Comisión Interamericana exige atención médica y seguridad para exasesor de Ortega

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas de protección a favor de Bayardo Arce Castaño y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentran en “una situación de gravedad y urgencia” y sus derechos a la vida, integridad personal y salud “enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua”, según un comunicado emitido el lunes por ese organismo de la OEA.

Arce, exasesor económico de Daniel Ortega, fue detenido a finales de julio de 2025 y condenado en enero pasado a una pena no precisada por el delito de "lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado".

Según la acusación, el exguerrillero sandinista orquestó un "esquema estructurado" para la utilización de "fondos de origen ilícito" por casi 3.000 millones de dólares a través de la evasión de impuestos mediante el uso de sociedades mercantiles y cuentas bancarias.

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Tras su detención, fue sometido a un régimen de aislamiento y sus familiares pidieron una fe de vida al régimen de Nicaragua, misma que llegó el pasado 22 de marzo, cuando se le permitió reunirse con su hermano Gerardo Arce Castaño, tras lo cual el régimen nicaragüense publicó una serie de fotografías en la que se veía visiblemente desmejorado en su condición física.

Arce y Daniel Ortega fueron compañeros de lucha contra el dictador Anastasio Somoza, derrocado en 1979 con el triunfo de la revolución popular sandinista. Ahora, Ortega y su mujer Rosario Murillo lo encarcelaron en medio de lo que el régimen denomina una campaña de cero tolerancia a la corrupción.

Sin embargo, opositores exiliados al régimen consideran que el caso de Arce forma parte de una purga en los círculos de poder del régimen dirigida por Murillo con el aval de Ortega, su esposo, para asegurar la sucesión.

El caso de Arce recuerda al del propio hermano de Daniel Ortega, Humberto, quien fue recluido en régimen de casa por cárcel, en Managua, y murió en 2024 bajo la custodia del régimen, en medio de señalamientos de no permitírsele atención médica especializada.

El excomandante sandinista Bayardo Arce junto al fallecido dictador cubano Fidel Castro.

Con este antecedente reciente, los familiares de Arce acudieron a la CIDH, que tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en esta materia.

En este sentido, la CIDH solicitó a Nicaragua que adopte las "medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud" de Arce, de 77 años, ya que consideró que tanto el reo como sus familiares cercanos se encuentran en una "situación de gravedad".

Citando las alegaciones presentadas por los representantes del exaliado de Ortega, el organismo señaló que se encuentra aislado y sin atención médica para sus "padecimientos crónicos".

“La CIDH consideró que el beneficiario se encuentra en una situación de riesgo y podría estar expuesto a una mayor afectación de sus derechos, dada su condición de persona mayor y privada de libertad. En particular, al estar recluido en aislamiento, sin acceso a atención médica respecto de sus condiciones de salud, sin información sobre su estado actual, en condiciones de detención inadecuadas y con contacto limitado con sus familiares”, señaló el organismo en un comunicado.

Por tal razón, la Comisión ordenó “realizar de manera inmediata una valoración médica integral sobre el estado de salud del beneficiario, se garantice atención adecuada básica y especializada y se permita el acceso oportuno a los medicamentos necesarios, concertando las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes”.

Asimismo, la CIDH identificó un “patrón de persecución” en contra de los familiares de Arce, al considerar que “después de su detención, su núcleo familiar estaría siendo objeto de vigilancia, intimidaciones y actos de persecución por parte de agentes estatales”. Por tal razón, solicitó al régimen de Nicaragua “tomar las medidas necesarias para garantizar que su núcleo familiar no sea objeto de vigilancias, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia”.

A lo largo del proceso abierto por la Comisión, el Estado de Nicaragua podía haber presentado alegaciones en su defensa, pero optó por no responder a los señalamientos o proporcionar información a la CIDH, señaló el organismo en su comunicado.

Finalmente, la CIDH aclaró que “el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado de Nicaragua no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano, en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables”.