Sumario
- Estados Unidos amplía las sanciones contra el régimen cubano y apunta a sectores clave de la economía.
- Las medidas incluyen a 10 entidades cubanas vinculadas al turismo, el sector energético y los aparatos de represión estatal.
La Administración estadounidense reforzó este lunes su política de presión sobre Cuba con una nueva ronda de sanciones contra diez entidades del régimen de La Habana, entre ellas el Ministerio de Turismo (MINTUR), empresas estatales de los sectores energético, financiero, comercial y marítimo, así como organizaciones vinculadas al aparato de represión del Estado cubano.
En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que las medidas forman parte de la “campaña integral” de la administración de Donald Trump para “poner fin a las actividades perniciosas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo el hemisferio”.
Las sanciones apuntan tanto a entidades que generan ingresos para el gobierno cubano como a organizaciones civiles y paramilitares que participan en la represión de la población.
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Incremento de las sanciones a las fuentes de financiación del régimen cubano y sus medios de opresiónLas entidades sancionadas incluyen a las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), las Brigadas de Respuesta Rápida, el Ministerio de Turismo (MINTUR), la Corporación Antillana Exportadora (ANTEX S.A.), las empresas energéticas Enetec S.A. y Coreydan S.A., el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GECOMEX), la Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A. (CAUDAL) y el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR).
El Departamento de Estado sostuvo que las MTT, la ACRC y las Brigadas de Respuesta Rápida desempeñan funciones de apoyo al aparato de seguridad del Estado cubano y participan en labores de vigilancia o represión.
También afirmó que ANTEX S.A., vinculada al conglomerado militar GAESA, administra la exportación de trabajadores cubanos hacia Angola, mientras que las demás entidades operan en sectores que generan ingresos para el gobierno de la isla.
Las designaciones fueron realizadas al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, que autoriza sanciones contra personas y entidades relacionadas con la represión en Cuba o que operen en sectores considerados estratégicos para el gobierno cubano. La medida también respalda la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 14380 y el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional NSPM-5.
Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses de las entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Además, quedan prohibidas las transacciones de personas estadounidenses con las entidades sancionadas, salvo que cuenten con autorización de la OFAC.
El Departamento del Tesoro confirmó simultáneamente la incorporación de las diez entidades cubanas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), junto con dos ciudadanos —uno ucraniano y otro bielorruso— y un servicio de red privada virtual (VPN), sancionados bajo un programa distinto relacionado con actividades cibernéticas.
Las nuevas acciones se apoyan en la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026, que autoriza sanciones contra personas y entidades extranjeras vinculadas a sectores considerados estratégicos de la economía cubana, entre ellos energía, defensa, minería, servicios financieros y seguridad. La normativa también permite actuar contra quienes proporcionen apoyo material o financiero a entidades sancionadas.
El 23 de junio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció sanciones contra cinco entidades cubanas que, según Washington, generan ingresos para el Gobierno de La Habana. Entre ellas figuran tres organizaciones relacionadas con el conglomerado militar GAESA, además de entidades vinculadas a actividades financieras, logísticas y mineras. Las autoridades estadounidenses sostienen que estas organizaciones contribuyen al financiamiento de estructuras estatales y de seguridad del país.
A inicios de junio, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, familiares de la familia Castro y varias instituciones estatales, incluyendo organismos vinculados a las Fuerzas Armadas. Washington argumentó que las medidas responden a actividades consideradas contrarias a la seguridad nacional y a los intereses de Estados Unidos.
Además de las sanciones directas a funcionarios y entidades cubanas, la nueva política amplía el riesgo para empresas y bancos extranjeros que mantengan relaciones comerciales o financieras con sectores señalados de la economía cubana, particularmente aquellos vinculados a energía, defensa, minería y servicios financieros.
La Habana ha rechazado las medidas y las considera parte de una estrategia de presión económica sobre la isla. Mientras tanto, la Administración estadounidense sostiene que continuará utilizando herramientas financieras y diplomáticas para incrementar la presión sobre el Gobierno cubano.