El retorno del presidente Donald J. Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 significó un cambio drástico en las políticas de Estados Unidos hacia Cuba, que buscan responsabilizar al régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel por las violaciones de los Derechos Humanos y la falta total de democracia en la Isla.
Su Memorando Presidencial de Seguridad Nacional NSPM (por sus siglas en inglés) restauró los pilares de la estrategia de “máxima presión” implementada durante su primer mandato.
“Estoy cumpliendo mi promesa de campaña. Volveremos a apoyar al pueblo de Cuba en su lucha por la justicia, la libertad y la democracia”, señaló el mandatario.
A continuación Martí Noticias resume las principales acciones de la Administración Trump en su política hacia Cuba.
Cuba de regreso a la lista de patrocinadores del terrorismo
El mismo día de asumir la presidencia, como parte de varias órdenes ejecutivas firmadas por el mandatario republicano, Cuba volvió a ser incluida en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, de la cual la saliente Administración la había sacado apenas una semana antes.
En ese momento, el recién estrenado Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en una declaración que la dictadura cubana regresaba a una “lista a la que pertenece” y recordó que el régimen cubano ha apoyado durante mucho tiempo actos de terrorismo internacional.
“Hacemos un llamado al régimen para que ponga fin a su apoyo al terrorismo y deje de proporcionar alimentos, vivienda y atención médica a asesinos, fabricantes de bombas y secuestradores extranjeros, mientras que los cubanos pasan hambre y carecen de acceso a medicinas básicas”, expresó Rubio en el comunicado.
Cuba no coopera con esfuerzos antiterroristas de EEUU
El secretario de Estado Marco Rubio determinó que el régimen cubano no cooperó con los esfuerzos antiterroristas de EEUU en el 2024, por lo cual fue certificado en 2025 como “país que no coopera plenamente”, lo cual implica la prohibición de la venta o la concesión de licencias para la exportación de artículos y servicios de defensa a Cuba.
De acuerdo con el Departamento de Estado, hasta el 2024 al menos 11 fugitivos de Cortes estadounidenses se encontraban en Cuba, incluidos varios que enfrentan cargos por terrorismo, y el régimen cubano dejó claro que no estaba dispuesto a discutir el retorno para enfrentar la justicia en los Estados Unidos.
Sanciones a Díaz-Canel y su círculo más cercano
En el cuarto aniversario de las protestas del 11 de Julio en Cuba, Estados Unidos anunció que por su “papel en la brutalidad del régimen hacia el pueblo cubano” restringía las visas a funcionarios clave dentro de la dictadura y sus allegados, entre ellos el designado gobernante Miguel Díaz-Canel, además de Álvaro López Miera y Lázaro Álvarez Casas, ministros de las Fuerzas Armadas y del Interior, respectivamente.
El Departamento de Estado agregó el hotel “Torre K” a la Lista Restringida de Cuba, para evitar que dólares estadounidenses financien la represión del régimen cubano. “Mientras el pueblo cubano sufre escasez de alimentos, agua, medicinas y electricidad, el régimen derrocha dinero en sus allegados”, escribió entonces el secretario Rubio.
Activación del Título III de la Ley Helms-Burton
Días antes de abandonar la Casa Blanca, el presidente Joe Biden suspendió el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite a compañías estadounidenses interponer demandas en Cortes a entidades que hagan negocios con empresas cubanas en propiedades confiscadas por el régimen en Cuba.
En sus primeros días, la Administración Trump revirtió esa medida y reactivó el Título III. En la actualidad, al menos 11 demandas están activas en Cortes bajo este estipulado, entre las cuales destaca Havana Docks vs. Carnival Cruise Lines, que pide una indemnización millonaria por el uso del puerto de La Habana por cruceros durante la apertura de Obama.
Memorando presidencial para fortalecer política hacia Cuba
A mediados de 2025, el presidente Donald Trump firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional para fortalecer la política de Estados Unidos hacia Cuba, que revierte la mayor parte de las medidas adoptadas por la presidencia demócrata entre 2021 y 2025.
Como parte del Memorando, se ratifica la prohibición de las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por las fuerzas militares cubanas, como el grupo GAESA y sus afiliadas, además de prohibir legalmente el turismo estadounidense a Cuba.
El documento ordenó una revisión de los abusos a los Derechos Humanos en Cuba, donde se incluyen detenciones ilegales y tratos inhumanos, y pidió un informe sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que viven en la Isla o que son protegidos por el régimen cubano.