Sumario
- “La falsa paz total llegó a su fin”, escribió el mandatario en X tras el respaldo legislativo a la iniciativa, que quedó pendiente de sanción presidencial.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebró la aprobación en el Congreso de un proyecto de ley que establece condiciones más estrictas para el sometimiento de grupos armados ilegales a la justicia y sustituye el enfoque de negociaciones de la política de “paz total” de su antecesor, Gustavo Petro.
“La falsa paz total llegó a su fin”, escribió el mandatario en X tras el respaldo legislativo a la iniciativa, que quedó pendiente de sanción presidencial.
“¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO!”, expresó De la Espriella en el mensaje, en el que agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su “extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa”.
El Senado aprobó el proyecto con 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que la Cámara de Representantes lo respaldó con 95 votos favorables y 10 negativos durante las sesiones del martes 3 de noviembre. Ambas corporaciones aprobaron el mismo texto, por lo que no fue necesario un trámite de conciliación.
De la Espriella también agradeció al Congreso “por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia”. “¡Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos los compatriotas!”, añadió.
El mecanismo contempla reducciones de penas de hasta el 50 % para integrantes de base y de hasta el 30 % para los cabecillas, quienes deberán cumplir condenas de al menos diez años. Los beneficios estarán sujetos a la entrega de armas y bienes, así como a la colaboración con las autoridades para esclarecer el funcionamiento de las organizaciones y sus redes criminales.
Entre las obligaciones figuran identificar a otros integrantes, entregar a menores reclutados y personas secuestradas, aportar información sobre desaparecidos y revelar vínculos políticos y redes de corrupción. El proyecto no contempla suspender órdenes de captura, extradiciones u operaciones de las fuerzas de seguridad, y excluye la participación de quienes se acojan en cargos públicos o en negociaciones de paz.
La iniciativa forma parte del cambio de estrategia impulsado por De la Espriella frente a la política de su antecesor. Petro había reanudado las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en noviembre de 2022.
La Habana desempeñó un papel central en los procesos de diálogo colombianos. Entre 2012 y 2016 acogió las negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC que culminaron en el Acuerdo de Paz. Años después, Cuba volvió a actuar como país garante y sede de las conversaciones con el ELN, y fue el escenario de la ronda de junio de 2023 en la que se pactó un cese al fuego bilateral de seis meses bajo el Gobierno de Gustavo Petro.
Ese mismo rol generó una crisis diplomática y política de gran magnitud. En enero de 2019, el ELN se atribuyó el atentado con carro bomba contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá, que dejó más de una veintena cadetes muertos y más de 60 heridos. El presidente Iván Duque reactivó de inmediato las órdenes de captura contra los diez negociadores del ELN que se encontraban en La Habana y exigió formalmente su extradición. Cuba se negó, alegando los protocolos de ruptura firmados durante el Gobierno Santos, que contemplaban garantías de retorno seguro para la delegación en caso de que se rompieran las conversaciones.
El Gobierno Duque rechazó ese argumento. El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el canciller Carlos Holmes Trujillo sostuvieron públicamente que “no hay protocolos que amparen el terrorismo” y que el atentado, reivindicado por la propia organización, había dejado sin validez cualquier protección diplomática. Durante meses, Bogotá insistió en la entrega de los cabecillas (entre ellos Pablo Beltrán y otros miembros de la cúpula) y advirtió que, de no hacerlo, denunciaría a Cuba ante instancias internacionales por proteger a terroristas.
En mayo de 2020, la administración de Donald Trump incluyó a Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo, citando expresamente la negativa a extraditar a los diez dirigentes del ELN tras el atentado de 2019. En enero de 2021, Estados Unidos designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, decisión que se sustentó en gran medida en ese mismo episodio. La medida revirtió el retiro de la lista que había hecho Barack Obama en 2015 y generó nuevas sanciones económicas y financieras.
Sectores políticos y diplomáticos colombianos y estadounidenses cuestionaron el papel del régimen cubano y señalaron que un país que se niega a entregar a integrantes de una organización que acaba de cometer un atentado terrorista masivo no puede seguir siendo considerado un mediador confiable.