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- Una corte federal de apelaciones de EEUU falló contra Bacardí en la disputa por la marca de ron Havana Club.
Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos falló el martes contra Bacardí en una larga disputa por los derechos de la marca de ron Havana Club en el mercado estadounidense.
El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond, Virginia, confirmó una decisión previa que validó la renovación del registro federal de la marca Havana Club a favor de Cubaexport, una empresa estatal del régimen cubano, según el documento citado por la agencia Reuters.
La compañía sostiene que el La Habana confiscó ilegalmente el nombre y los activos de Havana Club a José Arechabala S.A. en 1960. Bacardí compró posteriormente los derechos remanentes de esa marca y comenzó a vender ron Havana Club en Estados Unidos en 1995.
Cubaexport registró la marca Havana Club en Estados Unidos en 1976 y la renovó en 1986 y 1996. Sin embargo, su intento de renovación en 2005 quedó bloqueado porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, conocida como OFAC, se negó inicialmente a emitir una licencia necesaria debido al embargo a Cuba.
La situación cambió en 2016, durante los últimos meses del gobierno de Barack Obama, cuando OFAC emitió una licencia que autorizó retroactivamente el pago hecho por Cubaexport en 2005. Con base en esa autorización, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos aprobó la renovación del registro.
Bacardí demandó a la oficina de marcas en 2021, alegando que el registro de Cubaexport debió expirar en 2006. Pero el panel de tres jueces del Cuarto Circuito concluyó que la licencia de OFAC eliminó el obstáculo legal que había impedido considerar válido el pago de 2005.
“La licencia de OFAC despejó la niebla, removiendo el obstáculo legal que había impedido que la transferencia de 2005 contara como pago”, dijo la corte en su opinión. “Lo que parecía incompleto en 2006 era, para 2016, oportuno y efectivo”.
El juez Julius N. Richardson escribió la opinión, a la que se sumaron los jueces Paul V. Niemeyer y Allison Jones Rushing. El tribunal sostuvo que la Oficina de Patentes y Marcas actuó dentro de su autoridad legal y explicó razonablemente su decisión.