Sumario
- La sentencia sostiene que los acusados grabaron videos y difundieron contenidos en redes sociales a favor de Cuba Primero, grupo que la Fiscalía calificó como organización con “fines terroristas”.
En un fallo que pone al descubierto graves violaciones al debido proceso y al principio de legalidad, el régimen cubano impuso penas de hasta ocho años de prisión a ocho activistas residentes en Las Tunas.
La sentencia los condena por el supuesto delito de “propaganda contra el orden constitucional” debido a su vinculación con la organización opositora Cuba Primero, con sede en Miami.
Los sancionados son Guillermo Carralero López, condenado a ocho años de privación de libertad, mientras que Javier Reyes Peña, Maikel Hill Ramírez, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis, Enrique González Infante, Pedro Carlos Camacho Ochoa y Adisbel Mendoza Barroso recibieron condenas de siete años de cárcel.
El tribunal fundamentó la sentencia argumentando que los opositores grabaron videos y publicaron contenidos en redes sociales a favor de Cuba Primero, calificada por la Fiscalía y los jueces como un grupo con “fines terroristas” orientado a desestabilizar el sistema político.
El punto central de la arbitrariedad jurídica radica en la cronología de las detenciones respecto a la calificación del grupo opositor. Las autoridades encarcelaron a los activistas mucho antes de que el régimen cubano incluyera oficialmente a Cuba Primero en su lista de entidades terroristas.
En conversación con Martí Noticias Amalia Ochoa Moro, la madre de Pedro Carlos Camacho Ochoa, denunció la falta de sustento probatorio y la manipulación del proceso penal.
“A mi hijo se lo llevan el 3 de abril de ese mismo año. En su expediente no hay ninguna prueba acusatoria, ni proclamas, ni críticas en Facebook, ni daños a entidades. Solo la afiliación a un grupo determinado. Posterior a que mi hijo llevara un año en prisión, en julio de 2025, el gobierno decide poner a Cuba Primero en la lista de terrorismo. ¿Qué tiene que ver él con una decisión que tomó el gobierno un año después de que ya estaba preso?”, comentó.
El joven, de 28 años, cursaba el duodécimo grado al momento de su arresto y tuvo que graduarse dentro de la prisión tras ser retirado intempestivamente de su entorno escolar.
Por su parte, Adisbel Mendoza Barroso, de 40 años, tiene una medida cautelar de libertad bajo fianza hasta que la sentencia se haga firme.
“En lugar de condenarme, las autoridades deberían indemnizarme por la tremenda injusticia y arbitrariedad de este proceso. Cuba Primero no es más que una organización que busca la democracia en Cuba”.
Otro de los sancionados, Carlos Alberto McDonald Ennis, también en libertad bajo fianza mientras no se declare la ejecución del fallo, está enfermo de un tumor maxilar cancerígeno para el cual acaba de iniciar un tratamiento luego de un año de detectado cuando aún estaba encarcelado en "El Típico", de las Tunas.
El enjuiciamiento de estos ocho tuneros bajo la premisa de pertenecer a un grupo “terrorista” vulnera principios fundamentales del derecho internacional y de la propia doctrina penal:
Al aplicar una tipificación fijada tiempo después del encarcelamiento de los jóvenes, el sistema judicial cubano deja en evidencia el uso del aparato legal como una herramienta de persecución política, dejando a los imputados en un estado total de indefensión.
La resolución notifica a las partes que disponen de un plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de casación ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo Popular.
Al menos 30 personas han sido procesadas penalmente o sancionadas en Cuba por sus vínculos con la organización opositora Cuba Primero.