Sumario
- El informe identifica negligencia o negación de atención médica en al menos 80 casos, además de 21 muertes por desnutrición severa o inanición y 12 vinculadas a tuberculosis.
- Cubalex sostiene que el reporte es un subregistro y reclama investigaciones independientes, supervisión externa y reparación para las familias, en medio de un ciclo de impunidad y falta de respuestas.
Un informe de Cubalex documenta 115 muertes vinculadas a la reclusión en Cuba entre febrero de 2024 y junio de 2026 y alerta sobre un patrón de “externalización de la muerte”. La investigación incluye siete casos de presos excarcelados cuando su deterioro de salud ya era irreversible, que fallecieron horas o días después de ser liberados.
En declaraciones a Martí Noticias, Alain Espinosa, abogado de Cubalex, denunció que esta práctica busca eludir la responsabilidad estatal. “Consiste básicamente en excarcelar a la persona cuando ya está en una situación que es prácticamente irreversible para de esta manera desligarse o evitar la responsabilidad del Estado en esa muerte”, explicó.
Los siete casos forman parte del total de 115 fallecimientos y no se contabilizan como muertes adicionales. El informe sostiene que la salida formal de prisión no elimina las posibles responsabilidades por las acciones u omisiones ocurridas durante el encierro.
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Excarcelados para morir: Cubalex alerta sobre liberaciones de presos en estado irreversible
Negligencia médica y deterioro de la salud
La investigación identificó negligencia o negación de atención médica en al menos 80 casos, aproximadamente el 70 por ciento del total. Dentro de ese grupo, Cubalex documentó al menos 21 muertes atribuidas a desnutrición severa o inanición y 12 vinculadas a tuberculosis.
Espinosa destacó entre los problemas más graves “la negación de una atención médica oportuna que directamente agrava una situación de salud que ya tienen las personas privadas de libertad”.
El abogado mencionó los brotes de tuberculosis y la desnutrición por falta de alimentos con un aporte proteico y nutricional adecuado como ejemplos de las condiciones que afectan a los reclusos.
A su juicio, el valor de la investigación no se limita a las cifras. También permite examinar los factores que conducen a los fallecimientos y los problemas sistemáticos de omisión y negligencia que se repiten en los centros penitenciarios.
Violencia y responsabilidad de los funcionarios
Espinosa advirtió que el análisis de las muertes debe abarcar tanto la desatención sanitaria como la violencia dentro de las prisiones.
“Estas muertes no solamente ocurren por la negligencia en la atención médica adecuada”, señaló. Según denunció, también pueden estar relacionadas con agresiones ejecutadas directamente por funcionarios de orden interior o por otros internos.
El abogado explicó que esa violencia puede producirse por órdenes de agentes de la Seguridad del Estado o de funcionarios penitenciarios, o porque los responsables de los centros permiten intencionalmente que ocurra como mecanismo de castigo.
Sus declaraciones apuntan a la necesidad de esclarecer no solo quién ejecuta una agresión, sino también quién la ordena, la tolera o incumple su deber de impedirla.
Un registro que no recoge todos los casos
Espinosa insistió en que los fallecimientos documentados no representan necesariamente la totalidad de lo que ocurre en las cárceles cubanas.
“Como siempre este informe constituye un subregistro”, afirmó. “No son todos los casos que puedan ocurrir dentro de Cuba, con lo cual la magnitud de este problema es muchísimo mayor”.
La advertencia sitúa las cifras como un registro de los casos conocidos y documentados por la organización, sin asumir que reflejan toda la dimensión del problema.
Para el abogado, esa limitación hace aún más necesaria la realización de investigaciones completas e independientes que permitan esclarecer las circunstancias de cada muerte.
Impunidad y familias sin respuestas
Espinosa denunció que la falta de investigaciones y de mecanismos efectivos de rendición de cuentas perpetúa “ese ciclo de impunidad que impera en Cuba”.
Según explicó, no existen mecanismos que permitan exigir de manera efectiva la determinación de responsabilidades de los mandos militares y políticos por sus acciones u omisiones en estos fallecimientos.
Esa ausencia, sostuvo, obstaculiza “el derecho de las familias a conocer la verdad de las circunstancias en la que pudieron perder la vida sus seres queridos”.
Su reclamo coloca en el centro las preguntas que permanecen sin respuesta: qué ocurrió durante la reclusión, qué atención recibió cada persona y quién debía actuar para proteger su vida. En los casos de excarcelaciones en estado irreversible, la salida del penal tampoco resuelve esas interrogantes.