

El segundo acuerdo autorizó a los funcionarios cubanos a supervisar la “asimilación” y la “modernización” del ejército de Venezuela bajo la dirección del Grupo de Coordinación y Enlace cubano o GRUCE, compuesto por altos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionaras (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT) hasta el grado de General de División. Entre ellos se contaron los generales Leonardo Andollo Valdés, Hermio Hernández, Onelio Aguilera Bermúdez, Alejandro Ronda Marrero, Frank Yánez, Juan Carlos Tamargo Baniela, y Ramón Alfredo Lausao. El GRUCE ha diseñado planes para situaciones excepcionales en el país sudamericano, a ser desarrollados solo por los cubanos en Venezuela, incluidos los miembros de las misiones.

Se han barajado diferentes estimados ─desde 20.000 hasta 100.000 en algún momento─ sobre el contingente total cubano en Venezuela, que incluye a miles de cooperantes en la medicina, la informática, el deporte y la educación, sometidos a condiciones de esclavitud moderna. De 3.000 a 5.000 serían militares, incluyendo a oficiales de las fuerzas armadas y los servicios de seguridad, inteligencia y contrainteligencia de Cuba, hasta el grado de General de Divisiòn.

Estos ejercen hasta hoy control, asesoría y participación en los organismos militares y paramilitares de Venezuela, así como en sectores civiles estratégicos (aeropuertos, oficinas de cedulación, internet). Su presencia ha sido documentada con grabaciones, fotos, documentos y videos, así como testimonios de oficiales venezolanos disidentes como el general Antonio Rivero, el coronel retirado Julio Rodríguez y el teniente coronel Carlos José Montiel. En las fotos los cubanos aparecen convenientemente vestidos de civil.

Los militares cubanos están distribuidos por todo el país, desde el neurálgico Fuerte Tiuna, en Caracas, hasta la última guarnición, como ha documentado el colega venezolano Casto Ocando. Se desempeñan desde los anillos de protección presidencial y la sala situacional de Miraflores, hasta las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), la contrainteligencia civil (SEBIN) y la militar (DGCIM) luego de que los cubanos reconvirtieran a su imagen y semejanza los servicios anteriores.

Un informe publicado en 2022 sobre una visita de una Misión independiente del Consejo de Derechos Humanos (CDH) a Venezuela señala en su punto 33: “Varios exfuncionarios de la DGCIM manifestaron a la Misión que agentes del Estado cubano han instruido, asesorado y participado en actividades de inteligencia y contrainteligencia con la DGCIM”.

Tanto este organismo como el SEBIN han sido acusados por la misión de Naciones Unidas de emplear métodos como descargas eléctricas, asfixia, inmersión en agua, violencia sexual, y privación de agua y alimentos. Organizaciones como el Instituto Casla añaden colgamientos, palizas, puntapiés en el rostro y cortadas con navajas en los pies y los glúteos. Al menos diez venezolanos han muerto bajo custodia de estos órganos represivos.

Desde el CESSPA (Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria) los enviados castristas no solo centralizaron los datos de los organismos de inteligencia, sino que implantaron una maquinaria de espionaje compuesta de hackers y expertos electrónicos con sofisticados dispositivos destinada a las escuchas electrónicas. La información acaba en manos de ellos.

La mayoría de los militares cubanos trabajan como asesores y espías, aunque se ha reportado presencia de tropas especiales del MINFAR Avispas Negras en la isla de La Orchila y hay evidencias de que cubanos han participado en la represión disfrazados de elementos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivarianas. Adicionalmente, como indica uno de los planes del GRUCE, los cooperantes con entrenamiento militar (un requisito en el caso de los médicos) pueden ser llamados a actuar como milicia de apoyo o en misiones de inteligencia, además de realizar labores regulares de proselitismo político.

Durante las protestas masivas de 2014 y 2017 los cubanos asesoraron una despiadada represión, inédita en Venezuela, que dejó más de 200 muertos y miles de heridos y detenidos. El ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, colgó en Youtube una grabación de audio donde alguien con claro acento cubano instruye cómo facilitar el paso de la Guardia Nacional más allá de las guarimbas o barricadas y cómo los francotiradores pueden “sacar” de las protestas a líderes de las manifestaciones.

Arria dijo a Martí Noticias que generales en retiro de la Guardia Nacional le aseguraron que el despliegue de terror durante las protestas se debía a los cubanos. Esto incluyó disparos precisos de la Guardia y de los llamados “colectivos”, paramilitares formados a instancias y bajo supervisión de los cubanos y antecedente directo del uso de delincuentes para defender al régimen.

Los disparos iban dirigidos no a ahuyentarlos, sino a matar manifestantes. Los patrones eran claros: disparos en la cara: (Geraldine Moreno Orozco, 23 años; Jimmy Vargas, 34; Juan Carlos Montoya, 40); disparos a la cabeza (Bassil Alejandro Da Costa, 24; Roberto Redman, 31; Génesis Carmona, la Miss Turismo Carabobo 2013, 21) y disparos en el pecho (Daniel Tinoco líder de una guarimba en San Cristóbal, estado Táchira).

Durante las protestas de 2014 El Nuevo Herald informó que una veintena de altos oficiales y funcionarios cubanos coordinaron desde el Palacio de Miraflores las acciones de los colectivos, también integrados por miembros del ELN colombiano, apoyado por Cuba y protegido en territorio venezolano por el régimen de Maduro.

Hablando sobre Venezuela ante el CDH en marzo de 2019, la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Michel Bachelet abordó el tema: “La Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos”.

Para el libro de 2019 “Cubazuela: crónica de una intervención cubana”, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba recibió una copia en Power Point de un manual castrista de contrainteligencia que se usaba en Venezuela titulado Tarea Escudo. Los métodos de obtención de información, penetración, socavación, procesamiento legal y “neutralización” aplicados a opositores, militares descontentos y otros sectores que puedan representar una amenaza para el régimen de Maduro son los mismos que se utilizan en la isla, como nos han confirmado opositores cubanos.

La Habana y el Cártel de los Soles

En una carta dirigida el 2 de diciembre de 2025 al presidente Donald Trump desde una prisión federal en Estados Unidos, el exjefe de inteligencia y contrainteligencia militar bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Hugo Carvajal Barrios, acusó al régimen cubano de sugerir a Chávez a mediados de la década del 2000 un plan para usar las drogas como arma contra EE.UU. y cooperar con sus operativos de inteligencia para llevarlo a cabo junto con las organizaciones narcoterroristas ELN, FARC y Hezbollah.

Este protagonismo de La Habana en la formación del Cártel de los Soles revela una continuidad del papel de Fidel Castro en una estrategia deliberada de guerra no convencional de la KGB diseñada en los años 60, con Cuba como punta de lanza, para destruir a Occidente, y especialmente a Estados Unidos, inundándolos de drogas. Esto fue denunciado por un analista de seguridad nacional estadounidense, Joseph Douglass Jr, en su libro de 1990 “Red Cocaine, the drugging of America”.

Está bien documentado en una acusación de 1982 en tribunales estadounidenses el intercambio de recepción y protección en Cuba, y posteriormente su despacho con destino a EE.UU., de drogas enviadas desde 1979 por el narcotraficante colombiano Jaime Guillot Lara, a cambio de que los barcos llevaran de vuelta armas a la guerrilla M-19.

Fueron encausados en el expediente el embajador de Cuba en Colombia y agente del Departamento América Fernando Ravelo Renedo, su segundo, Gonzalo Bassols, el vicealmirante y Jefe de la Marina de Guerra cubana Aldo Santamaría y el presidente del organismo fachada de la Dirección General de Inteligencia, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Los dos últimos eran miembros del Comité Central del PCC.

Posteriormente, si bien Fidel Castro sacrificó como chivos expiatorios en la causa 1 de 1989 al general Ochoa y el coronel De la Guardia y sus ayudantes, el involucramiento del régimen al más alto nivel en el tráfico de drogas con el Cártel de Medellín ha sido confirmado por testigos clave como Jhon Jairo Velázquez, “Popeye”, jefe de sicarios de Pablo Escobar; el miembro fundador del Cártel Carlos Lehder; los narcotraficantes cubanoamericanos grabados con cámaras y micrófonos ocultos por la DEA Reinaldo y Rubén Ruiz, este último piloto de las avionetas que llevaban la droga a la isla; y por el ex guardaespaldas de Fidel Castro teniente coronel Juan Reynaldp Sánchez.

Si bien el alto riesgo que representaron para la seguridad de su régimen las evidencias reunidas por la DEA paralizaron por un tiempo esta variante de la guerra asimétrica del régimen contra Estados Unidos, la promoción de la victoria electoral de Chávez, y su posterior reemplazo por un político formado en Cuba como Nicolás Maduro facilitaron al régimen castrista la continuación del uso de las drogas como arma, esta vez creando una zona de amortiguación en Venezuela, de modo que los narcóticos no pasaran por su territorio.

Para entonces las guerrillas colombianas ELN y FARC apoyadas por La Habana habían añadido a sus métodos criminales de financiamiento como la extorsión, el secuestro y las llamadas vacunas a cultivadores de coca y productores de cocaína (impuestos “revolucionarios”), la producción directa y exportación del estupefaciente. Golpeados por la política de seguridad democrática del presidente Alvaro Uribe y su continuador Juan Manuel Santos, algunos frentes de los grupos guerrilleros hallaron refugio y apoyo logístico en la zona fronteriza con la Venezuela de Chávez y luego por parte del régimen de Maduro, ya con el Cártel de los Soles convertido en el centro de una política de Estado contra los Estados Unidos.

Tras el acuerdo de paz de 2016 negociado en La Habana entre las FARC y el gobierno de Santos, frentes disidentes de la guerrilla como los de Iván Márquez e Iván Mordisco continuaron produciendo y exportando drogas, más recientemente (Mordisco) con apoyo de organismos de inteligencia del gobierno de Gustavo Petro, como expuso tras una documentada investigación Radio Caracol.

Los violentos enfrentamientos en la zona fronteriza del Catatumbo en enero de 2025 entre el ELN y disidencias de las FARC indican que la primera de estas guerrillas, involucrada en la represión en Venezuela, es la favorita del Cártel de los Soles para controlar los laboratorios de cocaína, las pistas de aterrizaje y las rutas de contrabando desde Colombia hacia el país vecino.

Todo eso podría cambiar después de las declaraciones del Presidente de Estados Unidos Donald Trump el 3 de diciembre del 2025, sobre el inminente comienzo de operaciones militares en tierra, en Venezuela y eventualmente en Colombia, para eliminar rutas, laboratorios y madrigueras de los narcoterroristas del Cártel de los Soles y sus aliados.

“Los cárteles de la droga son el ISIS del hemisferio occidental”, concluyó diciendo Trump, resaltando la importancia crucial que su administración concede a esta amenaza y preludiando el poder de fuego que está dispuesto a usar para erradicar el narcoterrorismo en el hemisferio occidental.