Sumario
- El gobierno cubano permite por primera vez que particulares importen y comercialicen combustible con precios flotantes.
- Analistas como Roberto Díaz Vázquez ven la medida como una necesidad urgente para garantizar transporte y logística, aunque advierten un impacto inicial negativo en el costo para los ciudadanos.
En un giro pragmático forzado por la crisis energética, el régimen cubano ha comenzado a abrir fisuras en su histórico monopolio sobre el combustible. La posibilidad de que particulares importen carburantes y los comercialicen bajo tasas flotantes ha generado un debate sobre si estamos ante una transformación estructural o simplemente una "medida de fuerza" para evitar el colapso logístico.
Para Roberto Díaz Vázquez, presidente del Centro de Análisis de la Fundación Logos, el endurecimiento de las sanciones externas ha estrangulado la entrada de insumos, obligando al Estado a un "cambio de mentalidad" nacido de la urgencia.
Según el analista, la importación privada no es ya una opción ideológica, sino una necesidad imperiosa para garantizar la movilidad básica y el traslado de alimentos para la población.
En este sentido, sostiene que permitir que el sector privado gestione el combustible mediante una tasa flotante podría, a largo plazo y por lógica de mercado, abaratar los costos de transporte y logística, siempre que aumente el número de actores en el sector. Sin embargo, advierte que el impacto inicial es "proporcionalmente negativo" para el bolsillo del pasajero común.
Díaz Vázquez recalca que estas reformas, aunque significativas, no representan un "viraje radical".
“Estas son medidas de fuerza, pero no son para nada medidas que pueden hacer un viraje radical en la percepción que se tiene sobre la economía privada en Cuba. ¿Por qué no? porque hace falta cambiar otras muchas cosas desde el aparato político”, puntualizó.
Por su parte, el analista Boris González Arenas ponen el foco en la contradicción que supone para un Estado de planificación centralizada aceptar que un recurso tan estratégico como la gasolina se rija por las leyes de la oferta y la demanda:
“Cuando uno dice que el Estado cubano va a aceptar que la gasolina se venda según los costos de operación y que el precio fluctúe según esos costos, a primera vista es algo bueno, porque lo que históricamente hemos tenido es que el Estado cubano monopoliza los mercados y pone precios fijos, pero, para que las fluctuaciones no lo afecten, o, como es monopolista, también para obtener los mayores beneficios, los márgenes de ganancia que ponen son extraordinarios a costa del consumidor, o sea, a costa del ciudadano”.
“Cualquier cubano puede recordar que en los 90 y las dos primeras décadas de los 2000 se hablaba de un 250 o 300% del valor del producto. A ese precio lo vendió el Estado cubano y por supuesto que a Fidel Castro y a sus descendientes ideológicos les importaba poco la fluctuación del mercado internacional porque estamos hablando de márgenes de ganancias extraordinarios”, recalcó González Arenas.
En esto radica el escepticismo de un grupo, en si el gobierno permitirá realmente que el mercado dicte los precios o si intervendrá en cuanto las tensiones sociales por el costo de la vida aumenten.
“Lo que habría que ver es cuáles son los impuestos que el Estado cubano va a poner sobre esas operaciones porque ese margen de ganancia puede fluctuar, pero también lógicamente puede, según todos los entorpecimientos fiscales que el Estado cubano ponga, puede ser tan alto el margen de ganancia que prácticamente vuelva inaccesible el costo de la gasolina”, indicó.
Cuba se encuentra en una encrucijada: delegar en el sector privado la solución a una crisis que el Estado no puede resolver, o mantener el control político a riesgo de una parálisis total del transporte nacional.