Sumario
- Su madre señaló directamente a los órganos de la Seguridad del Estado como los responsables de entorpecer los beneficios carcelarios de su hijo y de otros manifestantes del 11 de julio de 2021.
A pesar de cumplir con los requisitos legales para la progresión de régimen penitenciario, el preso político cubano Vladimir Castillo Llanes continúa recluido bajo condiciones deplorables tras habérsele negado sistemáticamente el tránsito al régimen abierto o campamento.
Así lo denunció en conversación con Martí Noticias su madre, Maité Llanes, quien señaló directamente a los órganos de la Seguridad del Estado como los responsables de entorpecer los beneficios carcelarios de su hijo y de otros manifestantes del 11 de julio de 2021.
Castillo Llanes cumple una condena de nueve años de privación de libertad por su participación en las protestas pacíficas de julio de 2021. De acuerdo con la legislación penitenciaria vigente en la isla, no haber cometido delitos anteriormente le otorga el derecho a optar por la libertad condicional o el traslado a un régimen de menor rigurosidad al cumplir el primer tercio de su sanción.
Sin embargo, las autoridades penales han rechazado en múltiples ocasiones estas solicitudes. "Cada vez que lo han presentado, lo deniegan", explicó Maité Llanes.
"A ellos los que lo dirigen y lo chequean es la gente de la Seguridad. Los que dicen quién van a aprobar o dejan de aprobar son ellos. Ya lo han presentado como tres o cuatro veces", detalló.
Tras la más reciente negativa recibida a inicios de este año —entre enero y febrero—, el propio Castillo Llanes decidió no someterse más a dichos trámites formales.
Según relató su madre, el joven comunicó formalmente al agente de la Seguridad del Estado asignado a su caso que no deseaba más gestiones de beneficios y que cumpliría la totalidad de su condena en prisión.
En el penal de Quivicán, donde se encuentra recluido, tan solo quedan cuatro jóvenes vinculados a las manifestaciones del 11J; a ninguno de ellos se le ha concedido el traslado al régimen abierto o campamento, según el testimonio familiar.
Llanes también sacó a la luz la grave crisis asistencial y sanitaria que atraviesan los reclusos en las prisiones de la isla, caracterizada por la escasez extrema de alimentos, la falta de agua potable y el colapso de los servicios básicos.
La madre del prisionero aseguró que su hijo subsiste exclusivamente con los alimentos que ella le provee durante las visitas familiares, rechazando la ración que distribuye el penal por su baja calidad e insalubridad.
"Esta última visita yo vi la comida cuando se la llevaban. Pésima, pésima. Los guardias se llevan la comida y no se la dan a los que la necesitan", indicó haciendo énfasis en la situación de desamparo de aquellos reclusos que no cuentan con apoyo familiar externo.
A la malnutrición se suma el desabastecimiento crítico de agua potable y fluido eléctrico. Según las declaraciones, el suministro de agua, únicamente a través de camiones cisterna (pipas), prioritariamente satisface a los trabajadores de la prisión y al personal militar domiciliado en las inmediaciones. A la población penal se le asignan los remanentes, a menudo no aptos para el consumo humano.
Para subsistir, los prisioneros se ven obligados a filtrar el agua con paños o a improvisar canales entre las naves durante los días de lluvia para recolectar el recurso.
Ante la falta persistente de agua para el aseo y el saneamiento de las dependencias, los internos deben realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas plásticas y arrojarlas fuera de los pabellones.