Sumario
- La relación de Cuba con la OEA ha pasado de ser miembro fundador en 1948 a su expulsión en 1962, múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos y tensiones recientes por pronunciamientos de la Secretaría General.
- La CIDH ha emitido numerosos informes desde 1962 documentando represión, ejecuciones extrajudiciales, torturas, trabajos forzados, falta de debido proceso y persecución por motivos políticos en Cuba.
- En 2009 se revocó la expulsión de Cuba, pero el régimen no se reincorporó; en 2026 la OEA reiteró su exigencia de liberar presos políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, mientras La Habana sigue rechazando la autoridad del organismo.
La relación del régimen de Cuba desde 1959 con la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad de la que Cuba fue miembro fundador en 1948, ha transitado desde la expulsión del gobierno cubano en 1962, la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, la revocación del voto de expulsión en el 2009, y en los últimos tiempos, la creciente tensión, sobre todo, por las denuncias sobre la situación en la Isla, realizadas por Luis Almagro, quien fuera Secretario General de la OEA entre el 2015 y el 2025, y la continua presencia, en las sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA (CIDH) de las víctimas de la represión en Cuba.
El 31 de enero de 1962, el gobierno comunista de Cuba fue expulsado de la Organización de Estados Americanos a través de la Resolución VI que expresaba que la adhesión de cualquier país miembro a la ideología marxista leninista lo hacía incompatible con el sistema interamericano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de la expulsión en 1962 del gobierno cubano, realizó tres informes sobre la situación en la Isla y específicamente de los prisioneros políticos cubanos durante la década del sesenta.
El primer reporte, publicado en marzo de 1962, documentó la suspensión de garantías constitucionales, de la libertad de prensa, del debido proceso en los tribunales y la aplicación de la pena de muerte sin garantías procesales.
El segundo, publicado en mayo de 1963, se centró en la situación de los prisioneros políticos, el hacinamiento y los fusilamientos a raíz de la invasión de Bahía de Cochinos.
El tercero, publicado en abril de 1967, documentó la situación de los prisioneros políticos, los trabajos forzados, las torturas, las golpizas y las ejecuciones extrajudiciales y la extracción forzosa de sangre a los prisioneros que iban a ser fusilados.
La represión en Cuba se ha mantenido durante más de seis décadas
La CIDH realizó un informe sobre la situación de los prisioneros políticos y sus familiares en mayo de 1970; otro reporte en 1976 donde se cubrió las ejecuciones extrajudiciales, la ausencia de atención médica en las prisiones, y la falta de derechos procesales y un sexto informe sobre la situación general en la Isla, publicado en diciembre de 1979, donde se denunciaba las represalias contra la libertad de expresión y los intentos de salir del país de ciudadanos cubanos, con penas desproporcionadas que mantenían a cientos de personas encarceladas por ese motivo.
En octubre de 1983, un séptimo informe evaluaba el efecto del modelo político y económico cubano y su impacto en las libertades individuales y los derechos civiles fundamentales.
Existen informes de casos específicos realizados por la CIDH con referencia al hundimiento del Remolcador 13 de Marzo, publicado en 1996; y en el derribo de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate, publicado en 1999.
En junio del 2009, y mediante un voto en la Asamblea General de la OEA celebrada en San Pedro de Sula, Honduras, por iniciativa de la administración de Barack Obama, se revocó la decisión de excluir al régimen de La Habana del organismo regional, aunque el castrismo decidió no reincorporarse activamente por los requerimientos de cambios democráticos que se pedían en aquellos momentos.
Este pasado martes 23 de junio de 2026, la Secretaría General de la OEA, durante la Asamblea General celebrada en Panamá, emitió una declaración exigiendo la libertad de todos los prisioneros políticos en Cuba, Venezuela y Nicaragua y la necesidad de restaurar la democracia en esos países para que sean compatibles con el sistema interamericano.
“La Secretaría General expresa además su preocupación por la situación de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Como ha señalado anteriormente, la Secretaría General considera que la detención continuada de personas por motivos políticos es incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano. En las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia. En este sentido, la Secretaría General de la OEA reitera su llamado urgente a la liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, de conformidad con las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos”, afirma el documento.
El régimen de La Habana, durante más de sesenta años ha hecho caso omiso a las denuncias y peticiones de medidas cautelares realizadas por la CIDH al Estado cubano. El régimen ha considerado nula la autoridad moral de la OEA y la ha calificado durante todos estos años como un instrumento de la política de Estados Unidos.
La postura de no aceptar las denuncias de las víctimas de la represión en Cuba, sin embargo, no impide que la CIDH como cuerpo de monitoreo de los derechos humanos en la región, tenga jurisdicción sobre lo que ocurre en la nación cubana, porque el Estado cubano sigue siendo parte del sistema interamericano.