Alan Gross, el contratista estadounidense preso en Cuba desde 2009, y su esposa Judy, presentaron una demanda contra EE. UU. y la empresa que lo contrató, por no haberle advertido de los riesgos de viajar a Cuba o protegido adecuadamente.
El Gobierno de Estados Unidos y la compañía con sede en Maryland que contrató a Alan Gross, preso en Cuba desde 2009 y condenado a 15 años de prisión por delitos contra el Estado, están pidiendo a un juez que desestime la demanda por $60 millones presentada por los abogados de la familia Gross.
El pasado mes de noviembre se presentó la demanda alegando que antes de enviar a Gross a La Habana, debieron informarlo mejor de los riesgos que implicaba viajar a Cuba y que tanto la empresa que lo contrató, Development Alternatives Inc. (DAI), como el Gobierno de Estados Unidos "ignoraron las repetidas preocupaciones del señor Gross".
Los abogados de DAI presentaron los documentos en la corte federal en Washington y pidieron al juez que desestimara la demanda, y explicaron que la misma podría socavar los esfuerzos del Gobierno estadounidense para negociar la liberación de Gross.
La empresa con base en Maryland argumenta que "la elaboración del expediente en este caso podría crear un riesgo significativo para la seguridad nacional del Gobierno de EE. UU., la política exterior y los intereses de los derechos humanos".
Por otra parte, el Gobierno estadounidense, que había subcontratado a DAI, también pidió el martes que el caso sea desestimado, alegando que el gobierno no puede ser demandado en los Estados Unidos por lesiones que un ciudadano estadounidense sufra en un país extranjero.
Gross, de 63 años, fue arrestado en diciembre de 2009 mientras hacía su quinto viaje a Cuba contratado por la empresa DAI, como parte de un proyecto financiado por la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), que buscaba aumentar la disponibilidad de acceso a internet en el país, sobre todo a la pequeña comunidad judía de la isla.
USAID es vista en Cuba como un enemigo por su propósito de tratar de promover el cambio democrático en la isla.
El pasado mes de noviembre se presentó la demanda alegando que antes de enviar a Gross a La Habana, debieron informarlo mejor de los riesgos que implicaba viajar a Cuba y que tanto la empresa que lo contrató, Development Alternatives Inc. (DAI), como el Gobierno de Estados Unidos "ignoraron las repetidas preocupaciones del señor Gross".
Los abogados de DAI presentaron los documentos en la corte federal en Washington y pidieron al juez que desestimara la demanda, y explicaron que la misma podría socavar los esfuerzos del Gobierno estadounidense para negociar la liberación de Gross.
La empresa con base en Maryland argumenta que "la elaboración del expediente en este caso podría crear un riesgo significativo para la seguridad nacional del Gobierno de EE. UU., la política exterior y los intereses de los derechos humanos".
Por otra parte, el Gobierno estadounidense, que había subcontratado a DAI, también pidió el martes que el caso sea desestimado, alegando que el gobierno no puede ser demandado en los Estados Unidos por lesiones que un ciudadano estadounidense sufra en un país extranjero.
Gross, de 63 años, fue arrestado en diciembre de 2009 mientras hacía su quinto viaje a Cuba contratado por la empresa DAI, como parte de un proyecto financiado por la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), que buscaba aumentar la disponibilidad de acceso a internet en el país, sobre todo a la pequeña comunidad judía de la isla.
USAID es vista en Cuba como un enemigo por su propósito de tratar de promover el cambio democrático en la isla.