Se cumplen nueve años de aquel infausto hecho. Un albañil de unos cuarenta años hastiado de las golpizas y humillaciones de los carceleros retó al régimen castrista a que lo respetaran de una vez y por todas o moriría en una huelga de hambre.
Son las fisuras del entramado penitenciario de la isla. Orlando Zapata Tamayo (Santiago de Cuba, 15 de mayo de 1967 - La Habana, 23 de febrero de 2010) murió en aquella huelga. Las causas que lo llevaron a tal desenlace siguen intactas, a saber:
- falta de garantías procesales
- abusos de los carceleros contra los reos políticos y comunes
- intromisión de la Seguridad del Estado en diferentes mecanismos del Control Penal y Reeducación Penal -según establecen las Normas de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (Minint), estos centros están a cargo directamente de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios (DGEP).
En un breve resumen, así fueron los hechos:
Zapata Tamayo fue detenido arbitrariamente por la Seguridad del Estado luego de la llamada Primavera Negra de 2003. Aunque no estuvo incluido directamente en esa conocida causa contra disidentes cubanos, condenados desde unos meses de cárcel hasta la friolera de algo más de cuarenta años de privación de libertad, acumulados tras varias acusaciones de desacato, desobediencia y desorden público.
En diciembre de 2009, ante la desidia de las autoridades en la Prisión Provincial de Holguín por una brutal golpiza que recibiera semanas atrás de su arresto, decide plantarse en huelga de hambre y el día tres de ese mes, lo envían a la cárcel en Camagüey conocida como Kilo 8, Régimen Especial o "Se me perdió la llave".
Siete pasos para matar a Orlando Zapata Tamayo: http://t.co/WXHYdBblSu via @alambradas
— Lincoln Diaz-Balart (@LincolnDBalart) 23 de febrero de 2015
En el tramo de 86 días que duró su protesta de inanición, activistas de derechos humanos y sus propios familiares responsabilizaron directamente al entonces Teniente Coronel Julio César Bombino de negarle el agua por 18 días en la cárcel Kilo 8.
Zapata fue trasladado gravemente hacia La Habana el 16 de febrero, cuando ya su cuerpo no respondía a los intentos de los equipos médicos por salvarlo. El 23 de febrero, a media tarde, Zapata Tamayo falleció en la capital cubana.
“Un sistema disfuncional”
La definición viene de la autoría de la abogada cubana Laritza Diversent, Directora de la organización Cubalex, que se viera forzada a salir al exilio y ahora habla desde Estados Unidos. “El sistema de protección y defensa de los Derechos Humanos en Cuba es disfuncional para toda la sociedad, pero para las personas privadas de libertad es peor, porque están expuestas a represalias”.
Laritza Diversent Cambara, abogada cubana exiliada en Estados Unidos, directora del Centro Cubalex. (Foto cortesía de la entrevistada, Facebook).
Diversent apunta a un vacío entre el espacio que hay entre la ejecución de la sanción y la estadía en prisión. “Las prisiones deben de estar administradas por autoridades civiles, no militares, y en el país debe haber un sistema de denuncia de violaciones a los derechos humanos”.
El actual Reglamento del Sistema Penitenciario de Cuba, puesto en vigor el 1 de diciembre de 2016, es específico en los derechos de los "asegurados" sancionados, pero como se ilustra en ejemplos que se exponen más adelante, tales reglas son violadas bajo el halo de la impunidad.
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Familiares del reo fallecido Alexis Vázquez revisan su cuerpo al llegar a Santiago de Cuba
El Reglamento, en su Sección Tercera, referente al régimen disciplinario, establece las medidas de aislamiento como pena máxima. En el Artículo 138, sugiere “Internamiento en celda disciplinaria, con carácter excepcional, por un término de hasta 15 días a los hombres, y hasta de diez días a las mujeres, a los jóvenes y a los mayores de sesenta años”.
En ningún caso –aunque parezca obvio resaltarlo- aparecen los castigos corporales como medidas disciplinarias, sin embargo, a diario, por 60 años, han abundado las denuncias de golpizas, torturas y tratos crueles y degradantes prohibidos por diversos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos.
Para Diversent, que por una década estuvo ligada a la recepción de casos de violaciones en las cárceles cubanas, “el sistema no tiene recursos adecuados para tramitar denuncias contra las autoridades de los centros penitenciarios”.
Cuba y sus compromisos en relación a los derechos de los reclusos https://t.co/hbbwUHlbVR pic.twitter.com/1y50eByJhV
— Laritza Diversent (@jurisconsultocu) 8 de diciembre de 2016
La primera indefensión jurídica -como pasó con el caso de Zapata Tamayo y otra decena de reos que han muerto en huelgas de hambre- es que ese tipo de protesta es punible, así lo explica Diversent.
“Lo primero (se refiere a las autoridades) es considerar que la huelga de hambre es una indisciplina grave [que] conlleva aislamiento (…) porque supuestamente es una posición de fuerza contra el régimen establecido en el centro penitenciario”, dijo la abogada.
Tres ejemplos concretos
El miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Palma Soriano, Santiago de Cuba, Geordanis Muñoz, relató a Radio Martí cómo fue golpeado en la cárcel de Boniato por el oficial de la Seguridad del Estado, Dainier Suárez Pagán.
Pagán se sirvió de otros oficiales, quienes esposaron al disidente en una oficina de la prisión para propinarle una paliza. “Me esposaron a la espalda y me golpearon. Comienzan a amenazarme, a decirme lo que me iba a suceder, hasta que llegó el momento en que se les fue de control la situación y él [Pagán] me empieza a golpear”, asegura Muñoz.
Las otras golpizas ocurrieron el 13 y 21 de abril de 2017 en la prisión de Boniato, en la 5ta sección. “Para nadie es un secreto que hoy en Cuba todo está predicho por ellos (la Seguridad). Ellos son los que mandan”, concluye el opositor.
Geordanis Muñoz Guerrero, activista de UNPACU. Foto cortesía de GMG.
En junio de 2017, la señora Damaris Rodríguez, madre de la presa política Lisandra Rivera, denunció a esta publicación que su hija había recibido una golpiza en la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba.
La mujer se dirigió a la cárcel, donde por medio de algunos reos ella y sus familiares constataron que “le dieron una paliza, le rompieron los zapatos y los espejuelos y se la llevaron para una celda de castigo dándole golpes".
Daniel Alfaro Frías, de 53 años de edad y miembro del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), explicó a este redactor que en su encarcelamiento entre octubre de 2017 y octubre de 2018 en la cárcel Taco-Taco, de Pinar del Río, pudo presenciar un acto verdaderamente dantesco.
Un carcelero, acompañado de otros funcionarios de Orden Interior, golpeó a un recluso común identificado como El Chiqui: "Le fueron arriba, con las esposas le rompieron la cara, la boca, le tumbaron un diente. El oficial conocido por El Bolo fue el primero que le fue arriba delante de otros oficiales de alto rango”, denunció Alfaro.
Vacío legal, testigos incómodos
El impacto en la credibilidad del régimen cubano por la muerte de Zapata Tamayo solo había tenido un precedente parecido, precisamente siete años atrás, cuando fueron condenados a altísimas penas los disidentes que integraron la Causa de los 75.
A la muerte del opositor Zapata Tamayo reaccionaron en condenas contra el gobierno de Raúl Castro la Unión Europea, Estados Unidos, la organización Reporteros Sin Fronteras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otros.
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Abogada Laritza Diversent sobre el debido proceso en Cuba
Además del Tte. Coronel Bombino, dos oficiales han sido acusados directamente por defensores de derechos humanos del desenlace fatal de Zapata Tamayo y la represión posterior contra su humilde familia en la localidad de Banes, provincia Holguín.
El entonces Tte. Coronel Roilán Cruz Oliva -en 2010 a cargo de la Sección 21 (Enfrentamiento al enemigo) en la provincia- y según activistas interrogados por él, se jactó varias veces de haber propuesto el traslado del huelguista desde la Prisión Provincial de Holguín a la cárcel Kilo 8 en Camagüey.
Oficial de la Seguridad del Estado Douglas Torres, en un acto de repudio a la familia de orlando Zapata Tamayo en Banes, Holguín (CIRCA, 2010). Foto cedida a la periodista Idolidia Darias.
Douglas Torres -en aquel año Mayor de la Seguridad del Estado- apareció por varios meses cada domingo al frente de militares y civiles de las Brigadas de Respuesta Rápida que repudiaban a la familia Zapata Tamayo y los opositores que intentaban llegar a Banes como un acto de peregrinaje.
La familia del opositor fallecido se tornó en el principal acusador contra el régimen por las golpizas que le propinaron a éste, las amenzas y la muerte final que encontró al plantarse como acto de rebeldía por los atropellos que sufría.
Reina Luisa Tamayo (C), mother of Cuban political prisoner Orlando Zapata Tamayo
La presión sicológica, las golpizas y el hostigamiento subieron a tal punto, que un año después del suceso, Reina Loina Tamayo Danger -madre del mártir- y su más cercano núcleo familiar, solicitaron y recibieron asilo político, y llegaron a Estados Unidos el 9 de junio de 2011.
En septiembre de 2018, Douglas Torres, que ostentaba ya el grado de Tte. Coronel, fue encontrado culpable de un acto de corrupción, según denunció opositor Déxter Pérez, residente en Holguín. Radio Televisión Martí contactó telefónicamente al represor Torres, quien reconoció haber sido castigado, pero se negó a ofrecer declaraciones.