El presidente izquierdista de Ecuador Rafael Correa consideró hoy que hay una "conspiración en marcha" en su país, donde en los últimos tres días se han repetido manifestaciones callejeras en contra y a favor de proyectos de ley sobre impuestos a la herencia y la plusvalía que se estudian en la Asamblea Nacional.
"Es claro que hay una conspiración en marcha. La violencia de los de siempre es inaudita. ¡El pasado, no volverá! ¡Somos más! Por eso no quieren el 2017", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter en la que agradeció el respaldo de sus seguidores, que también han salido a las calles a manifestarse desde el pasado lunes.
Añadió que se defenderá "lo logrado" y comentó que "ya aparecieron los de siempre. Eso es bueno, para que todos sepan a qué no enfrentamos. Las dinastías y los politiqueros del pasado".
Manifestaciones en favor y en contra del Gobierno se han repetido desde el pasado lunes en varias ciudades de Ecuador, que está atento al tratamiento de los dos proyectos de ley en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.
Desde el pasado lunes, Correa se encuentra en Bélgica, donde participa en la reunión entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se clausuró hoy.
El miércoles fue nutrida la tercera jornada consecutiva de movilizaciones que se concentran en una céntrica calle de Quito y que se han reproducido en otras ciudades del país.
Con banderas negras, cientos de simpatizantes de la oposición se concentraron, como el lunes y martes, en la avenida de Los Shyris, en casco comercial de la capital, con el lema: "Fuera Correa, fuera".
También el miércoles el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se mostró "preocupado" por las eventuales consecuencias que podría traer la aplicación de impuestos a la herencia y la plusvalía que se estudian en la Asamblea Nacional a pedido del Ejecutivo.
Correa impulsa la conocida como Ley de Herencias con el objetivo de, según el lenguaje socialista, "democratizar la propiedad", un proyecto que establece nuevas tablas impositivas que gravan de forma progresiva el patrimonio heredado que, dice el gobernante, es una fuente de inequidad en Latinoamérica, pero que en verdad no es más que un modo de empobrecer el país bajo el pretexto de repartir la riqueza.