Fiscales de Estados Unidos anunciaron el lunes cargos contra cinco exfuncionarios venezolanos acusados de pedir sobornos a cambio de ayudar a proveedores a obtener un tratamiento favorable de la petrolera estatal PDVSA, en el caso más reciente derivado de una investigación sobre corrupción.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue presentada en una corte federal en Houston, Texas, y fue hecha pública después de que España extraditó el viernes a César Rincón, uno de los exfuncionarios que se desempeñó como gerente general de Bariven, la unidad de PDVSA a cargo de la compra de insumos.
Entre los otros acusados figuran Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela; Rafael Reiter, exjefe de seguridad y prevención de pérdidas de PDVSA; y Luis Carlos de León, exfuncionario de la compañía eléctrica estatal.
Rincón, Villalobos, Reiter y De León fueron arrestados en octubre en España por solicitud de las autoridades de Estados Unidos, en medio de una investigación internacional sobre sobornos en Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
De León, Villalobos y Reiter permanecen bajo custodia en España. La acusación también menciona a Alejandro Istúriz Chiesa, un exasistente del presidente de Bariven, quien permanece prófugo.
Los cinco enfrentan cargos de conspiración y lavado de dinero. De León y Villalobos fueron acusados además de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en inglés).
Acusación no menciona a Rafael Ramírez
Fiscales estadounidenses creen que Rafael Ramírez, expresidente de la paraestatal venezolana PDVSA y exembajador ante la ONU, recibió sobornos como parte de la red multimillonaria de corrupción en la industria petrolera de Venezuela, según un funcionario al tanto de la investigación en Estados Unidos.
Ramírez, que era uno de los funcionarios más poderosos de Venezuela hasta que renunció a su puesto en las Naciones Unidas en diciembre, es señalado de haber recibido, aunque no fue formalmente encausado en el acta acusatoria contra otros cinco altos funcionarios dada a conocer parcialmente el lunes.
En ese documento, fiscales en Houston alegan que dos de los individuos acusados les dijeron a empresarios que lo que recibieran en sobornos a cambio de contratos con PDVSA sería compartido con un alto funcionario venezolano, identificado solamente como "Funcionario B".
El político venezolano que no fue nombrado es Ramírez, según un funcionario estadounidense que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque carecía de autorización para discutir el tema.
En 2016, la Asamblea Nacional de Venezuela, encabezada por la oposición, denunció que 11.000 millones de dólares desaparecieron de PDVSA entre 2004 y 2014, cuando Ramírez estuvo a cargo de la empresa. En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a un banco en Andorra de lavar unos 2.000 millones de dólares robados de PDVSA.
Ramírez ha negado haber cometido delito alguno y ha aseverado que la pesquisa de Estados Unidos sobre PDVSA es un intento políticamente motivado de socavar al gobierno de Nicolás Maduro. Después de renunciar como embajador ante la ONU Ramírez salió de Estados Unidos hacia un lugar desconocido.
Los fiscales han estado acercándose lentamente a su círculo de allegados, incluyendo a funcionarios que sí fueron formalmente acusados el lunes: Reiter con frecuencia aparecía junto a Ramírez en público, así como Villalobos, que a veces fungía como director interino de PDVSA cuando Ramírez hacía viajes oficiales al extranjero.
Ambos fueron detenidos en España en octubre y aguardan su extradición, junto con un tercer ex funcionario, Luis Carlos de León.